Las protestas de los transportistas no han servido de nada. Desde este lunes los camiones tienen pagar un canon a su paso por la N-1 y la A-15 en Gipuzkoa. El próximo día 25 será Bizkaia la que ponga en marcha esta tasa para los vehículos pesados que circulen por cinco tramos de carreteras de Bizkaia.
Bizkaia se estrena en la implantación de este canon, con el que pretende disuadir a los camiones para que no usen las vías secundarias y circulen por las autopista o la Supersur, pero para Gipuzkoa es ya el tercer intento, después de que dos normas anteriores fueran tumbadas por los tribunales, que las consideraron discriminatorias para los camiones que atravesaban Gipuzkoa desde otras comunidades autónomas. De hecho, la Diputación de Gipuzkoa puede enfrentarse a tener que pagar indemnizaciones millonarias por unas 1.065 reclamaciones interpuestas en vía judicial por cobros indebidos de estos peajes entre los años 2018 y 2021 en base a normas forales que fueron anuladas por los tribunales. La primera sentencia dictada por el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Donostia ha dado la razón a tres transportistas que reclamaron la devolución del dinero que pagaron por los peajes de la N-1 y la A-15, que fueron anulados por los tribunales, y obliga a la institución foral a abonarles una indemnización que suma 13.919 euros (11.759,44, 1.108,65 y 1.050,96, respectivamente para cada uno de los tres demandantes).
La tercera norna foral que sirve de paraguas para el cobro de peajes que ha entrado este lunes en vigor también ha sido recurrida los transportistas, por lo que asociaciones como Fenadismer habían pedido a la Diputación Foral de Gipuzkoa que “por prudencia se abstenga de poner en marcha la nueva norma” hasta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se pronuncies sobre el nuevo recurso. Pero la petición no ha sido atendida.
Desde la diputación destacan que la entrada en vigor del nuevo peaje supone que se despliega en su totalidad el nuevo plan de descuentos. Los camiones y grúas con motores eficientes se beneficiarán de descuentos que van desde el 15% al 25% sobre la tarifa, dependiendo de la tipología del motor. A esta rebaja se le sumará en octubre el descuento por frecuencia, que contempla descuentos de hasta un 13%.
Sin embargo, estos descuentos no son suficientes para los transportistas, que consideran “inaceptable” el “abuso de poder” de Diputación y recuerdan que la medida afecta a más de 10.000 camiones que cada día transitan por N-1 y A-15.
A través de un comunicado, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que representa a las mayores empresas de transporte internacional de mercancías por carretera de España, ha rechazado “frontalmente” los peajes para vehículos de de más de 3,5 Tn y han recordado que se trata de un “tránsito obligado” hacia el resto de Europa.
Para ASTIC, “es inaceptable el abuso de poder” del Gobierno foral de Gipuzkoa que, “en lugar de cumplir lo que dictan las sentencias judiciales y devolver a los transportistas lo cobrado ilegalmente durante casi cuatro años mediante el anterior sistema de peajes, decide ahora diseñar una nueva normativa foral -y ya van tres- para continuar recaudando dinero a la espera de que el TSJPV se pronuncie en las próximas semanas sobre el recurso contencioso administrativo interpuesto contra esta nueva norma por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), del que forma parte ASTIC”.
En esa línea, ha recordado que, a pesar del dictamen de los tribunales en favor de los transportistas, la Diputación, que paralizó el cobro de estos peajes en octubre de 2021, “se ha negado a devolverles voluntariamente este dinero cobrado de forma ilegal, obligando así a estos profesionales a reclamarlo judicialmente lo que, desde luego, no facilita las cosas”. “Estos peajes perjudican directamente al sector de nuestro transporte internacional de mercancías por carretera, lo que equivale a decir que tendrá efectos negativos para la competitividad de la economía de España, un país donde el 95% de los bienes se transporta en camión y el 75% de las exportaciones a Europa se realiza por carretera”, ha subrayado.
Por ello, han recordado que este nuevo canon “también afecta, indirectamente, al tejido empresarial de otros muchos sectores y, en última instancia, a los propios ciudadanos ya que el precio de nuestros productos podría encarecerse”.
Durante los tres primeros años de vigencia, el coste de este tercer modelo de peajes en Gipuzkoa será de 0,22 euros por kilómetro para los camiones de entre 3,5 y 12 toneladas y de 0,28 euros para los más pesados.
Según ha destacado los transportistas, se trata de “tasas muy por encima de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto de España, situada en 0,19 euros”. Este sistema se aplicará mediante siete pórticos de control y 108 banderolas de paso, instalados en cada entrada y salida de la N-1 (a lo largo de 49 km) y la A-15 (en un tramo de 28 km), que realizarán la identificación de matrículas y cobro.
1.500 euros mensuales de sobrecoste
De igual forma, desde Fenadismer han criticado que la nueva regulación incrementa sustancialmente los kilómetros sometidos a cobro del peaje, “pasando de apenas 20 kilómetros a casi 80 (49 kms de la N-1 y 28 kms de la A-15). Además consideran que supone ”un incremento brutal y desproporcionado del importe del peaje, llegando a triplicar lo que se cobraba anteriormente, pasando a un peaje por trayecto recorrido de hasta 14,80 euros frente a los 5,94 euros anteriores, con el agravante además que tanto la N-1 como la A-15, sobre las que se aplicará el nuevo canon, no se tratan de vías asimilables al de autopistas de alta capacidad en cuanto a su diseño y trazado, sino en el caso de la N-1 se trata de una simple carretera nacional desdoblada“. Ello supondrá, según las primeras estimaciones que han realizado, ”que en función del recorrido a realizar, algunos transportistas tengan que soportar hasta 1.500 euros mensuales por los nuevos peajes, lo que en la práctica obligará a muchos pequeños transportistas a tener que abandonar la actividad por la imposibilidad de asumir dicha carga confiscatoria“.
Por su parte desde Hiru, han destacado que la Diputación “sigue empeñada en mantener el disparate y vuelve a castigar con el peaje a los transportistas. El definitiva, el transportista deberá repercutir este nuevo gasto a sus clientes, y el consumidor será quien pague en ultima instancia. Pero, de momento, las dificultades son para el transportista que de momento asume ese gasto. Los que no sean capaces de pasarle al cliente, no podrán ni arrancar. La Diputación en lugar de apoyar sigue apretando al sector”, han lamentado.
Peajes desde desde el 25 en Bizkaia
Por otra parte, la Diputación Foral de Bizkaia ha comunicado este lunes que el pago por uso para transportes pesados será efectivo desde el 25 de enero de 2023 en la N-240 y la BI-625, tras la aprobación de la cuantía del canon por parte del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia. En ambas vías se ha optado por establecer un “canon inferior al máximo permitido por Europa” según ha comunicado la institución foral, que ha puesto en valor “los descuentos, tanto por frecuencia de uso como para los vehículos más eficientes”. Los tramos afectados son la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta el Haya; la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea; la N-636 desde Durango a Gipuzkoa (Kanpazar); el corredor del Txorierri (la BI-30 o antigua N-637), entre Erletxes y Rontegi; y la BI-625, desde Llodio (Álava) hasta Basauri. La totalidad de estos tramos suman 101,7 kilómetros.
Bizkaia tenía previsto que la medida entrara en vigor el 1 de enero pero decidió retrasarlo para asegurarse de que “todo el sector tiene un gran conocimiento del sistema” y de los descuentos que se pueden aplicar.
Los transportistas han sido muy críticos con este nuevo canon en Bizkaia, que aseguran que les supondrá una media de gasto de entre 700 y 1.000 euros al mes, por lo que ya han advertido de que “ese sobrecoste lo acabarán pagando los ciudadanos”. El sindicato Hiru cree que se trata de una medida “discriminatoria e insuficiete”, más que nada “dirigida a hacer propaganda y contentar a las grandes flotas del sector”. En su opinión, los peajes “son discriminatorios e insuficientes por una parte, porque dejan fuera a los profesionales que hacen transporte ligero, no considerados transportistas por la Diputación foral”, y por otra, porque “la cantidad presupuestada por el departamento de Promoción Económica para las subvenciones no alcanzará ni al 10% de los transportistas de Bizkaia”. En este sentido, recuerdan que han destinado un millón de euros para “mejorar la seguridad, competitividad, digitalización y sostenibilidad del sector” que no “llegará para muchos teniendo en cuenta que cada solicitante puede recibir un máximo de 20.000 euros, 4.000 euros por vehículo. Calculamos que como mucho podrán acceder a la ayuda unos 500 transportistas de los 5.000 que cuenta el sector en Bizkaia”.