El Gobierno central da un portazo a la desanexión de Usansolo porque “no cumple la ley”

El Gobierno central ha dado un sonoro portazo a la pretensión de Usansolo de separarse de Galdakao y que se aprobó en referéndum por el 80% de los vecinos. Hoy por hoy no cumple la legislación estatal que fija en un mínimo de 5.000 la población necesaria para poder constituirse en municipio independiente, y así lo ha puesto de manifiesto la ministra la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El PNV ha llevado esta cuestión al pleno del Congreso de los Diputados de la mano del diputado Mikel Legarda, en cierto modo conocedor de cuál sería la respuesta. De hecho, los nacionalistas han señalado ya en reiteradas ocasiones que Usansolo no cumple la legislación estatal vigente y los concejales de esta formación se abstuvieron en el pleno de Galdakao que aprobó la consulta popular para poner en marcha la desanexión.

La ministra ha recordado en el Congreso que la desanexión de este municipio no cumple la ley, aunque ha animado al PNV a contribuir al diálogo promoviendo el cambio de las normas. El jeltzale Mikel Legarda ha recordado que los ciudadanos de Usansolo ya han votado en tres ocasiones a favor de esta escisión del municipio de Galdakao, y ha señalado que las Juntas Generales de Bizkaia modificaron la normativa territorial sobre demarcaciones municipales requiriendo para un nuevo municipio núcleos de población territorialmente separados, recursos suficientes y que superen los 2.500 habitantes. Sin embargo, la Ley estatal apunta a un núcleo de población superior a 5.000 habitantes, una población que no se estima que pueda alcanzar Usansolo hasta 2033, según ha señalado Legarda. Actualmente tiene algo más de 4.500.

Ante esta situación el PNV preguntaba a la ministra si el Ejecutivo de Pedro Sánchez será un “obstáculo” a la demanda de la ciudadanía de Usansolo, recurriendo a los tribunales o “respetará la voluntad de la norma foral de Bizkaia”. Unas normas que, según ha recordado, no han sido recurridas. Isabel Rodríguez ha defendido que el Gobierno “no puede respaldar” la desanexión porque el núcleo urbano de Usansolo no cumple los requisitos de habitantes para constituirse como nuevo municipio. La ministra ha usado incluso unas declaraciones del concejal del PNV en Galdakao en las que pedía que no se generaran “falsas expectativas” sobre la desanexión. “Al margen de nuestras consideraciones, la posición del Gobierno no puede ser otra que la marca la ley”, ha señalado, y ha reiterado que la voluntad de diálogo del Gobierno es “infinita”, con un solo límite, “el cumplimiento de la ley”. En este sentido, ha animado a contribuir a los cambios de las normas en la sede legislativa.

EH Bildu acusa al PNV de “buscar excusas”

Para EH Bildu, la pregunta planteada por el PNV en el Congreso no es más que una forma de buscar “excusas” para no defender la norma foral que posibilita la desanexión. La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Bizkaia, Bea Ilardia, ha destacado que Bizkaia tiene el marco jurídico que posibilita la desanexión y ha exigido al PNV que “no eluda sus responsabilidades” ya que los ciudadanos de Usansolo “ya han expresado su voluntad de desanexionarse de Galdakao”. Además, ha añadido que el Ayuntamiento de Galdakao “ha posibilitado que el proceso administrativo se ponga en marcha” y ahora corresponde a las Juntas Generales “la decisión última” sobre la desanexión. “Tenemos una Norma Foral en Bizkaia que posibilita la desanexión de Usansolo y no hay ninguna necesidad de llevar el proceso a otro marco”. “El verdadero debate y las decisiones están aquí en Bizkaia, en las Juntas Generales y no en Madrid”, ha señalado. En estos momentos, los servicios jurídicos de la Diputación están estudiando la documentación remitida por el ayuntamiento de Galdakao, tanto de población como de solvencia económica. Una vez analizada será el Consejo de Gobierno de institución foral el que decida si se remite a las Juntas Generales para su votación.

Existe el precedente de Itsaso, en Gipuzkoa. En 2020 el Tribunal Supremo anuló la constitución de este municipio como independiente de Ezkio al entender que, al tener menos de 5.000 habitantes, no cumplía con el requisito de población mínima recogido en la Ley estatal 27/2013, o Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El recurso ante los tribunales lo presentó el Gobierno central que entonces presidía Mariano Rajoy.