Una reunión entre altos cargos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Gobierno vasco ha servido este lunes para escenificar un acercamiento de posturas en torno al proyecto del Gobierno central en Vitoria, un centro para refugiados de 350 plazas que había sido fuertemente criticado por la parte del PNV de las instituciones autonómicas, forales y municipales. Según un comunicado oficial de la delegación vasca, en la cita “se ha hecho mención” al plan para la antigua Clínica Arana y ambas partes “han estado de acuerdo” en que este asunto ha de abordarse desde parámetros de “cogobernanza”. A nivel político, PNV y PSE-EE también habían limado asperezas después de que los socialistas llegaran a acusar de “xenofobia” a sus socios.
La cita parte de un encuentro previo entre el ministro, José Luis Escrivá, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, y de otra videoconferencia entre el propio Escrivá y dos consejeras. Allí se acordó la creación de grupos de trabajo. El reunido ahora es sobre “ámbitos de mejora en el marco de actuación y gobernanza de las políticas migratorias y de asilo” y no estrictamente sobre el traspaso de competencias. Representan al Gobierno central la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, y otros altos cargos como Amapola Blasco, directora general de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, Reyes Zataraín del Valle, subdirectora general de Coordinación Jurídica, y Alberto Sereno, subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por parte vasca, encabezaba la delegación la viceconsejera Lide Amilibia, aunque también estaban el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, y el asesor del lehendakari y responsable de Agenda 2030, Jonan Fernández.
“El encuentro tenía como objetivo delimitar el contenido jurídico-técnico de este grupo de trabajo, así como su modo de funcionamiento. [...] La representación del Gobierno Vasco ha subrayado que su objetivo en este ámbito es mejorar cualitativa y cuantitativamente los procesos de acogida e integración, porque hay un amplio margen para ello, especialmente en relación con las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. Con este fin, y tal y como se consideró en diciembre de 2019, el Gobierno casco ha manifestado que es necesario redefinir el marco de actuación posibilitando que los gobiernos autonómicos con voluntad de implicación en esta materia puedan asumir, en su ámbito territorial, funciones de diseño, gestión y coordinación del servicio que se presta a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, desde el primer momento y en las distintas fases del proceso de acogida. Un buen ejemplo, en este sentido, es el pilotaje que con la colaboración de ACNUR y con la participación de ambos gobiernos se ha desarrollado en Euskadi con el modelo de Patrocinio Comunitario”, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Además, ha insistido en que “es indispensable impulsar un modelo de colaboración y cogobernanza”. “Esta mejora de la coordinación es ineludible, máxime, si se tiene en cuenta que las competencias en materia de salud, educación o prestaciones sociales, entre otras, se encuentran en las instituciones autonómicas y locales”, ha destacado el Gobierno vasco. Este pasado viernes, precisamente, se criticó duramente la gestión del Estado con los refugiados en un acto en la sede de Presidencia con motivo del aniversario de la guerra en Ucrania. Solamente “al final de la reunión”, según la parte vasca, “se ha hecho mención a la residencia de Arana”. Se apunta a que habrá una nueva reunión a finales de marzo.
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