El Gobierno vasco considera acreditado que la principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza, la catalana Grup La Pau, que opera en Bizkaia y en Álava, ha cometido infracciones “muy graves” y “graves” en hasta dos docenas de ocasiones, incluidos retrasos en el pago de nóminas. Esto es algo conocido y así lo ha venido firmando la Inspección de Trabajo. Sin embargo, ese mismo Gobierno vasco culpa abiertamente a la plantilla de la contrata de los problemas en el servicio, que se concretan, por ejemplo, en decenas de miles de ambulancias retrasadas en lo que va de año. Así lo firma el Departamento de Salud, responsable de la contratación.
“Los numerosos requerimientos y actas de infracción alegados por el recurrente son reflejo de la alta conflictividad laboral de los últimos años que existe en el sector. [...] En lo que respecta a las deficiencias significativas en los servicios prestados, se indica que los servicios son prestados por los propios trabajadores, siendo éstos los que tienen la responsabilidad de cumplir correctamente con sus obligaciones laborales, para que ninguna ambulancia se quede fuera de servicio por diversos conceptos (ejemplo: bajas médicas de última hora avisando en el último momento a la empresa, no disponiendo esta de tiempo para llevar a cabo la sustitución de la persona, dejando la ambulancia sin servicio hasta buscar un compañero que supla la baja)”, ha llegado a escribir Salud en respuesta a recursos de los sindicatos UGT y LSB-USO contra la última renovación del contrato. Estas consideraciones se han conocido este jueves.
Esta renovación se produjo a finales de julio, después de que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) le hubiera pedido al Ejecutivo revisar si Grup La Pau reunía las condiciones de solvencia porque había recibido una sanción “muy grave” por no pagar nóminas meses atrás. La Administración insistió en volver a confiar en Grup La Pau aunque ahora se reconoce oficialmente lo que ya adelantó en su momento este periódico, que lo hizo cuando ya era conocido que volvía a no haber pagado una nómina, en este caso el 75% de la extra de verano al 70% de la plantilla. El OARC, no obstante, tumba los recursos de UGT y LSB-USO y recuerda que esas sanciones de la Inspección de Trabajo no son “firmes”, por lo que aún no pesa sobre Grup La Pau la prohibición de recibir contratos.
Hace un par de semanas, el nuevo consejero de Salud, Alberto Martínez, cambió de modo drástico el discurso del Ejecutivo sobre este contrata y admitió en público por vez primera que no estaban “cómodos” con Grup La Pau, tanto por la cascada de incumplimientos como por los impagos de nóminas. De hecho, su equipo ha impuesto “varias” multas adicionales a las de Trabajo. Una de ellas es de un millón de euros.
Este periódico ha venido preguntando desde el jueves a Salud si suscriben las reflexiones que culpan a la plantilla de los problemas con el servicio externalizado de ambulancias y no ha obtenido respuesta. Es una evidencia que Martínez ha cambiado a todo el equipo anterior y también a los responsables de Contratación. Sin embargo, el borrador del diagnóstico para el pacto de país por la mejora Sanidad pública que busca el Ejecutivo con oposición y otros agentes, redactado ya por el nuevo equipo, apunta también a que “existe una conflictividad elevada en el sector de las ambulancias de transporte sanitario que ha producido una pérdida de la calidad del servicio en este ámbito”. Otra paradoja: el primer sindicato que aplaudió los contenidos de ese documento fue UGT, que tiene a su sección sindical en las ambulancias batallando en todos los frentes contra Grup La Pau.
La situación del servicio de ambulancias, particularmente en Álava y en Bizkaia (Ambulancias Gipuzkoa gestiona el transporte sanitario urgente y programado en aquel territorio), encara una semana decisiva. Este lunes comparece en el parlamento la viceconsejera Lorea Bilbao para dar explicaciones sobre el asunto. Lo hace a instancias de la oposición, de EH Bildu.
Y este martes hay convocada una reunión de los principales responsables de la cooperativa catalana con la plantilla, según indican fuentes internas. En septiembre, fuentes del sector aseguraron que la empresa había optado por abandonar Euskadi. Luego lo desmintió públicamente pero los movimientos soterrados para explorar esa posibilidad han continuado. En primavera Grup La Pau ya puso por escrito que estaba al borde de la quiebra y que las contratas de Euskadi le hacían perder dinero. Entiende que los sindicatos tienen como fin único echarles para lograr una publificación y que han creado un escenario “catastrofista” para que parezca que todo va mal. Insiste en que las sanciones de la Inspección de Trabajo se deben a retrasos poco relevantes y llega a decir que los sindicatos tenían aceptado no cobrar en su totalidad la extra de verano en julio.
Sin embargo, ha trascendido también que Grup La Pau ha querido que el OARC sancionase a UGT y a LSB-USO. Pedía para ellos una multa de 30.000 euros por haberle recurrido la renovación de la última contratación y, sobre todo, una compensación de más de 13.000 euros diarios (1,5 millones) para cubrir lo que dejó de cobrar de más de la Administración entre abril (fecha de la primera adjudicación) y finales de julio (cuando se ratificó tras el análisis de las primeras alegaciones). El OARC no ha accedido a ello al entender que las centrales no han operado con “mala fe” sino en ejercicio de su legítima labor de representación.
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