El Gobierno vasco ha iniciado hoy la fase final del Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables con la publicación del informe en el que se da respuesta a las exactamente 4.217 alegaciones presentadas por particulares y diferentes organizaciones, así como a los 170 informes emitidos por las administraciones públicas interesadas, entre ellas las tres diputaciones forales y ayuntamientos afectados. En este informe se rechazan de entrada las enmiendas que consideran que la expansión de los parques eólicos y fotovoltaicos sea incompatible con la agricultura. “El cambio climático no entiende de compatibilidades con la agricultura”, sentencia el equipo de Mikel Jauregi, que es a la vez consejero de Energía y de Medio Ambiente y al que este trámite le ha pillado de viaje oficial a Japón.
Tampoco acepta las que piden las modificaciones de las zonas de exclusión, es decir, ampliar las zonas que quedarán libres de posibles ubicaciones de instalaciones de renovables, ni porque sean zonas en las que debe protegerse montes de utilidad pública, el alimoche u otras aves o fauna, porque sean corredores ecológicos o áreas de especial interés paisajístico. “Entendemos que su no inclusión queda suficientemente justificada en el PTS aprobado inicialmente”, señalan. Eso sí, puntualizan que el hecho de que una determinada zona, área o elemento no se incorpore como zona de exclusión “no implica una patente de corso para las empresas o personas promotoras de instalaciones renovables que les permita obviar las garantías medioambientales de aplicación”.
El informe con las respuestas, que se ha publicado justo al límite del plazo que se había impuesto en consejero Jauregi, que en sede parlamentaria se comprometió a que fuera antes de finales del mes octubre, supone un mazazo para las reivindicaciones del sector agrícola, que es uno de los que hasta ahora ha capitaneado las movilizaciones contra las renovables por considerar que estas instalaciones restan suelo destinado a la agricultura y que, por lo tanto, atentan directamente contra el sector primario. La publicación de las respuestas a las alegaciones ha coincidido con un acuerdo suscrito en el Parlamento Vasco por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, con EH Bildu, socio de la ley contra el cambio climático, en el que instan al Ejecutivo a aprobar el plan de forma provisional antes de que finalice el año y de forma definitiva en el primer semestre de 2025.
En su respuesta, el Gobierno reconoce que “no cabe duda de la importancia que el sector primario tiene en la economía, a nivel de Euskadi, pero sobre todo a nivel local, por ser la actividad principal en muchos municipios y única fuente de ingresos de muchas familias”, pero puntualiza que el PTS es “muy exigente en la protección de los suelos de alto valor agrológico”, y que además, se está viendo que “la alteración del clima propio de cada estación provoca la pérdida de cosechas enteras, o una menor calidad en la producción de los cultivos, y, sobre todo, provoca una acuciante escasez de agua que impacta de lleno sobre la agricultura” y recuerda, en este sentido que el año pasado fue necesario convocar la Mesa de Agricultura y Cambio Climático. “Por tanto, se entiende que este sector primario, tan necesario para nuestro territorio, tiene que interiorizar el beneficio derivado de una implantación ordenada de las energías renovables como la que propone el PTS”, indica.
Además niega que suponga una pérdida de potencial suelo agrícola. En este sentido, señala que la superficie agraria que se ocuparía por las zonas de localización seleccionadas del PTS, “representa un escaso porcentaje respecto del total de suelo agrario de Euskadi”. Que en el caso de la energía eólica, se ha demostrado que “sus instalaciones son compatibles con el desarrollo de la actividad agro ganadera y que la disposición de los aerogeneradores permite que la superficie real de ocupación de suelo permita una convivencia de usos. En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas, si bien reconoce que ”representan una mayor ocupación de suelo que la eólica“, considera que el avance de la tecnología ”y la cada vez mayor conciencia de la necesidad de garantizar su compatibilidad con actividades agro ganaderas, están permitiendo desarrollar tecnologías como la agrovoltaica. De esta forma, la implantación de instalaciones fotovoltaicas puede llegar a ser compatible con el desarrollo simultáneo de la actividad agraria“, concluye.
En lo que se refiere a las enmiendas para ampliar las zonas de exclusión, las rechaza por considerar que para fijar las contempladas en el proyecto inicial ya se ha tenido en cuenta “una amplia lista de criterios”. En todo caso insiste en que el hecho de que determinadas zonas no queden dentro de las zonas de exclusión “no quiere decir, de ninguna manera, que el desarrollo en ellas de instalaciones de energías renovables escape de cualquier control relativo al impacto ambiental que éstas puedan tener. Para ello, la normativa actualmente en vigor dispone de los suficientes mecanismos dirigidos a salvaguardar aquellos valores ambientales, culturales o paisajísticos que, si bien pudieran no justificar su consideración como zona de exclusión a los efectos del PTS, sí pueden llegar a condicionar el diseño y la disposición de las instalaciones que integren el proyecto que en cada caso concreto se proponga desarrollar”.
En las alegaciones se solicitaba la inclusión de montes de utilidad pública, determinados bienes culturales, corredores ecológicos, áreas de especial interés paisajístico o áreas críticas para el alimoche u otras aves, que se se rechazan. Por ejemplo en las alegaciones que se refieren a las aves, esencialmente por el riesgo de colisión con los aerogeneradores, recuerda el Gobierno que los correspondientes proyectos de la instalaciones deberán someterse “a las autorizaciones sectoriales y ambientales preceptivas. Será en el seno de la tramitación de esas autorizaciones donde se analice el impacto que la instalación en concreto tendrá en estas especies, en función de la ubicación y disposición de sus elementos”.
También se rechazan las referidas a los impactos paisajísticos, y recuerdan que ya se excluyen todos los hitos paisajísticos y un radio de 100 m alrededor de ellos: todos los elementos protegidos del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo Rioja Alavesa; y Bienes de interés cultural, Biotopos Protegidos, Parques Naturales, Monumentos Naturales, Red Natura 2000, PORN. Uribe- Kosta – Butrón, Reserva Biosfera Urdaibai, Plan Especial Txingudi, etc. También se rechazan alegaciones que critican que se apuesta por los macro proyectos en detrimento del autoconsumo: “El PTS no pretende ordenar el territorio en favor de los grandes promotores, sino ordenar el territorio para que esa implantación no se deje, precisamente a la libre elección de éstos, identificando aquellas zonas específicamente reservadas para las grandes instalaciones”, señala el informe.
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