El Gobierno de Imanol Pradales también promete dotar a Euskadi de una ley de Transparencia. Así lo hizo el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en 2012, en 2016 y en 2020, pero nunca terminó de completar la tramitación, de modo que la vasca es la única comunidad autónoma sin una norma de ese tipo en 2024. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha incluido esta ley entre sus propuestas para la nueva legislatura.
Todos los integrantes del equipo de Pradales están pasando uno por uno en el Parlamento Vasco para exponer las líneas maestras de su programa y este martes le ha tocado el turno a la también portavoz. Ha estado acompañada por sus viceconsejeros, Xabier Ochandiano, Sabino Torre, Maite Barruetabeña y Agustín Zubillaga. De la cartera de Ubarretxenea cuelgan organismos como el IVAP, Ejie (la sociedad informática), la Agencia de Protección de Datos o la Comisión de Ética, entre otros.
Ubarretxena ha incluido la ley de Transparencia entre los “compromisos legislativos” de cara a 2028. La consejera ha apelado a una Administración “más abierta, más inteligente y más transparente”. En el caso concreto de esta norma, ha mencionado la necesidad de fomentar la “participación” ciudadana y el acceso a información. Hasta ahora, eran de aplicación las normativas generales estatales o europeas. No ha ofrecido muchos más detalles en su comparecencia. Tampoco plazos, aunque ha apelado a iniciar el debate “en el menor tiempo posible” y tomando como base los borradores anteriores.
El propio socio del PNV, el PSE-EE, ha alertado de la carencia vasca en este ámbito. En su debut parlamentario, Pau Blasi ha recordado el dato de que Euskadi es la única comunidad sin ley de Transparencia “junto con Ceuta y Melilla”, las ciudades autónomas. “Hace falta un nuevo impulso modernizador”, ha pedido Blasi. Y también lo ha mencionado la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, que entiende que no ha habido un problema de tiempo o de mayorías sino de falta de “voluntad” del PNV. “Somos la excepción ibérica”, ha ironizado Nerea Kortajarena. La consejera ha respondido con argumentos idénticos a los del Ejecutivo anterior: “Aunque no tengamos una ley, estamos haciendo ya muchísimas cosas, mucho más que aquellas comunidades que ya disponen de una ley de Transparencia”.
La consejera se ha referido también al capítulo de autogobierno. Ha repetido la máxima del PNV de que a más autonomía mayor es también el bienestar de la ciudadanía vasca. Ha mencionado, por un lado, a la “defensa” de las competencias propias. De su cartera dependen los servicios jurídicos, es decir, quienes batallan en el Tribunal Constitucional y otras instancias. Se denunciará “cualquier actuación que obstaculice o reduzca las políticas públicas aprobadas en el Parlamento Vasco o en el Gobierno vasco”, ha garantizado en euskera.
Además, ha instado al Estado a “culminar” los traspasos pendientes desde 1979. Ha cuantificado en 29 las materias pendientes de transferir. Confía en que para diciembre está resuelta la transferencia de la gestión del litoral, que permitirá gestionar desde Euskadi permisos sobre playas o pantalanes, por ejemplo.También ve muy “avanzadas” otras áreas como las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras, Salvamento Marítimo, Meteorología, el fondo de protección del cine y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (ubicado en Barakaldo). El acuerdo entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez es que el proceso se complete de cara a 2025.
Sin esperar a las preguntas de la oposición, ha indicado que ya está “activada” la transferencia de la materia más relevante de las pendientes, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a otras comunidades. Y también aspira a un acuerdo sobre los aeropuertos y puertos de interés general, que son competencia exclusiva del Estado según la Constitución. El Gobierno vasco ya gestiona los puertos más pequeños, como el de Donostia, y propone a los responsables de los grandes, los estatales de Bilbao y Pasaia. En el caso de los aeródromos, en Catalunya se creó un organismo autonómico pero solamente gestiona pistas más pequeñas, ya que El Prat continúa en manos de Aena. “Hablamos de unas infraestructuras y servicios en los que la implicación de Euskadi supondrá un salto cualitativo directo de las aspiraciones de nuestro país, de su industria y de su ciudadanía”, ha explicado Ubarretxena.
“Tenemos mucho trabajo por delante pero también firmeza y voluntad política para conseguir que Euskadi vea cumplido el Estatuto de Gernika”, ha agregado. Ha apelado también a la reforma del Estatuto, al que se ha referido como “nuevo estatus”. El PSE-EE, esta vez por boca de Ekain Rico, uno de sus más relevantes dirigentes, ha puntualizado que hay que “evitar equívocos” y que no se puede hablar de “nuevo estatus” sino de “nuevo Estatuto”. “Los socialistas estamos abiertos a grandes pactos pero no vale apostar por unas mayorías en las instituciones y otras para transitar por otro camino”, ha dicho Rico, recordando que en el anterior intento el PNV optó inicialmente por explorar una reforma de corte soberanista de la mano de EH Bildu que no llegó a puerto. Rico ha avisado de que el PSE-EE no aceptará “reformas constitucionales encubiertas” en esta ocasión.
“El debate tiene que ser sobre un estatus político”, ha terciado la coalición abertzale por boca de su portavoz, Nerea Kortajarena, que lleva tiempo demandando que se rescate aquel acuerdo con el PNV, que data de 2018. Por si había dudas, Kortajarena ha repetido el mensaje en castellano y en euskera. El PP, por el contrario, interpreta que la ciudadanía no demanda un “nuevo estatus” y que un proceso soberanista solamente serviría para suscitar “división” en la sociedad. En el turno de réplicas, Ubarretxena ha empleado como sinónimos “nuevo estatus” y “nuevo Estatuto”.
La 'popular' Laura Garrido ha denunciado también que el nuevo Ejecutivo “no es un ejemplo de austeridad” precisamente por haber incrementado de doce a dieciséis el número de carteras. Asimismo, se ha preguntado en euskera si se van a rebajar los requisitos lingüísticos para acceder a puestos de funcionario en la Administración vasca. Desde Vox, Amaia Martínez Grisaleña ha ido en la misma línea y ha hablado del Gobierno con “más políticos de la historia”. Hay “más altos cargos, más asesores, más coches oficiales y más gastos de representación”, según la ultraderecha. También ha demandado una “Comisión de Ética fiable, ajena a cualquier vínculo político”.
Ubarretxena, en su respuesta, no ha aportado cifras y ha tirado de argumentario: “El lehendakari lo dijo claramente. Como sociedad tenemos nuevos retos y para hacerles frente mejor hacía falta una mayor especialización. De ahí esa reorganización. En vez de macrodepartamentos, se ha ido a quince [departamentos] para atender mejor el reto demográfico, la vivienda o las universidades. Es una estructura para responder mejor a los retos de la ciudadanía”.
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