El Gobierno de Iñigo Urkullu presentará este martes un proyecto de presupuestos expansivo que, con toda probabilidad, superará los 15.000 millones de euros. Supone un gran contraste con los 9.500 millones de la primera propuesta de Urkullu que tuvo que retirar por falta de apoyos y que a punto le cuesta unas elecciones anticipadas. Será el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, el que ofrezca las líneas maestras de los números pero, según ha podido saber este periódico, se ha acordado la congelación en 300 euros de todas las prestaciones de apoyo al alquiler, que afectan a cuatro departamentos, Presidencia, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Trabajo y Empleo y, por supuesto, Vivienda. Sí habrá una subida de la renta de garantía de ingresos (RGI) por vez primera aplicando el sistema de actualización automática de las cuantías en función del IPC y de otros indicadores estandarizados.
El actual sistema de prestaciones de apoyo al alquiler surgió en 2008 como complemento de la RGI y se fijaron en un máximo de 320 euros. Después, ya en 2011 se recortaron a 250. Eas cuantía quedó congelada durante más de una década hasta que se acordó una primera subida en 2022 a 275 euros y una segunda en 2023 a 300 euros. Sin embargo, este año no va a haber una nueva revisión y, formalmente, no se ha llegado aún a los 320 euros que se plantearon en su momento.
Las dos áreas más afectadas por esta medida están en manos del PSE-EE. Hasta ahora, la principal ayuda al alquiler era la conocida como PCV, la prestación complementaria de vivienda que se abona única y exclusivamente a quienes también cobran con anterioridad la RGI. Por este motivo, es una ayuda tramitada por el área de Trabajo y Empleo a través de Lanbide. 24.680 perceptores la cobraron en el último mes. Sin embargo, tiene los días contados. El Gobierno vasco ya ha aprobado el decreto que desarrolla la ley de Vivienda de 2015 y que prevé que sea el propio departamento del ramo el que asuma la atención de este colectivo. Lo que se ha hecho es articular una pasarela para que los beneficiarios actuales de la PCV cobren la denominada PEV. Esta prestación nació en 2015 y es la alternativa a quienes tienen reconocido el derecho a acceder a un piso protegido pero no disponen de uno adecuado a sus características. 2.100 de los 8.200 titulares del derecho a la vivienda reciben los 300 euros mensuales como una ayuda para acudir al mercado libre. El área de Vivienda, además, ofrece las ayudas específicas para jóvenes Gaztelagun. En marzo eran 5.276 los perceptores activos de esa prestación que fue reformulada para ganar en potenciales beneficiarios no sin tensiones y retrasos de gestión.
El tercer área afectada por la medida es Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Esta última pata de la macrocartera de Nerea Melgosa financia las denominadas AES o ayudas de emergencia social que luego tramitan las instituciones locales. Y aquí también, desde 2023, se fijó como tope los 300 euros mensuales para las prestaciones de apoyo al alquiler a través de esta ventanilla de último de recurso.
Finalmente, Presidencia ha entrado de lleno en este terreno tras asumir en 2022 las competencias de Juventud. Uno de los proyectos estrella de la parte del PNV del Gobierno vasco de cara al final de la legislatura es la creación de las ayudas Emantzipa. Formalmente no son ayudas al alquiler y sí a la emancipación pero es precisamente la dificultad de acceder al mercado de vivienda lo que hace que la salida del hogar familiar se retrase allende los 30 años. Emantzipa, que ha sido presentado en una decena de ocasiones pese a que aún ni siquiera está en marcha, será en principio compatible con Gaztelagun en el caso de posibles beneficiarios que tengan derecho a acceder a ambos programas, pero tiene requisitos diferentes. Urkullu, que ha prometido 58 millones de euros para el lanzamiento de este programa, ha confiado en que más de 15.000 jóvenes puedan cobrar los 300 euros.
Lo que sí se revalorizará será la RGI. Las fuentes consultadas posponen la confirmación de la subida concreta a la rueda de prensa de Azpiazu de presentación de las cuentas pero confirman que habrá una revisión al alza. Será el primer año en que se aplique el nuevo indicador previsto en la ley reformada hace unos meses. Hasta ahora, quedaba al albur de criterios políticos ya que se desindexó del salario mínimo interprofesional (SMI) en cuanto empezó a experimentar fuertes subidas. La normativa prevé tener en cuenta la inflación pero siempre garantizando el 60% de la renta mediana o bien “la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al último año disponible”. El pasado año se decretó un 8,5% de subida, en línea con las pensiones. Este año, la Seguridad Social ha barajado una mejora del entorno del 4% para esas prestaciones por jubilación o viudedad.
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