El Gobierno de Urkullu no desmiente el error de haber revelado la identidad del denunciante del caso de Amaia Barredo
Al mismo tiempo, la Comisión de Ética no ve tacha en haber informado de que el alertado de unos hechos del también alto cargo Iván Pedreira era un parlamentario de EH Bildu
La primera reflexión viene en una respuesta de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a unas preguntas de Josu Estarrona de EH Bildu en el Parlamento Vasco sobre el caso de Barredo, conocido antes de las vacaciones de verano. Precisamente la Comisión de Ética puso de relieve de forma anónima, como es su costumbre, que un alto cargo del gabinete de Urkullu había sido denunciado por la Fiscalía por prevaricación. Más tarde se conoció que era Barredo porque, siendo responsable de Medio Ambiente, autorizó un proyecto de valorización en Gernika aparentemente sin tener en cuenta que el proyecto inicial prometido había cambiado. Esto ocurrió justamente cuando fue elegida para formar parte del tercer Gobierno de Ramiro González en Álava como diputada foral de Medio Ambiente y sin que ni el PNV ni González conocieran estos hechos.
Ante las preguntas de Estarrona, Tapia no aclara cuándo se tuvo conocimiento de la investigación contra Barredo, que afecta también al director de Medio Ambiente, Javier Aguirre Orcajo. Sí se señala que “el asunto al que hace referencia la pregunta no ha sido elevado en ningún momento al Consejo de Gobierno” aunque evidentemente era conocido por la consejera Olatz Garamendi, que hace las veces de presidenta de la Comisión de Ética y que analiza todos los casos judiciales que afectan a los cargos del Gobierno. EH Bildu quiso conocer si se considera “adecuado” que se hicieran públicos los datos del denunciante y si ello se ajusta a la normativa europea y estatal pero el Ejecutivo se queda en una respuesta breve en la que encaja que “la ley protege el anonimato de las personas”, sin más valoraciones ni consideraciones.
Este organismo ha resuelto ahora, con base también en un informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que todas las resoluciones publicadas son anónimas y que siempre se ha respetado ese principio (que dificulta enormemente su lectura y comprensión) pero que entra dentro de lo razonable que un 'acusado' tenga todos los datos en su poder. Garamendi, como presidenta de la Comisión de Ética, admite que tuvo conocimiento del correo electrónico de la letrada al aforado pero se estima que el ejercicio de la potestad de acudir a los tribunales nunca puede ser interpretado como “amenaza”. Se añade sobre Fernández de Betoño que “la forma” en la que presentó la denuncia “daba a entender” que “no se presentaba por una persona como particular” que precise de protección singular sino por un cargo público y que pasaron “ocho meses” desde que se produjeron los hechos hasta que el parlamentario de EH Bildu lo dio a conocer en una rueda de prensa.