El Parlamento Vasco aprobará este jueves, con notable retraso, el prometido informe con análisis y conclusiones para la descarbonización de Euskadi, que además tiene el hándicap de ser un territorio altamente industrializado y con un elevado volumen de transporte, que copan un 64% de las emisiones. El documento no orilla la oposición a ciertos proyectos de energías renovables -“la tradicional concienciación medioambiental que ha caracterizado a la sociedad vasca [...] en algunas ocasiones ha supuesto una mayor exigencia en el desarrollo de los proyectos”- y que el proceso ha de hacerse cuidando de no generar brechas sociales porque hay un “cierto riesgo” de que solamente las clases medias y altas puedan reformar sus viviendas o cambiar su coche por uno eléctrico.
El documento surge de una ponencia creada expresamente en 2021 a instancias de EH Bildu y que había caminado al ralentí durante meses. De hecho, el Parlamento tramita ya dos leyes estratégicas, la de lucha contra el cambio climático y transición energética y la de movilidad sostenible, que no han esperado a este informe para su formulación. Antes, en 2019, Euskadi declaró la emergencia climática oficialmente, aunque la llegada de la COVID-19 y sus emergencias sanitarias opacaron aquel anuncio. Inicialmente, se había mencionado diciembre de 2021 como referencia para su aprobación.
El texto final ha sido redactado por el presidente del grupo de trabajo, el parlamentario del PNV Unai Grajales. En la comisión de Medio Ambiente, ha concitado el apoyo del PSE-EE, el socio de Gobierno. En cuanto a la oposición, también fue votado por EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP, aunque no hubo debate de contenidos a la espera de la sesión plenaria y en algunos puntos, como la defensa del hidrógeno verde, podrían aflorar matizaciones particularmente desde el flanco izquierdo.
Fuentes parlamentarias indican que el deseo es que sea aprobado, por su trascendencia, con el mayor número de apoyos. En todo caso, a la espera de las posiciones finales de la oposición, en el pleno participarán igualmente dos partidos que no han estado en los debates anteriores. Son Ciudadanos, que vuela en solitario desde este mes de septiembre tras romper con el PP, y singularmente Vox, con posiciones muy alejadas del resto en materia ambiental.
El apartado de conclusiones, a partir de la página 64, arranca con que “es posible” una economía “neutra en carbono” para 2050 en Euskadi y recalca que, además, es una oportunidad económica muy clara. Desde el inicio, se hace hincapié en la necesidad de incrementar el peso de las renovables en el 'mix' energético vasco, en definitiva, de acometer “una profunda transformación de la matriz energética vasca” con “fundamentalmente eólica terrestre y marina y energía solar fotovoltaica” que permita una “electrificación” de la economía. En 2020, suponían un 16% del total de la demanda, por un 44% en España. Sobre el gas, el informe apunta que “se mantendrá como una relevante fuente de flexibilidad” hasta el pleno despliegue de las renovables; y se añade que el hidrógeno verde o los 'e-fuels' pueden ser alternativas plausibles para la aviación o la marina.
Con varios proyectos en marcha, la contestación social ha aflorado en varias áreas del territorio, desde Balmaseda hasta Álava. El Gobierno, por boca del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, atribuye al efecto 'nimby' estas movilizaciones -“a nadie le gusta que se instalen cerca de donde uno vive”, ha dicho este mismo lunes sobre ese 'not in my back yard'-, pero el informe insiste en trabajar desde parámetros de consenso social. El documento sí se detiene más en tener en consideración los “inevitables cambios sociales”.
“Existe un riesgo cierto de que haya sectores de la población que no puedan acometer las inversiones necesarias para la descarbonización, como una rehabilitación energética o la instalación de una bomba de calor. Y también el riesgo real de acrecentar la brecha social al subvencionar a ciertas capas sociales la instalación de elementos o dispositivos que ayuden a la descarbonización (por ejemplo, el coche eléctrico). Es por ello que desde los poderes públicos se debe velar con especial intensidad para que el resultado neto de la descarbonización no vaya en detrimento de los segmentos sociales con menor poder adquisitivo, estableciendo medidas correctoras para ello, como la promoción del acceso al bienestar energético de las rentas más bajas, la promoción de un transporte público descarbonizado, el establecimiento de criterios de progresividad en las subvenciones destinadas a descarbonizar diferentes sectores, etc.”, se puede leer en el dictamen.
El informe pide mirar como “oportunidad” el enorme reto climático. “Históricamente, el proceso de reconversión deja grandes lecciones aprendidas”, se apunta. “Si conseguimos alinear las bases de la competitividad del territorio con el reto de la descarbonización, estaremos favoreciendo un mejor entorno para las empresas y generando más bienestar para la sociedad. Por lo tanto, se hace necesaria una estrategia que incluya los conceptos de sostenibilidad y descarbonización, un entorno empresarial que favorezca la captura de ventajas competitivas y el refuerzo de todas las capacidades del sistema de innovación y formación, así como un ecosistema de financiación competitivo. Las medidas económicas y fiscales deben estar, por tanto, condicionadas a los objetivos de descarbonización y, de esa manera”, se indica.
El informe plantea también una “fiscalidad medioambiental homogénea” basada en el principio de “quien contamina, paga”, pero sin propuestas concretas. De hecho, los impuestos son competencia foral y no autonómica en Euskadi. Y deja otro mensaje al final: “Es necesaria una amplia aceptación social para poder cambiar de modelo. No podemos permitir que determinadas comarcas y colectivos no se beneficien de las oportunidades que genera la transición industrial. Y esta transición es para todos. Por tanto, si queremos aceptación, necesitamos generosidad con los afectados”.
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