Salvo sorpresa mayúscula, el Gobierno de Iñigo Urkullu presentará finalmente este martes, a la cuarta, su proyecto legislativo más relevante de la legislatura, la reforma de la Ley de Educación, según indican a este periódico fuentes tanto del Gobierno como de la oposición. El consejero del ramo, Jokin Bildarratz, había ofrecido como referencia temporal el mes de abril después de no haber cumplido tres plazos que él mismo se había marcado, octubre de 2022, Navidad y el primer trimestre de 2023. La clave ahora será si habrá tiempo suficiente en los meses que quedan de legislatura vasca para que el Parlamento tenga margen de promulgar la nueva ley antes de las próximas autonómicas.
El articulado definitivo incorporará cambios con relación al borrador conocido en septiembre del pasado año, la única referencia conocida hasta ahora, pero las partes conocedoras de su redacción guardan bajo siete llaves la redacción final. Sí es público que Educación recibió a finales de marzo un informe jurídico y que el último retoque iría en consonancia con sus recomendaciones. Euskadi tiene el sistema educativo con más de los centros de titularidad privada de toda España, ya que acogen casi al 50% del alumnado. Además, en los últimos años se han incrementado las denuncias de segregación entre redes. En paralelo, los primeros borradores apuntaban a una superación del actual sistema de modelos, A en castellano, D en euskera y B bilingüe, que no acababa de garantizar las competencias mínimas idiomáticas en las dos lenguas oficiales.
En abril de 2022, el Parlamento Vasco cerró unas bases para una reforma acordadas entre los partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. No fue pacífico el consenso entre los propios socios de Gobierno, particularmente en torno al peso del euskera y de la enseñanza pública, y después la formación de izquierdas se ha quejado de que las normativas que se han ido dictando antes de la llegada de la ley no han respetado el principio de priorizar la red pública frente a la privada. La última polémica ha sido por los cambios en el sistema de matriculación para obligar a todos los centros que reciben financiación, es decir, a públicos y concertados, a asumir un mínimo de alumnado “vulnerable”, algo que no se producía hasta ahora. Principalmente las ikastolas privadas, aunque también en cierta medida los religiosos, han mostrado sus quejas al entender que han salido perjudicados. Precisamente este jueves se ha cerrado el plazo para resolver las reclamaciones tras la primera asignación profesional de plazas. Educación no ofrecerá información hasta que se sustancia la comparecencia ya prevista de Bildarratz en la Cámara, pero ya se adelantó que las derivaciones motivadas por los cupos apenas afectaban a un 2% de las matrículas, menos de 300 casos.
El texto tiene garantizada su aprobación en el Parlamento. PNV y PSE-EE tienen como Gobierno mayoría absoluta incluso aunque los acuerdos previos en la materia con la oposición no se mantuvieran. EH Bildu, en todo caso, siempre se ha mostrado dispuesta a formar parte del diseño de una pieza estratégica del autogobierno vasco. El problema para la ley podría venir más por los plazos. En mayo, las elecciones forales y municipales traerán un parón y se prevé otro similar a finales de año por las generales. Además, salvo orden expresa en contra, julio, agosto y la mitad de septiembre son inhábiles. En el período de sesiones otoñal tiene prioridad total la tramitación presupuestaria y, después de Navidad, enero vuelve a ser vacacional salvo habilitación expresa. Aunque las elecciones de 2020 fueron en julio, la realidad es que los cuatro años de legislatura se cumplen antes, ya que estaban previstas para abril y se pospusieron por el confinamiento de la COVID-19. Dos meses antes de que cuando las convoque Urkullu se disuelve la Cámara y decaen todos los asuntos en trámite. Ése es el marco temporal para esta ley, que compartirá tiempos y esfuerzos con otras como la recientemente presentada Ley de Empleo.
Más datos. Ahora mismo hay nueve leyes del Gobierno en marcha. La ley de centros de culto, por ejemplo, entró en la Cámara en julio de 2021, hace casi dos años. Y la de Memoria Histórica, quizás la más relevante políticamente de todas ellas, es de enero de 2022. Fuentes del Gobierno insisten en que hay tiempo suficiente para que la norma educativa no encalle, pero no se escapa que los grupos que no forman parte del pacto previo, PP+Cs y Vox, tienen derecho parlamentario a solicitar ampliaciones de plazo para enmiendas, por ejemplo.
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