El Gobierno de Iñigo Urkullu ha presentado este martes su “programa legislativo”, un calendario con 36 reformas de leyes para el próximo cuatrienio. Sin embargo, se da la circunstancia de que 28 de ellas ya fueron anunciadas o en 2016 o a lo largo de la pasada legislatura sin que fueran sacadas adelante. Ocho de ellas, incluso, están comprometidas desde la llegada de Urkullu a Ajuria Enea a finales de 2012. La más 'veterana' en la lista es la reforma de la Ley de Aportaciones, que regula el dinero que entregan los territorios a la caja común autonómica. Fue redactada en 2007 y su mecanismo de cálculo terminó su vigencia en 2011, año en el que entró en prórroga sin que haya sido actualizada.
De hecho, los grandes retos legislativos para el período 2020-2024 son prácticamente todos objetivos pendientes del mandato anterior. Es el caso de las leyes de Igualdad, Memoria Histórica o Transparencia, así como las normas 'verdes' contra el cambio climático o la de centros de culto. También vuelve a asomarse la modificación del sistema de renta de garantía de ingresos (RGI). Una de los compromisos más ambiciosos es la reforma educativa. Sin embargo, en este caso el propio Ejecutivo desplaza hasta el “segundo semestre de 2023” su envío al Parlamento, muy al final de la legislatura y con riesgo de que los propios plazos de tramitación en la Cámara hagan inviable su consecución.
El portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, ha señalado la responsabilidad de la oposición durante la pasada legislatura. “El Gobierno pudo aprobar un buen número de proyectos, pero no fue posible convertirlas en leyes en el Parlamento por la falta de acuerdos y la dificultad de alcanzarlos”, ha explicado. Entre 2016 y 2020 la coalición de PNV y PSE-EE contaba con 37 escaños por 38 de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Ahora, tras las elecciones, el Gobierno dispone de mayoría absoluta. Ello lleva a Zupiria a plantear que “se le va a dar un nuevo impulso” al calendario legislativo. Hay una “firme determinación de dar un impulso a la producción legislativa en el Parlamento en esta legislatura”, ha apostillado el consejero-portavoz, que ha tenido la mano a acuerdo con la oposición aunque no sean aritméticamente necesarios: “Es voluntad del Gobierno desplegar todas las habilidades que tengamos en el Parlamento de lograr consensos más amplios”.
Estos consensos no se producirán con la propuesta de EH Bildu de regular por ley la limitación de los alquileres de viviendas. El Ejecutivo ha mostrado su “criterio desfavorable” al entender que “en el Estado español está en tramitación una nueva regulación que va a permitir a Euskadi fijar con mayor seguridad jurídica la incidencia de la regulación de los alquileres”. “Un control de rentas a través de medidas sucesivas y paulatinas es una medida puntual que complica el incremento de la oferta de vivienda de alquiler, que es el gran objetivo perseguido”, argumentan desde el Gobierno de Urkullu.
elDiario.es/Euskadi
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