El Gobierno vasco, este lunes festivo, recibió un ingreso extraordinario por valor de 146.230 euros. Según confirman fuentes oficiales, se trata de la cantidad en la que se estimó la responsabilidad económica de seis de los condenados en el 'caso De Miguel' de corrupción por las irregularidades constatadas en las contrataciones en el área de Juventud cuando era dirigida por Xabier Sánchez Robles, del PNV. Esta cuantía, en todo caso, no representa en su totalidad el quebranto económico global del caso. Un dato: solamente en la operación de Zambrana se repartieron unos 320.000 euros en comisiones.
El Ejecutivo vasco, personado en esta causa penal, da por zanjada así su participación. Recalca que no era acusación como tal y sí “actor civil perjudicado”. Ello explica que no haya emitido ningún criterio ahora que está abierto el debate de si los condenados han de entrar o no a prisión. Según comunicó la Audiencia Provincial de Álava este martes, de las partes personadas solamente la Fiscalía ha emitido un informe (y negativo) a la petición de suspensión del cumplimiento de la pena registrada por la nueva letrada del ex 'número dos' del PNV de Álava y principal implicado, Alfredo de Miguel. No se han pronunciado ni los letrados de la Diputación de Bizkaia ni los del Gobierno vasco.
Preguntado por ello, el Ejecutivo indica que, “en este caso, el Gobierno es actor civil”. “Por lo tanto, solamente le corresponde reclamar el abono de la responsabilidad civil. No le corresponde extralimitarse en cuestiones que no tienen que ver con su participación en la causa”, explican las fuentes consultadas. Pero, según la más reciente documentación judicial, Bizkaia tampoco ha presentado ningún escrito. En su caso, estaban personados por las consecuencias en forma de fraude fiscal a su Hacienda de las operaciones opacas en Zambrana, responsabilidades económicas que ya se ventilaron en 2018 porque los principales afectados, Josu Arruti y su familia, confesaron los hechos e hicieron frente a las cantidades asignadas por los delitos fiscales asociados a las mordidas no declaradas.
En el juicio, también el Gobierno vasco jugó un papel muy secundario. Su primera intervención fue en la decimocuarta sesión del plenario, más de dos meses después de su arranque. Los abogados de Bizkaia, en cambio, sí demandaron penas de prisión para los acusados en línea de las calificaciones de la Fiscalía. También fue el ministerio fiscal, representado por Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, el que denunció que Sánchez Robles había presentado por supuestas pruebas exculpatorias de que no había habido irregularidades en Juventud unos documentos con sellos falsificados y que no constaban en los archivos de la Administración vasca.
Se da la circunstancia de que la actual consejera responsables de los servicios jurídicos, Olatz Garamendi, fue testigo en este caso ya que, siendo funcionaria, era asesora en el área de Juventud. En su declaración en el juicio, que tuvo lugar en abril de 2018 siendo ya viceconsejera de Educación, Garamendi manifestó que algunos contratos se habían troceado de manera irregular para ser concedidos a empresas concretas -“si viene alguien y me dice que 60.000 euros han ido en varias facturas yo diría que no estamos ante un contrato menor”-, que le llamaba la atención que las adjudicaciones a las empresas de la trama de De Miguel no llevaran memorias justificativas o que no se conservara ningún informe justificativo de los trabajos pagados y que “no” era “normal” la documentación presentada por Sánchez Robles, ya que eran supuestos sellos sin número de registro.
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