El Gobierno de Iñigo Urkullu ya tiene encima de la mesa un articulado definitivo para una nueva ley educativa que reformulará un marco creado tres décadas antes, aunque no hay plenas garantías de que el Parlamento Vasco lo pueda refrendar antes de que termine la legislatura. En grandes titulares, la norma prevé un cambio matizado (muy matizado) de cuatro décadas de modelos lingüísticos (A en castellano, D en euskera y B bilingüe) para caminar hacia un marco común “plurilingüe” con la lengua vasca como “eje”, hay un intento por acotar el peso de la concertada en un territorio con el 50% del alumnados en centros privados y se incluye hasta una errata en la versión en castellano en relación con el límite de las horas de religión que necesariamente tendrá que ser corregida. Sin embargo, llega también con informes críticos sobre las previsiones económicas, ya que se avisa de que no hay un análisis del coste económico que tendría acabar con la práctica ya ilegal de cobrar cuotas en centros privados concertados con fondos públicos.
En el apartado lingüístico, la ley -de 101 artículos 1.287 páginas de expediente- no menciona en ningún momento el sistema actual de A, B y D, algo que sí aparecía en la ley anterior. Hasta ahora, se había interpretado como la superación de ese sistema. “¿Desaparecen modelos? No”, ha afirmado con rotundidad Bildarratz, que ha recordado que están regulados en normativa de 1983 sobre el euskera y no sobre educación. Según ha indicado, las familias podrán seguir eligiendo un modelo. “Las familias han tenido y tienen el derecho a elegir el modelo en que se eduque a sus hijos e hijas”, ha indicado. Con todo, ha indicado que en la ley lo que se prevé realmente es que cada centro tenga que fijar su propio modelo con unos requisitos. “Cada uno de los centros responde a un ecosistema sociolingüístico totalmente diferente. No es lo mismo un D en algún barrio de Bilbao o de un municipio guipuzcoano como Berastegi. Son D pero la realidad es diferente. Pretendemos un proyecto en que cada centro responda a su realidad lingüística. El elemento nuevo, tanto el euskera como el castellano, es que los estudiantes tendrán un perfil de salida del B2 y en una tercera lengua el B1”, ha indicado Bildarratz, sin responder si el actual modelo A, por ejemplo, garantizaría un mismo nivel en ambas lenguas oficiales, algo que no se ha producido hasta ahora.
Tampoco ha aclarado si los estudiantes actuales continuarán en su modelo como hasta ahora, es decir, si los cambios se aplicarían exclusivamente a las nuevas matriculaciones o no. Igualmente, no ha sido preciso en cómo se hará la evaluación de que los estudiantes, al término de la etapa obligatoria lleguen al B2 en euskera y castellano. Bildarratz sí ha explicado, ante la insistencia de las preguntas de los periodistas, que “en la normativa vigente” los modelos ya exigen un conocimiento “suficiente” de los dos idiomas y que el gran cambio es que la ley fija en detalle que esa suficiencia es el B2 del marco común europeo, el cuarto de seis niveles. Fuentes del Gobierno indican que entienden que todo esto quedará perfectamente tasado porque aunque desaparezca de la ley de referencia no se derogará el decreto que desarrolla la normativa del euskera de 1983.
En cuanto a la educación pública, otro gran caballo de batalla por el peso de ikastolas y religiosos en Euskadi, Bildarratz ha indicado que se priorizarán inversiones en esta red y la ley hace definitivas las medidas contra la segregación que ya están exigiendo a todos los centros que reciben fondos públicos. Hay también una disposición para lograr un gran pacto con la segregación escolar, medidas para dejar de financiar los centros que veten alumnado de uno de los sexos y un artículo para facilitar la “publificación” de colegios aunque tras los sucesivos borradores sin la coletilla de que el Ejecutivo podría activarla “de oficio”. La norma sí crea el denominado “Servicio Vasco de Educación”, un concepto polémico porque aglutina a todos los centros que se financian con las arcas públicas, independientemente de su titularidad. “Todos los centros van a tener que cumplir con una serie de requisitos. Si no los cumplen, no van a poder ser concertados”, ha prometido Bildarratz, dando a entender que todos aquellos que cobren cuotas por escolarización estarían en el alero después de años en que esto no se estaba supervisando. También hay una disposición para que se limiten nuevos conciertos a zonas donde exista vulnerabilidad.
La documentación económica adjunta a la ley prevé que el presupuesto crezca de 1.794 millones a 2.028 entre 2023 y 2027. Se alude a un fuerte impacto con la entrada en vigor, con subidas de hasta el 6% en el gasto asociado. No obstante, los informes avisan de que este dato no incluye posibles mejoras salariales del personal -este mismo martes hay huelga en los centros religiosos- y que no estima el posible impacto de que Educación tenga que asumir más esfuerzos para compensar el agujero en los concertados por dejar de cobrar cuotas. Preguntado por ello, Bildarratz ha indicado que las cifras están “perfectamente calculadas”. En todo caso, ha indicado que el programa de inversiones priorizará absolutamente a la red pública.
La ley llega tras un proceso singular. A la inversa de lo habitual, las bases del texto que ahora se presenta se fraguaron no en el Gobierno sino en el Parlamento. En abril de 2022, tras una maratoniana jornada de doce horas, se alcanzó un pacto político entre los dos partidos del Ejecutivo, PNV y PSE-EE, no son tiranteces entre ellos, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, también con muchas dificultades con estos últimos. Solamente PP+Cs y Vox, siete de los 75 escaños de la Cámara, quedaron fuera del pacto. Entonces, el consejero Bildarratz prometió presentar este proyecto legislativo en octubre. Luego lo pospuso a Navidad y más tarde a marzo de 2023. No cumplió ninguno de esos plazos pero sí el cuarto que se fijó, abril. Asimismo, el calendario legislativo de inicio de legislatura hablaba de tenerla para finales de 2023, por lo que la primera intención ha tenido incluso adelanto. La versión definitiva de la ley solamente se ha tenido el 18 de este mes y fue también hace menos de un mes cuando se recibió el dictamen definitivo de la la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Es un día “apasionante” y “verdaderamente especial”, ha afirmado sobre el proceso completado el consejero Bildarratz.
Pero el hito de este martes no implica que esta carrera para reformar el modelo educativo vasco vaya a ser un éxito. Los plazos en lo que queda de legislatura, aunque no se sepa la fecha de las autonómicas de 2024, son ajustadísimos. El Parlamento parará ahora en mayo con motivo de las elecciones forales y municipales. En principio, julio, agosto y la mitad de septiembre son inhábiles. Después, en otoño, la tramitación presupuestaria tiene prioridad y se prevé un nuevo parón por las elecciones generales. Después de Navidad, enero vuelve a ser inhábil. En todo caso, fuentes parlamentarias indican que para intentar exprimir los tiempos el texto ya ha llegado a la Mesa incluso antes de que terminara la reunión del Consejo de Gobierno, a pesar de que Bildarratz no la ha explicado así, y arrancara la rueda de prensa en la que se ha presentado. Es una técnica que ya empleó hace un mes la vicelehendakari, Idoia Mendia, par acelerar la Ley de Empleo. Esto permite ganar una semana en la Mesa. El titular de Educación se ha mostrado convencido de que sí hay tiempo. “Las legislaturas duran cuatro años. El Parlamento no está en tiempo de elecciones. Está trabajando. Confiamos”, ha afirmado.
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