El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha exhibido por vez primera la “incomodidad” del Gobierno vasco con la principal adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza, la empresa catalana Grup La Pau, que gestiona el transporte urgente y programado en Álava y en Bizkaia. En un encuentro con medios de comunicación en Bilbao, ha confirmado que la compañía arrastra dos docenas de sanciones de la Inspección de Trabajo y ha agregado que no está cumpliendo con todos los servicios obligatorios, por lo que le han caído “varias” multas adicionales a la conocida de un millón de euros. Martínez, que asegura desconocer si los planes de esa compañía pasan por abandonar Euskadi, como manifestaron fuentes del sector, afirma que el Ejecutivo tiene un “plan B” para que “si hay algún problema” no se resienta el servicio y los pacientes no se vean afectados en ningún caso.
“No, no estamos cómodos. Por eso hemos pedido informes jurídicos. Pero nuestra única opción es mantenerles. Hay un problema continuado de pagos y un problema de falta de servicio a los pacientes”, ha señalado Martínez preguntado por la crisis con Grup La Pau. El titular de Salud ha parecido dar a entender que no hay posibilidad de rescindir los contratos que le atan con la empresa catalana -de hecho ya después de acceder al cargo refrendó la renovación del contrato del servicio programado-, pero ha prometido “vigilar” con rigor sus actuaciones. “Si no se cumple, tocará establecer las sanciones correspondientes”, ha manifestado.
La última muesca en el historial de Grup La Pau es que la pasada semana la Inspección de Trabajo planteó la enésima sanción -y con la etiqueta de “grave”- por el impago del 75% de la paga extraordinaria del pasado verano. Este organismo ha realizado un requerimiento para que la compañía haga los abonos pendientes antes del 15 de noviembre. Ese informe remarca con claridad que ya ha habido problemas anteriores con las nóminas aunque la empresa rebajara esas denuncias sindicales a excepciones sin relevancia.
En paralelo, hace dos semanas se conoció la intención de la compañía de renunciar a sus contratos en Euskadi. Formalmente, Martínez asegura que Grup La Pau se lo ha desmentido en los contactos que han mantenido tras trascender esos planes, algo que también han hecho públicamente, pero también ha indicado que está listo un “plan B” para el caso en que haya que cambiar de urgencia de empresa prestataria del servicio en Álava y en Bizkaia. Ambulancias de Gipuzkoa lo gestiona en ese territorio y no está afectado por estos problemas.
El consejero ha indicado que lo que se haría en caso de necesidad es activar “un concurso extraordinario para poder resolver el tema”. “Si hay algún problema, se hará un concurso de urgencia para resolverlo en el tiempo menor posible y garantizar el servicio a los pacientes”, ha señalado. Como dato añadido, ha manifestado que Grup La Pau depositó una fianza de “seis millones de euros” en la Administración que garantiza que las sanciones impuestos, aunque no se abonen, puedan ser recaudadas por la Administración.
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