El nuevo consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Imanol Pradales, Mikel Jauregi, mantiene el criterio de Arantxa Tapia e Iñigo Urkullu, todos ellos del PNV, y no aprecia irregularidades en el envío de residuos desde el complejo CMG-I de Zubieta, cuyo titular es el consorcio foral GHK, a la planta Ecofert Sansoain de la localidad navarra de Artajona. En una comunicación enviada al Parlamento Vasco, Jauregi recalca que “no existe infracción alguna” y que no procederá a sancionar a la empresa Ekondakin, que es la gestora de GHK, a pesar de que así se lo había pedido expresamente Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y de que haya abierta una investigación judicial penal por estos hechos.
Los hechos bajo la lupa de Medio Ambiente de Navarra y de un juzgado de Donostia son el envío de unas 5.500 toneladas a Artajona. Los técnicos forales y la Fiscalía coinciden en que el material remitido eran lixiviados (sustancias líquidas) y que, además, se camuflaron las partidas con un código falso (el de los lodos). Navarra, con una presidenta del PSN y un consejero del ramo, José María Aierdi, de la coalición del PNV (Geroa Bai), ha sancionado y clausurado Ecofert Sansoain por estos hechos -también recibió material de otros orígenes, como la empresa vitoriana Oleofat, con sede en Tudela- y pidió por escrito al Gobierno vasco que actuara también contra GHK y Ekondakin. Se da la particularidad de que GHK es un consorcio de la Diputación de Gipuzkoa, presidida por el PNV y con un responsable de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, que es el secretario general de los socialistas en ese territorio. Pese a las semejanzas políticas, el asunto ha generado evidentes tensiones, aunque por el momento Navarra se mantiene muy firme en sus denuncias.
Jauregi, que ha respondido por escrito a preguntas del PP en el Parlamento Vasco sobre la materia, confirma que Navarra ha comunicado los expedientes y las sanciones impuestas a Ecofert Sansoain, como informó este periódico en julio. Los envíos se hicieron el 24 de junio -es decir, dos días después de la toma de posesión de Pradales- y el 9 de julio. Sin embargo, para el 29 de julio el Ejecutivo vasco había respondido ya al navarro que “una vez analizada la información” se entiende que “no existe infracción alguna en el ámbito de la producción del residuo”, es decir, en Zubieta. Y eso que las conclusiones de la documentación navarra mostraban que “este tipo de residuos no se admiten para compostaje en general ni están autorizados en la instalación de Ecofert Sansoain en particular”.
Eso sí, Jauregi exhibe su “disposición” a “celebrar una reunión con objeto de facilitar más información o aclarar cualquier cuestión” que pueda suscitar dudas en Navarra. A comienzos de septiembre, en Pamplona, se celebró una cumbre entre Pradales y la presidenta navarra, María Chivite. En la rueda de prensa posterior, el lehendakari comentó la posibilidad de convocar ese encuentro específico para abordar un asunto que consideró “complejo” y “vidrioso”, pero el lehendakari en ningún momento explicó que la decisión de no sancionar a Zubieta ya estaba tomada.
En paralelo, un juzgado de Donostia tiene abierta desde comienzos de octubre de 2023 una investigación penal en la que hay varios imputados, incluido Asensio. El caso tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía de Gipuzkoa de agosto de 2023. En ella, da credibilidad a unos datos comunicados por la plataforma GuraSOS, que alertó del envió irregular de lixiviados. El ministerio público estima que hay indicios de dos posibles delitos, uno de tipo ambiental y otro de falsedad documental por haber intentado tapar los movimientos de los residuos líquidos. La Fiscalía, eso sí, desechó posibles responsabilidades del Gobierno vasco, que es el ente que supervisa la actividad del CMG-I. Ahora se ha pedido una prórroga del plazo de instrucción hasta abril de 2025 porque la Guardia Civil, que es la Policía judicial en esta causa, no ha entregado aún su informe de conclusiones. Será después cuando comparezcan los investigados, entre ellos el diputado Asensio, que siempre ha defendido con vehemencia que no se ha producido ningún tipo de anomalía, hasta el punto de cargar duramente contra Navarra. También está citada como testigo la directora general de Medio Ambiente de la comunidad foral, Ana Bretaña, que deberá ratificar sus acusaciones.
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