El Gobierno vasco despide a De Miguel, que perderá su sueldo público trece años después de ser detenido por corrupción

La Audiencia Provincial de Álava ha cumplido en menos de 24 horas el trámite de emitir un auto de firmeza con las penas de la sentencia del Tribunal Supremo en torno al mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', notificadas este martes. El Gobierno de Iñigo Urkullu esperaba a esta resolución para despedir al principal condenado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que deberá cumplir nueve años de estancia efectiva en prisión. El expolítico, que fue detenido hace trece años menos un día por esta trama, el 17 de marzo de 2010, llevaba desde entonces trabajando para la sociedad pública Hazi. En este tiempo ha ido ascendiendo hasta llegar al momento actual con una nómina de 57.400 euros (más del doble de la que le correspondía en 2010), la máxima categoría laboral interna y funciones de “coordinador” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea.

En el Parlamento Vasco, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha confirmado que el despido es un “hecho”, aunque ha aprovechado para volver a criticar lo “excesivamente largo” del proceso aunque nada impedía con el convenio de Hazi el despido desde 2019, cuando ya se emitió la sentencia de primera instancia en los mismos términos o muy similares que la que ahora es firme. Así lo adelantó este periódico entonces. Tapia, preguntada por el hecho de haber tenido en su organización a una persona que lideró una trama corrupta, se ha limitado a reseñar que “ha cumplido sus tareas”. “No tengo más que decir”, ha enfatizado. Eso sí, ha garantizado que ahora no le corresponderá ninguna indemnización por este despido, dadas sus circunstancias.

Del área de Tapia también depende el parque tecnológico de Miñano, el punto de origen del caso y donde continúa trabajando como contable el también exdirigente del PNV de Álava, Koldo Ochandiano, socio de De Miguel en la trama al igual que el también peneuvista Aitor Tellería. Aunque está de baja laboral, también será despedido. En su caso nunca había tenido las responsabilidades que sí ha dispuesto De MIguel. Tampoco a él le correspondería indemnización, ha dicho Tapia.

Casi 800.000 euros en responsabilidades económicas

El auto individual sobre la condena de De Miguel confirma que fue responsable de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita o blanqueo de capitales. Se le da un plazo de “diez días” para que ingrese en un centro penitenciario. Existe un plazo de tres días para presentar un recurso de súplica que en ningún caso es suspensivo ni altera los hechos ya constatados. En este plazo se podrían platear tanto problemas de salud como un posible indulto, una posibilidad que estaba barajando su entorno. De Miguel ya ha recibido esta notificación, según confirman fuentes judiciales.

El escrito sobre De Miguel indica que la pena total por corrupción es de doce años pero que el “máximo de cumplimiento” se queda en nueve años. Si el expolítico no se persona voluntariamente en la cárcel, se dará orden a la Policía para lo que arreste. Además, se confirma una inhabillitación para que presentarse a elecciones durante el mismo tiempo de estancia en prisión, una inhabilitación de trece años para ejercer “empleos y cargos públicos”, extremo que se comunicará al Gobierno vasco, a las diputaciones y al Ministerio correspondiente. Además, hay una inhabilitación “especial” adicional para cargos locales, forales y autonómicos de más de 43 años.

En cuanto a las condiciones económicas de la condena, la multa individual es de 11.700 euros, la colectiva de 339.900 euros, la indemnización al Gobierno vasco de 146.230,63 euros y los decomisos rondan los 188.000 euros. A ello se le suman las costas del proceso judicial, que se inició en diciembre de 2009 con una denuncia en la Fiscalía de la empresaria Ainhoa Alberdi.

Quince condenados por la trama

El auto de firmeza cierra el 'caso De Miguel' con catorce condenados y una decimoquinta persona con responsabilidad económicas pero no penales. Además de De Miguel, Ochandiano y Tellería, que eran socios en la empresa pantalla Kataia Consulting, recibe pena de cárcel de cumplimiento efectivo Xabier Sánchez Robles, que fue director de Juventud del Gobierno vasco y que financió a la trama con contratos irregulares 'a dedo'. Quedan con penas que pueden ser suspendidas -también para ello hay un plazo de diez días- Ainhoa Bilbao e Iratxe Gaztelu-Urrutia, las esposas de De Miguel y de Ochandiano, Iñaki San Juan, Josu Montés, Alfonso Arriola, Sergio Fernández Oleaga, Jon Iñaki Echaburu y Justina Angulo. Asimismo, ya liquidaron sus responsabilidades tras confesar y devolver el dinero en 2018 Josu Arruti, socio de De Miguel en la fallida recalificación de Zambrana en la que se movieron comisiones ilegales, y su padre, del mismo nombre. Quedan absueltos Miren Bilbao, Julián Sánchez Alegría, Gurutz Larrañaga, Aintzane de Miguel -hermana del político-, Prudencio Hierro -a pesar de que confesó haber reformado la vivienda de De Miguel a cambio de favores-, Francesc Fernández -quien también admitió las mordidas pagadas en Zambrana-, Placid Casas, Gorka Errasti, Joaquim Sabater, Ramón Tomàs i Riba y Estíbaliz Arruti. Antes, ya fueron exonerados Pablo Larrabide o Asier Arzalluz. Asimismo, la esposa de Tellería, Araceli Bajo, sí tendrá que abonar parte de las sanciones económicas. Kataia Consulting estaba a nombre de las esposas de los tres miembros del PNV de Álava, que ejercían de testaferros.

El tribunal del 'caso De Miguel' que ahora se encarga de la ejecución de la sentencia ha variado sustancialmente del que se encargó del juicio. Solamente queda una de las tres componentes, Elena Cabero, la redactora del fallo. El presidente, Jaime Tapia, es ahora miembro del Gobierno vasco a propuesta del PNV y precisamente ejerce como responsable de Prisiones, una competencia nueva autonómica desde 2021. Raúl Aztiria también dejó la Audiencia Provincial. Les han relevado Francisco García Romo como presidente y Ana Jesús Zulueta.