Gobierno vasco y Diputación de Gipuzkoa niegan irregularidades en la incineradora de Zubieta

El Gobierno vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa han negado este martes con rotundidad posibles irregularidades en el funcionamiento de la incineradora de Zubieta y que se hayan incumplido normas medioambientales sin que se hayan tomado medidas al respecto. Ambas instituciones han puesto en cuestión un informe del grupo de investigación Ekopol de la UPV/EHU, encargado por la asociación GuraSOS, que denunciaba “graves incumplimientos” de la normativa sobre contaminación en la planta. Según este estudio, durante el primer semestre de 2020 la incineradora de Zubieta “estuvo operativa bajo el paraguas jurídico de un 'periodo de pruebas'”, aunque “no cumplía con las condiciones técnicas ni legales para ello”.

Tanto la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que ha comparecido en en el Parlamento Vasco, como Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que depende de la Diputación foral, a través de un comunicado, han desmentido “tajantemente” que la incineradora haya incumplido al Autoridad Ambientan Integrada (AAI), y han acusado a los autores del informe de utilizar datos de forma “inadecuada” mezclando “datos de puesta en marcha con datos de operación de la planta, de forma irresponsable”, con la única intención de “crear alarma social”.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria a petición de Elkarrekin Podemos-IU, Arantxa Tapia, ha asegurado categórica que la instalación cumple totalmente la Autorización Ambiental Integrada, el sistema “no está teniendo averías”, “ni existen instalaciones clandestinas” y “la incineradora está sometida a todas las inspecciones de control”. “Muchas veces, la alarma social viene de una información que se da de una manera inadecuada”, ha advertido. En este sentido, ha distinguido entre los datos que se recogen durante el funcionamiento normal de la planta y durante el periodo de prueba de la misma. “Nosotros, como órgano ambiental, realizamos las inspecciones correspondientes, y los datos del sistema de medición en continuo cumplen con la autorización ambiental integrada; en continuo, que es dónde hay que hacer las mediciones”, ha subrayado, y no en mediciones puntuales ni en el periodo de pruebas.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha recordado a la consejera que el informe de Ekopol habla de superaciones de valores límites de emisiones hasta en 2.000 ocasiones y de que carece “del sistema de control automático que exige la normativa”, que “debe cerrar la alimentación de residuos cuando se da una superación de algún valor límite de emisión”. Tapia ha insistido en que el informe se basa en datos no correctos porque no concretan cuándo se producen esos fallos y que en cualquier caso no se basan en mediciones continuas, sino en momentos puntuales o en periodo de pruebas que no puede extrapolarse al funcionamiento de las instalaciones que son correctas y de acuerdo con las normas medioambientales. También ha asegurado que la planta dispone de medias de control automático para detener el proceso en el caso de irregularidades, y ha señalado que se confunden los procesos de combustión con los de alimentación de residuos cuando hay una anomalía.

Pese a que tanto Gorrotxategi como el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, se han referido a la investigación abierta por parte de la Fiscalía por un vertido de la incineradora en verano y por otras posibles irregularidades, una investigación en la que un miembro del departamento de Arabtxa Tapia figura como investigado, la consejera ha señalado que no tiene comunicación directa de ninguna investigación por parte de la Fiscalía, ni tampoco la persona de la que se habla como imputada, y en cualquier caso, se proporcionará toda la información que se solicite. Respecto al vertido del verano, ha señalado que “se ha buscado dónde se encontraba el problema, se ha comunicado y se ha actuado en consecuencia”. “En este momento, todo el sistema está funcionando correctamente”, ha subrayado.

De igual forma, desde Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK) ha desmentido “tajantemente” que haya habido “incumplimiento” de la Autorización Ambiental Integrada en la incineradora de Zubieta y se ha recalcado que el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa cumple “escrupulosamente” con toda la normativa aplicable y con “todos los requisitos ambientales” de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que “son mucho más estrictos que en otras muchas plantas europeas”.

También se ha referido el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa al sistema que “suspende automáticamente la alimentación al horno”, que en el informe de Ekopol se dice que no existe, y se ha insistido en que “en todo momento” se ha aplicado “estrictamente” la normativa, “tanto en periodo de prueba, de puesta en marcha, como en operación”. GHK ha querido mandar un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía guipuzcoana y ha subrayado que el Complejo Medioambiental “no solo cumple holgadamente con la legislación medioambiental”, sino que sus emisiones de gases contaminantes “se sitúan muy por debajo de los límites establecidos por la normativa”. “Desde que se inauguró oficialmente su actividad en diciembre de 2020, estas han sido un 90% inferiores a lo que permite la legislación europea”, ha concluido.

Obligación para los vertederos de reservar dinero para el sellado

La consejera Arantxa Tapia ha comparecido también en la comisión parlamentaria para explicar el nuevo plan de gestión de residuos que presentó en el mes de noviembre y en el que se prevé realizar ampliaciones de varios vertederos, en concreto de Igorre, Bistibieta y Betearte, las tres en Bizkaia, el de Galardegi, en Vitoria, se reabrirá el vertedero de Epele, en Gipuzkoa, que está cerrado desde 2018, y se restaurará el de Artxanda, en Bilbao. Durante estos años, en los que se prevé ir reduciendo de forma paulatina el nivel de residuos que vayan al vertedero por poder reciclarse, se prevé que estén operativos 8 vertederos de los que solo quedarán cuatro a partir de 2030 tras la clausura de Betearte (Mallabia-Bizkaia) en 2024, Epele (Elorregi-Gipuzkoa) en 2025, Bistibieta (Lemoa-Bizkaia) en 2027 y en 2030, Artxanda (Bilbao-Bizkaia). Unas clausuras que deberán ir acompañadas de trabajos de restauración y regeneración ambiental de esos espacios.

La consejera ha reconocido no tener la certeza de que la clausura y sellado de estos vertederos no vaya recaer de forma subsidiaria en el erario público si no lo acometen las empresas correspondientes, como de hecho está ocurriendo con el vertedero de Zaldibar. No obstante, fuentes del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente han señalado a elDiario.es/Euskadi, que para evitar que pase lo mismo que en Zaldibar, que la empresa no ha devuelto al Gobierno lo invertido en los trabajos de estabilización del vertedero y no acomete el sellado, se prevén aumentar las garantías con cuentas pignoradas que obligue a las empresas gestoras de los vertederos a reservar un dinero por cada tonelada que se vierte.

En cuanto a la polémica sobre la ampliación de los vertederos prevista en el plan, especialmente en cuanto al de Gardelegi en Vitoria, a la que el Ayuntamiento se opuso desde el primer momento, Tapia ha defendido de nuevo que en una “ciudad grande” como la capital alavesa, considera algo “lógico” que los residuos de fibrocemento y amianto de la ciudad y del entorno se recojan en esa instalación y no se tengan que transportar a otro territorio. No obstante ha reconocido que “todavía la conversación me temo que va a ser muy larga hasta que consigamos ese acuerdo, pero lo entendíamos lógico, puesto que Gardelegi tiene capacidad suficiente para poderlo recoger. Daríamos servicio a su ciudadanía y entendíamos que era lo más lógico”, ha reiterado.

En el caso del vertedero de Igorre, ha explicado que el Gobierno vasco está hablando con la Diputación Foral de Bizkaia, ya que en este momento ese vertedero es de concesión pública, para analizar cuál va a ser la figura que se va a utilizar para poder ampliar el vertedero. En este sentido, ha contestado a EH Bildu que la figura del Proyecto de Interés Público Superior está incluida en la Ley de Administración Ambiental, una norma aprobada por el Parlamento, por lo que “es perfectamente legal”. “Es uno de los elementos que se está valorando”, ha indicado. dando por sentado que si el Ayuntamiento se opone, podrán seguir adelante.

Sobre las plantas de tratamiento de tierras, ha explicado que existen dos proyectos en estos momentos, uno más adelantado que el otro, en el que va a participar la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco, y que “también tendrá una parte de gestión pública”.