El Gobierno vasco se escuda en la protección de datos para no informar de lo que paga a Alfredo de Miguel, condenado a 13 años por corrupción

Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV de Álava, fue condenado en diciembre de 2019 a 13 años de prisión por haber liderado una trama corrupta de cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales o manipulación de contratos públicos en la que también participaban otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Año y medio después, continúa trabajando para una sociedad pública dependiente del Gobierno vasco, en concreto para Hazi, que cuelga del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. La consejera, Arantxa Tapia, se escuda en “criterios de protección de datos” para no revelar al Parlamento Vasco cuánto cobra quien todos conocen como Txitxo –hasta 2019 tuvo varias subidas, del 229% en total– y señala que no se ha previsto su posible despido. “Esta persona trabajadora tiene unos derechos a preservar”, se puede leer en la respuesta escrita de Tapia a preguntas del representante de EH Bildu Josu Estarrona.

“Al no ser la persona en cuestión cargo público, su salario no es público y, además, está sujeto a criterios de protección de datos”, explica Tapia. La consejera, no obstante, remite a una comparecencia del entonces director de Hazi, Asier Arrese, ante la Cámara celebrada unas pocas semanas después de que se publicara la sentencia del ‘caso De Miguel’. En efecto, el 4 de febrero de 2020 Arrese respondió de viva voz a algunas preguntas de la oposición sobre De Miguel y apuntó algunas cantidades, pero luego este periódico pudo comprobar que nunca dio el salario real del exdirigente condenado por corrupción. Se situaba en 2019 en 52.542,31, lo que implicaba una subida global del 229% desde que regresó a Hazi cuando quedó despojado de sus cargos políticos tras ser detenido por la Ertzaintza en marzo de 2010. Incluso mientras se celebraba el juicio en el que se sucedieron las confesiones de empresarios y antiguos socios sobre la trama –Arrese, en cambio, fue uno de los testigos propuestos por la defensa que defendió la inocencia de De Miguel–, tuvo dos mejoras retributivas y una subida global de 5.000 euros.

“No tiene una cláusula particular en su contrato. Dispone de un anexo que reconoce una modificación puntual vinculada a la sustitución de una persona compañera de trabajo”, explica escuetamente el Gobierno en la respuesta a EH Bildu sobre esas subidas. Las condiciones laborales actuales de De Miguel vienen determinadas en buena medida por un ascenso que se produjo el 1 de mayo de 2017 por el cual el expolítico empezó a cobrar un “complemento de responsabilidad” al ocupar la plaza de Koldo Goitia, que saltó de Hazi a la alcaldía de Lekeitio por el PNV. En esta sociedad pública hay numerosos cuadros de la formación nacionalista tanto en activo como en excedencia, como el expresidente del partido en Álava, Iñaki Gerenabarrena, el exdiputado alavés Andoni Erkiaga, el viceconsejero Bittor Oroz o la exportavoz en Bizkaia, Elena Unzueta.

El convenio colectivo de Hazi vigente en diciembre de 2019, el momento de la condena, prevé la posibilidad de un despido disciplinario en caso de una “condena” por “robo, hurto o malversación” siempre que tenga “una duración superior a seis años”. Es un requisito que se cumplía al superar los 13 años (9 de cumplimiento efectivo) el castigo impuesto por la Audiencia de Álava. Además, a diferencia de otros convenios con artículos similares, no se añadía la coletilla de “sentencia firme”. El ‘caso De Miguel’ está siendo revisado ahora por el Tribunal Supremo. El Ejecutivo destaca en el Parlamento que la sentencia de 2019 es “provisional” y añade que incluso cuando sea “firme” Txitxo tiene también esos “derechos a preservar”. “Por lo tanto, el supuesto de una indemnización por despido es irreal y, por ello, no se ha considerado”, se lee en el documento enviado a la Cámara, en el que se incide en que “se aplicará lo establecido en la legislación laboral y el convenio colectivo que se aplica al personal de Fundación Hazi”.

Este periódico formuló a Hazi tres preguntas para ampliar la información sobre la situación de Alfredo de Miguel y ninguna de ellas ha obtenido respuesta. Las cuestiones eran si había cambiado el convenio colectivo y se había incluido la expresión “sentencia firme” cuando se regulan los despidos por delitos económicos, si De Miguel tiene poderes para firmar contrataciones o adjudicar subvenciones con fondos públicos y, finalmente, por qué no se dieron las cifras reales de sus subidas salariales en la comparecencia parlamentaria de 2020. Esta entidad pública se ciñe a los datos que se han remitido al Parlamento tanto ahora como en ocasiones anteriores.

Hazi es fruto de la fusión de tres organismos públicos preexistentes dedicados al primer sector. Uno de ellos era IKT, la entidad en la que fue contratado en el año 2000 De Miguel, cuando contaba 28 años y acababa de ser nombrado 'número dos' del Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa del PNV. De Miguel suscribió un contrato “para obra o servicio determinado” consistente en el desarrollo de una aplicación informática y que expiraría cuando terminasen esas labores. El gerente que rubricó la contratación es el actual parlamentario del PNV Luis Javier Tellería. Pero en 2001 abandonó ya IKT con una excedencia para pasar a dirigir otra sociedad pública, el Industrialdea del Valle de Ayala. En 2007, con una segunda excedencia, saltó a la Diputación de Álava como responsable de Urbanismo (Administración Local y Equilibrio Territorial). Su trayectoria se truncó el 17 de marzo de 2010 cuando fue arrestado por corrupción. En ese momento optó por liquidar su relación con el Industrialdea –a cambio de una indemnización– y solicitó la vuelta a IKT, que pronto se reconvertiría en Hazi. Antes, en cambio, tuvo una larga baja laboral que llegó a ser revisada por la Seguridad Social.

Por otro lado, el Gobierno ha enviado también al Parlamento los informes técnicos sobre la ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, una iniciativa que parece volver a la actualidad de la mano de nuevos proyectos como la factoría de baterías para vehículos eléctricos. Se da la circunstancia de que esos documentos vienen firmados por la empresa de arquitectura Stoa, cuyo gerente, Sergio Fernández Oleaga, es otro de los condenados por el 'caso De Miguel'. El caso se originó precisamente por las denuncias de corrupción lanzadas por la empresaria Ainhoa Alberdi cuando se inició hace más de una década la ampliación de Miñano. Alberdi, que gestionó la compra de las parcelas, acusó a De Miguel de extorsionarla para cobrarle una comisión de 100.000 euros. Stoa fue la adjudicataria de la segunda fase, la del planeamiento urbanístico, y Fernández Oleaga realizó transferencias económicas a la red de empresas controlada por Txitxo, a quien consideraba su “padrino” y quien le abría puertas en la Administración. Esos documentos enviados ahora a la Cámara fueron elaborados precisamente mientras se celebraba el juicio por corrupción. En la actualidad, la empresa Stoa ha cambiado de nombre y se hace llamar Hnkingenieria Urbanismo y Medio Ambiente, aunque el CIF sigue siendo exactamente el mismo. Otras empresas del 'caso De Miguel' que siguen activas han hecho lo mismo. 

Se puede leer aquí un especial con toda la cobertura del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi