El Departamento de Seguridad, dirigido por Josu Erkoreka, trabaja de manera “embrionaria” en un plan para “mejorar la seguridad del Parlamento Vasco” que tendría como principal cambio una decisión muy simbólica: la retirada de los agentes de la Ertzaintza de la garita de acceso al edificio principal. Según indican fuentes oficiales, “la idea es que la Ertzaintza continúe con la seguridad exterior” -es punto habitual de manifestaciones y protestas- pero que las funciones de control de entradas y salidas pasen a ser desarrolladas por quien designe la propia Cámara. Un sindicato policial, Euspel, denuncia que se “prescinda” de la Policía vasca en la sede de la soberanía popular: “Sobrepasa el límite de lo tolerable que se pretenda ser una Policía integral mientras encargan la seguridad del organismo más importante del País Vasco a una empresa privada”.
Los servicios de vigilancia de edificios institucionales en Euskadi ya han sido privatizados en su mayoría. La sede central del Gobierno vasco lleva dos décadas custodiada por agentes privados e incluso la propia academia de la Ertzaintza en Arkaute ha externalizado el servicio de accesos. Solamente el Parlamento, el palacio de Ajuria Enea y la sede administrativa de Lehendakaritza mantienen una guardia con ertzainas, que además son los únicos que mantienen la txapela roja en la uniformidad.
Son agentes adscritos a un grupo especial con base en Berrozi, aunque en el caso del Parlamento existe una figura de coordinación adscrita a la Mesa de la Cámara. Actualmente el cuerpo tiene desplegados 21 agentes, que se reparten en cinco grupos de cuatro efectivos cada uno dirigidos por un agente primero. La Ertzaintza dispone en el Parlamento no solamente de la garita de acceso sino de una sala de videovigilancia interna.
La unidad ha solido realizado actuaciones dentro del edificio cuando ha habido altercados con invitados. Cuando se producen incidentes, la Brigada Móvil u otras unidades dan cobertura desde fuera. En el caso del edificio administrativo ya hay vigilantes de seguridad privada, aunque están bajo control de la autoridad pública. El Reglamento del Parlamento apenas hace una mención a la seguridad. En el artículo 113 se atribuye el control del orden de las sesiones plenarias a la presidenta y le permite llamar a “los servicios de seguridad de la Cámara”, en genérico. Sin embargo, la potestad de que abran “diligencias” si se produce un delito solamente la puede ejercer un funcionario público.
En Seguridad se insiste en que “no hay nada decidido” y que toca perfilar la propuesta en busca de la “mejora de la seguridad” de un edificio crítico, como se hace en otras instituciones. Explican que se buscaría una fórmula consensuada con el propio Parlamento. “Por ahora no nos han comunicado nada. Nosotros no tenemos constancia de esto”, explican, por su parte, fuentes de la Presidencia de la Cámara. Tampoco otros miembros de la Mesa conocían este asunto.
elDiario.es/Euskadi
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