Al Gobierno vasco, conformado por PNV y PSE-EE, “no le consta” el contenido de la investigación que ha llevado a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en torno al denominado cártel de las consultoras, una trama que manipuló hasta 200 contratos públicos en toda España de los que casi la mitad eran de instituciones vascas. “No tenemos un conocimiento directo de ese dictamen. Lo que conocemos es a través de los medios de comunicación”, ha señalado en respuesta a preguntas de los periodistas el consejero-portavoz, Bingen Zupiria.
La investigación de la CNMC, iniciada en 2017 por un organismo adscrito a la Administración autonómica como es la Autoridad Vasca de la Competencia, recoge que algunas de esas irregularidades afectan al Ejecutivo autonómico. Hay correos electrónicos en la resolución, que es pública desde hace casi una semana, en los que se aluden a licitaciones de varios departamentos, incluida la Presidencia vasca cuando el lehendakari era Patxi López y áreas dirigidas desde entonces hasta 2018 por consejeros tanto socialistas como nacionalistas. Asimismo, el cártel operó también en instituciones forales y locales, con especial intensidad en Bizkaia. La CNMC no entra a valorar la responsabilidad de las instituciones en lo ocurrido, si bien menciona que hay algunos ejemplos flagrantes de connivencia con la trama de empresas.
Zupiria, sin entrar en detalles, se ha remitido a una entrevista de la actual presidenta del organismo autonómico de Competencia, Alba Urresola. “Ella misma se muestra prudente por desconocer el razonamiento que se encuentra detrás del dictamen y todo lo que podemos hacer es respetar el dictamen”, ha zanjado para despejar una repregunta sobre el contenido de la investigación con un simple “no nos consta”. Se da la circunstancia de que, antes de la entrevista, Urresola compareció en el Parlamento Vasco este lunes. En respuesta a preguntas de la oposición, dudó de que sea “la decisión más correcta” ampliar la investigación del cártel de las consultoras a los años 2018-2021 aunque haya pruebas de prácticas irregulares en los ejercicios anteriores. De la veintena de empresas sancionadas con 6,3 millones de euros, muchas de ellas son vascas. Deloitte es la compañía que ha recibido la multa de mayor cuantía, 3,99 millones de euros. Las otras empresas vascas condenadas son BMASI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Factor Ideas Integral Services, Gestiona XXI Consulting, IDOM, Innovisions 21, Uliker (PKF Attest) o 97 S&F. Han sido sancionadas igualmente otras grandes como Price Waterhouse Coopers (PWC) o Everis.
elDiario.es/Euskadi
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