Los Gobiernos central y vasco han cerrado finalmente el acuerdo para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi, según se ha comunicado a última hora de este miércoles. Es la primera comunidad autónoma que la recibe desde que esta prestación se creó en 2020 y se reguló por ley a finales de 2021. A falta de la confirmación oficial, se indica que el pacto “respeta los estándares de lo que debe ser una transferencia” y el “régimen de financiación” del Concierto Económico, por lo que Euskadi se descontará del Cupo o canon que se abona al Estado por los servicios prestados una cantidad equivalente al 6,24% de los 3.022 millones presupuestados para 2022 en esta materia, unos 188 millones. El acuerdo “se oficializará en fechas próximas” con una Comisión Mixta de Transferencias.
El Ejecutivo vasco, una coalición de PNV y PSE-EE, ha destacado en su comunicación que quien ha “liderado” la negociación ha sido una consejera nacionalista, Olatz Garamendi, titular de Gobernanza Pública y Autogobierno. Sin embargo, el IMV será gestionado por una consejera socialista, la responsable de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia. Según se ha explicado, “la transferencia supondrá que el Gobierno vasco se encargará de la tramitación, del reconocimiento y del pago del IMV”. La prestación se complementará con la renta básica ya existente, la RGI, y los beneficiarios tendrán una ventanilla única a la que acudir, la del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Hasta ahora y desde casi el origen del IMV, Lanbide recibía también las peticiones con una “encomienda de gestión” provisional pero la última palabra seguía siendo de la Seguridad Social.
El pacto llega una semana después de una reunión que, según se explicó, se cerró sin consenso político. No obstante, las fuentes consultadas indican que los flecos no eran de gran calado -se habla de temas de “procedimiento”- y que “desde la mañana siguiente” ya se fueron resolviendo hasta dar por finiquitada la negociación este miércoles. La transferencia “tendrá un carácter indefinido en el tiempo”, lo que corrige una primera propuesta enviada en Navidad de carácter temporal y que el PNV vio como una afrenta.
El IMV acumula tantos meses de polémica política como tiempo ha pasado desde su puesta en marcha. En una de las prórrogas del primer confinamiento, los diputados del PNV arrancaron al Gobierno central que las dos comunidades forales, la vasca y la navarra, gestionarán de manera íntegra esta prestación. Más tarde, el IMV pasó a formar parte del cronograma de materias pendientes de traspaso, que ha tenido algunos hitos como el histórico acuerdo de Prisiones que se hizo efectivo en 2021 42 años después de su inclusión en el pacto autonómico pero que también ha acumulado retrasos. El PNV pareció dar por zanjado el asunto al recibir en otoño el compromiso de que llegaría en 2022 durante la negociación presupuestaria. En ella, igualmente, reclamó avances en la llegada del AVE a las capitales vascas y que se ha traducido ya en una visita de la ministra Raquel Sánchez.
En vísperas de Nochevieja, la consejera Garamendi alertó en un comunicado de los retrasos en materia de desarrollo estatutario. Se acababa 2021 sin zanjar temas prometidos para 2021. Explicó que había recibido algunas propuestas de materias de menor entidad como meteorología o la gestión del litoral y de los fondos cinematográficos pero urgió al Estado a concretar los acuerdos sobre el IMV y Cercanías. La respuesta sobre el IMV no satisfizo en nada a la parte vasca, ya que se estableció como temporal y no como una competencia definitiva para la comunidad autónoma.
En realidad, desde el otoño de 2020 Euskadi ya tramita mediante una encomienda de gestión las solicitudes de IMV. Sin embargo, el pagador sigue siendo la Seguridad Social, lo que ha generado retrasos y duplicidades. La virtualidad de la transferencia plena que reclaman a la vez el PNV y los socialistas vascos es que el tramitador de las prestaciones sociales vascas, en este caso de la renta de garantía de ingresos (RGI), gestione todo en una ventanilla única sin que el ciudadano afectado note ninguna diferencia. Posteriormente, serían las instituciones las que liquidarían las cantidades que tendría que abonar el Estado con cargo al IMV y los restos que abonaría la comunidad autónoma con cargo a la RGI. Además, hay supuestos de beneficiarios que tienen derecho a una y no a la otra.
Una visita de la ministra Rodríguez a Vitoria en enero, coincidiendo con las conversaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el PNV para la reforma laboral, que no fructificaron, desbloqueó el traspaso. La también portavoz se reunió en Ajuria Enea con el lehendakari y posibilitaron la celebración de las reuniones técnicas de las últimas semanas. La ministra Sánchez, por su parte, aseguró también que hay abiertas conversaciones sobre los ferrocarriles de Cercanías.
elDiario.es/Euskadi
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