Los Gobiernos central y vasco ultiman un “acuerdo interpretativo” de la reciente ley que reforma el sistema de la renta de garantía de ingresos (la conocida como RGI) y que integró el ingreso mínimo vital estatal (el IMV) para que fuesen gestionados en una ventanilla única por parte de la Administración autonómica, en este caso Lanbide (Servicio Vasco de Empleo). El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del de Política Territorial, ambos con altos cargos socialistas a su frente, amagó con interponer un recurso inconstitucionalidad a la que ha sido la ley estrella de la parte del PSE-EE del Ejecutivo vasco de coalición con el PNV y que fue promulgada por el Parlamento en diciembre y aplicada desde marzo. Sin embargo, la comisión bilateral previa a este tipo de litigios competenciales ha alumbrado ya un borrador que se hará público “en fechas próximas” y que garantizará la coexistencia del IMV y de la RGI.
El IMV, que es una prestación creada en esta legislatura estatal, bebía de un modelo similar al de la RGI pero era menos garantista que la prestación vasca, creada en 2008, en la mayoría de supuestos. Su ley reguladora previó un traspaso a las comunidades forales, la vasca y la navarra, y tras complejas negociaciones así se materializó. De este modo, el Estado financia la parte de cobertura correspondiente a sus cuantías y los sistemas autonómicos complementan el dinero hasta los umbrales propios. Uno de los puntos críticos es que la prestación la gestiona la Seguridad Social y hay que hilar fino para preservar las atribuciones exclusivas del Estado en algunos ámbitos. Sin embargo, tanto PP como Vox formalizaron sendos recursos ahora están siendo revisados por el Tribunal Constitucional.
En ese contexto se ha conocido que el propio Gobierno de Pedro Sánchez, tras acordar la transferencia y que es del mismo signo político que la responsable de RGI en el Gobierno vasco, Idoia Mendia, inició en abril el procedimiento previo a la interposición de otro recurso, En concreto, entendía que los artículos 6, 8, 11, 63, 64, 88, 95, 97 y 98 de la nueva ley vasca de la RGI podrían incurrir en excesos competenciales. Sin embargo, la normativa reguladora del Constitucional prevé un margen previo de seis meses para que demandante y demandado alcancen un acuerdo interpretativo de una nueva ley en vigor sin necesidad de elevar el asunto a la corte de garantías.
En una respuesta enviada al Parlamento Vasco por la vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Mendia, se indica que en mayo se reunió ese grupo de trabajo bilateral. En la delegación vasca participó también el área de Gobernanza Pública y Autogobierno, bajo cuyo mando están los servicios jurídicos y que depende de la parte del PNV de la coalición vasca. Esa reunión se saldó con un principio de acuerdo. Según detalla Mendia a la Cámara, se ha aceptado por parte del Estado que “la integración del IMV como una prestación del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión es una opción válida que se inserta en el ámbito competencial propio del legislador vasco”. Se entiende que ha habido “pleno respeto” a la “naturaleza jurídica” de que se trata de una prestación de la Seguridad Social aunque el tramitador-pagador sea la comunidad autónoma.
Se añade que el debate sobre esos artículos es “estrictamente interpretativo” y que la lectura compartida que se ha hecho de la ley “elimina cualquier posible disfuncionalidad hermenéutica”. Ambas partes están de acuerdo en que las “competencias normativas” sobre el IMV son estatales y que el convenio suscrito para su gestión autonómica “capacita” a Lanbide para llevar a cabo su “gestión”. “Éste ha sido el planteamiento que ha vertebrado la elaboración de la ley” de la RGI, enfatiza Mendia, que insiste en que “en fechas próximas” habrá “un acuerdo” en esos términos. Ha sido Laura Garrido, de PP+CS, la que había preguntado por este conflicto competencial en el Parlamento Vasco.
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