Euskadi aprueba la reforma de la RGI y eleva las cuantías de protección social hasta los 1.680 euros

El Parlamento Vasco -justo en el momento en el que ha salido el Gordo de la Lotería de Navidad- ha aprobado formalmente el nuevo modelo de renta de garantías de ingresos, conocido por sus siglas RGI. Es el salario social de quienes o no tienen ingresos o quienes precisan complementar salarios, rentas o incluso pensiones bajas. Son 50.000 los perceptores actuales de esta prestación que fue creada como derecho hace catorce años menos un día, de modo que ningún recorte presupuestario puede suprimir el abono de unas cuantías que garantizarán en breve entre 803,13 y 1.680,27 euros mensuales en función de las circunstancias familiares. Además de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU y la abstención crítica de EH Bildu, mientras que el ala derecha de la Cámara, PP+Cs y Vox, se ha quedado en el 'no'.

La aprobación, ya garantizada con los pactos previos en comisión, ha permitido a la parte socialista del Ejecutivo de Iñigo Urkullu exhibir su mayor trofeo legislativo: “Es un día de celebración. Hoy es un día histórico”. Es, además, un hito que el PNV no logró en la pasada legislatura cuando dirigía Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo que tramita estas prestaciones. La vicelehendakari, consejero de Trabajo y Empleo y promotora de la reforma, Idoia Mendia, ha llegado a la Cámara arropada por todo su equipo y otros cargos socialistas encabezados por el secretario general, Eneko Andueza. A su entrada al hemiciclo, colegas como Ekain Rico llevaban bien visible el logo del partido. Asesores socialistas han hecho fotografías de las pantallas que recogen los resultados de las votaciones como recuerdo. El partido entiende la protección social como uno de los tres pilares de la Euskadi del bienestar y se ha colgado la medalla de haber puesto en marcha también los otros dos, la Educación y la Sanidad pública con consejeros como José Ramón Recalde, Fernando Buesa o José Manuel Freire.

Ha abierto la sesión Mendia con un discurso al que ha querido dar trascendencia histórica, aunque algunos parlamentarios estaban también pendientes en sus teléfonos del desarrollo del sorteo de la Lotería de Navidad. Sus primeras palabras, con todo, no han estado dirigidas a explicar la nueva regulación de la RGI. Ha destacado que a quienes les gusta o les disgusta la ley, sin excepción, tienen la oportunidad de votar con normalidad en el Parlamento Vasco, en alusión al veto del Tribunal Constitucional a que el Senado tramite algunas propuestas legislativas sobre el bloqueo del poder judicial.

Mendia ha recordado que en 2008 ella misma apoyó la creación de la RGI desde la oposición y ha agradecido a Elkarrekin Podemos-IU y, en menor medida a EH Bildu, que ahora también se sumen o al menos no se opongan a la propuesta del Gobierno. Sin embargo, no ha mencionado que en 2011, siendo ella miembro del Gobierno, el PSE-EE pactó con el PP un duro recorte tanto de las cuantías (del 7%) como de las condiciones de acceso al sistema (más años de empadronamiento para poderla solicitar). Se lo ha recordado la portavoz del PP en esta materia entonces, en 2008 y ahora, Laura Garrido. Nada más tomar la palabra, Garrido ha dicho que aquella contrarreforma de 2011 “iba en la dirección adecuada” y que “hoy esta modificación no va en el sentido que necesita la sociedad vasca”. Incluso ha recordado declaraciones de la exconsejera y exsocialista Gemma Zabaleta, artífice de aquellos pactos. La socialista Gloria Sánchez le ha recordado que el PP dio el visto bueno a la primera versión de 2008 y que Santiago Abascal, ahora líder de Vox, también la apoyó cuando era parlamentario vasco.

La actual reforma es expansiva, tanto en cuantías como en condiciones para acceder a la prestación. Sin embargo, aunque se prevé ya desde el 1 de enero de 2023 una subida próxima al 8,5% de todos los supuestos, las nuevas tablas no llegan a los umbrales que se previeron en 2008, vinculados a un porcentaje de cobertura del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esos porcentajes no se cumplieron desde 2011, es decir, en once de los catorce años de vida de la RGI. Eso sí, ahora se ha pactado que año a año las actualizaciones no dependerán de la voluntad política del Ejecutivo de turno. Hay un doble mecanismo de revisión y se aplicará el que sea más favorable. Será o bien el 60% de la renta mediana española o bien el “índice de pobreza de mantenimiento” regulado en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de Euskadi. El modelo fija como filosofía que se haga “atendiendo al IPC”, es decir, teniendo en cuenta la inflación para que no haya pérdida de poder adquisitivo.

La norma aprobada entra en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). El Ejecutivo estima que eso se producirá el 1 de abril. Hasta entonces, la ley de presupuestos que se aprobará este viernes y que entrará en vigor el 1 de enero prevé un modelo transitorio para esos meses de ínterin. Prevé cuantías de entre 789,24 y 1.222,47 euros frente a los 727,41 y 1.126,70 actuales y los 800,13 y 1.680,27 definitivos para 2023. Hay una mejora en “todas” las situaciones vulnerables, enfatiza el PSE-EE, que apunta a subidas de “hasta un 50% con menores en familias numerosas” y “hasta un 27% en hogares con titular pensionistas”. Ya se había anunciado también que se modificará la concepción de los pagos para no controlar los gastos que hagan los perceptores, como ocurre con otras prestaciones como el desempleo. En suma, no se vigilará ya si se destinan a supuestos lujos, regalos o destinos que la Administración, sin un criterio claro, venía considerando como innecesarios. Hay también más flexibilidad en el requisito general de acreditar tres años de empadronamiento para colectivos concretos y una posibilidad más amplia para acceder a ella desde los 18 años y no desde los 23.

Mendia ha señalado que no es una ley contra la exclusión, ni para la emancipación juvenil, ni de familias, ni de pensiones, ni contra la violencia machista, ni de empleo ni de igualdad. Pero ha garantizado que mejorará aspectos concretos en todas esas materias. “Los derechos no se heredan de generación en generación. A cada uno nos corresponde defenderlos, blindarlos y ampliarlos. Y es la oportunidad que se le presenta hoy a este Parlamento”, ha señalado la vicelehendakari segunda, que ha recibido la felicitación de Urkullu por la ley.

El PNV ha destacado que es una ley “muy necesaria” y “muy trabajada”, y también ha señalado que sale “con consenso amplio” de la Cámara. Su portavoz, Jon Aiartza, ha apuntado que Euskadi tiene tasas de pobreza mucho más bajas que las de España -16% por 28%- gracias a un sistema que, según ha afirmado, se inició de la mando de un lehendakari nacionalista, José Antonio Ardanza. Ha asistido al debate la responsable de Políticas Sociales del partido y asesora del Gobierno, Nerea Melgosa. El PNV ha afirmado que el actual acuerdo tiene como “base” el trabajo de la pasada legislatura. Elkarrekin Podemos-IU, tercera pata del acuerdo político, ha señalado que el texto final es “extensivo en derechos y garantista”, según ha expresado David Soto.

EH Bildu ha admitido que no es cualquier ley la que este jueves ha tenido encima de la mesa el Parlamento. En todo caso, Nerea Kortajarena ha afeado cierto “cortoplacismo” a los cambios y que no se haya hecho un análisis crítico de los “recortes” aplicados desde 2008. Asimismo, la coalición ha recordado que el Estado ha creado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que lo ha transferido a Euskadi. Esto implica que la parte de cobertura prevista en ese sistema la abona el Gobierno central (con unos 170 millones). EH Bildu entendía que Euskadi podía haber “mantenido” su esfuerzo inversor anterior en la RGI, lo que habría supuesto ampliar cuantías y potenciales beneficiarios. Asimismo, ha recalcado que la bajada de la edad de acceso a los 18 años no es tan clara ya que hasta los 23 se crea una “yincana” de requisitos adicionales para entrar al sistema. En definitiva, su diagnóstico es que Euskadi articula un modelo “por debajo de sus posibilidades y de sus necesidades”. Ahora bien, Kortajarena, pese a las críticas, ha dado a entender que no podían votar 'no' junto con la derecha y la ultraderecha, los que ponen en duda la “legitimidad” de la RGI.

Aprobada la ley, Mendia ha afirmado que el Gobierno se pone ya en marcha para tramitar de manera “urgente” un reglamento que desarrolle los puntos clave de la norma. También ha apuntado que se creará ya la unidad de inspección y que se realizará una campaña informativa para que los afectados conozcan los cambios y sus nuevos derechos.