El “gran estrés” de la pandemia: los hospitales de Vitoria llegaron a tener un 70% de ocupación por la COVID-19

Tras la publicación de la memoria propia para analizar los dos primeros años de la pandemia de COVID-19 en Euskadi, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha querido publicitar este lunes que otro informe, en este caso de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) pero en colaboración con las consultoras LKS Next y Prospektiker, “destaca la gran resiliencia del sistema sanitario vasco” durante el primer año de la pandemia. El documento ha sido presentado este lunes en el Parlamento Vasco y, en efecto, pone en valor que “en ningún momento ha llegado a estar colapsado” el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), aunque sí admite que ha habido momentos de “gran estrés”. De hecho, el propio Ejecutivo asume “impactos negativos”, como retrasos en la detección de casos de cáncer.

Entre los datos que se aportan, se indica que “en los hospitales se habilitaron nuevos espacios y camas hasta alcanzar un total de 5.471, que suponían 1.570 camas por encima de la oferta básica”, alrededor de un 40% más. Además, en la primera ola se dispusieron 794 camas en hoteles medicalizados y centros privados. En la UCI, se dibujó un plan con capacidad para disponer de hasta 560 camas -y no 800, como apuntó en marzo de 2020 el propio lehendakari, Iñigo Urkullu- “frente a las 217 iniciales”, lo que implicaba “planes específicos de compra de equipos y aumento de los recursos humanos”.

“Las UCI no colapsaron en ninguna de las fases de la pandemia”, insiste el informe. En el momento más crítico estuvieron abiertos 440 puestos de UCI y los casos de COVID-19 “llegaron a suponer el 90% del total de personas ingresadas”. Los centros de Álava y Gipuzkoa con UCI no pasaron de la alerta 3 sobre 5 pero en Bizkaia Cruces “durante tres días” estuvo en nivel 4, por lo que “tuvieron que habilitarse camas UCI en el gimnasio”. En las plantas, un tope del 35% de los ingresos totales fueron por cuadros de coronavirus -se admite en el informe que los casos supuestamente no graves eran mantenidos en el domicilio- pero en el caso de Txagorritxu y Santiago, los hospitales de Vitoria, “hasta el 70% de camas polivalentes estuvieron ocupadas o bloqueadas para estos pacientes”. Vitoria, al inicio de la pandemia, fue uno de los epicentros del neovirus en Europa.

Tras la primera ola, el documento analiza los meses finales de 2020. No hay datos sobre el segundo año de la pandemia. Se destaca que los ingresos por COVID-19 fueron “significativamente” menores en algunos momentos pero “la necesidad de recuperar la actividad programada suspendida durante la primera fase, con el consiguiente incremento en las lista de espera, hizo que, en la práctica, la presión sobre los hospitales se mantuviera en niveles similares a los de la primera fase”. En los ambulatorios, “la vuelta a la normalidad costó más”: “La atención presencial se mantuvo lejos de los niveles previos a la pandemia, en parte, porque el mensaje de no acudir a los centros salvo necesidad imperiosa había calado en la población”. Un dato: del 12 al 18 de octubre de 2020 la presencialidad apenas era del 19%. En los hospitales, el pico en otoño se dio a finales de octubre, con 4.328 camas ocupadas (“por cualquier causa”) de un total de 5.349 habilitadas. El pico de ingresos por COVID-19 fue de 745 -cifra no coincidente con los datos hasta ahora conocidos- y la UCI llegó en esos días al 87%, 243 pacientes críticos (también algunos por otras patologías) y 287 camas habilitadas. El tope en esos meses fue de 318 puestos abiertos.

Por otro lado, se indica: “La pandemia ha sometido a un gran estrés a los servicios responsables de la vigilancia y el análisis epidemiológico de la salud. Antes de la pandemia, la Dirección de Salud Pública y Adicciones contaba con 34 profesionales para estas funciones entre el Servicio de Vigilancia y Vacunas, y las Unidades de Vigilancia Epidemiológica. Era una dotación suficiente para sus actividades habituales antes de la pandemia, esto es, el seguimiento mediante encuestas de las enfermedades transmisibles más comunes (gripe, sarampión, sarna, etc.), la elaboración de protocolos de vigilancia epidemiológica, intervenciones para estas enfermedades y la definición de las principales medidas preventivas para evitar su diseminación, como, por ejemplo, las campañas de vacunación y cribado epidemiológico. No obstante, si tenemos en cuenta que en la Red de Vigilancia y Control creada al efecto durante la pandemia, que en sí misma representa un importante logro, llegaron a trabajar más de 700 personas en su momento de mayor dotación, es evidente que los recursos profesionales con los que se contaba antes de la pandemia no eran suficientes para dar respuesta a ésta”.

El informe destaca también el “rol del Labi en proporcionar información de relevancia pública sobre sus decisiones a lo largo de la pandemia”, en referencia a la mesa de crisis articulada para evaluar las restricciones. Se lo ubica como ejemplo de cogobernanza con otras instituciones. Sin embargo, “el ámbito sociosanitario necesita mejorar en la coordinación interinstitucional de la atención sanitaria en las residencias de personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos atendidos por los servicios sociales”. En Euskadi, las competencias de residencias son forales y alrededor de un 20% de todos los fallecimientos se han concentrado allí en la pandemia. Es más, el documento concluye que ha habido “carencia de profesionales sanitarios en las residencias para implementar las medidas y procedimientos requeridos para contener la expansión de la COVID-19”.

Según recoge Europa Press, Guillermo Quindós, de la UPV-EHU, ha sido el encargado de presentar el informe en la Cámara. Osakidetza “no estaba preparada” para la COVID-19, ha dicho, pero tampoco ninguna organización en el mundo. Sobre la seguridad jurídica de las restricciones que se han ido adoptando, el informe remarca que el primer estado de alarma quedó anulado por el Tribunal Constitucional, pero ha pronosticado que sin el confinamiento habría llegado el “acabóse” a la Sanidad pública. Antes, la consejera Sagardui no negó unos datos de una investigación que apuntan a que del orden de 1.700 tumores colorrectales y otros 200 de mama no han sido detectados a tiempos por los retrasos en el primer año de la crisis del coronavirus. En 2020, por ejemplo, las mamografías se redujeron en un 40%.