La Guardia Civil ultima su informe judicial sobre el envío de lixiviados de Gipuzkoa a Navarra y Bizkaia

Según fuentes judiciales, la Guardia Civil ha comunicado en fechas recientes al juzgado 5 de Donostia, cuya titular es Silvia Villanueva, que ultima su informe sobre el envío de lixiviados desde el complejo CMG-I de Zubieta, en Gipuzkoa, hasta la planta de Ecofert Sansoain en Artajona, en Navarra, o hasta Sader, en Bilbao. La Fiscalía consideró que estos movimientos de miles de toneladas podrían ser constitutivos de delito y el Gobierno navarro, a su vez, llegó a decretar la clausura de Ecofert Sansoain al dar por probadas esas irregularidades y a pedir al vasco que actuara con contundencia. En la causa está investigado, entre otros, el 'número dos' de la Diputación de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio, que es responsable de Medio Ambiente y por tanto del consorcio GHK que es titular del CMG-I.

El proceso judicial contra Asensio arrancó en octubre de 2023 y, cuando se iba a cumplir un año, se decretó una prórroga para dar continuidad a la instrucción en función de las conclusiones de la Policía judicial, que es la Guardia Civil porque el asunto supera los límites de la comunidad autónoma. Desde entonces, siempre según fuentes judiciales, no ha habido ningún movimiento en el sumario. Pero el Seprona de la Guardia Civil, más en concreto el UCOMA, su equipo central especializado en delitos ambientales, ha informado a su señoría de que en breve plazo presentará ya el atestado. Técnicamente, hay plazo hasta abril de este año para completar las diligencias, aunque sería posible una nueva ampliación si estuviera justificada.

Se analiza si se enviaron lixiviados camuflados con otro código LER de identificación diferente al exigido por la normativa europea. La Fiscalía dio credibilidad a la denuncia previa de GuraSOS y consideró que había indicios para actuar tanto por el hecho mismo del envío de los residuos como por la aparente falsificación. De hecho, Medio Ambiente de Navarra ha mantenido esa misma tesis en todas sus actuaciones hasta el punto de generar una polémica política con la Diputación de Gipuzkoa.

La magistrada ya plasmó en un auto conocido la pasada primavera que su intención era posponer la previsible toma de declaración como imputado de Asensio y del resto de denunciados por la Fiscalía hasta contar con el soporte del informe de la Guardia Civil, que ya ha realizado otros atestados críticos sobre incidentes relacionados con el CMG-I de Zubieta, que incluye también una planta incineradora. De hecho, además del caso sobre los lixiviados de Sader y Ecofert Sansoain, hay abierta en el mismo juzgado de Donostia otra pieza penal más específica sobre la actividad del CMG-I, que es una instalación externalizada pero de titularidad foral, en concreto del complejo GHK. Esa causa tuvo su origen en 2020 por un vertido que causó mortandad de peces en el entorno de Arkaitzerreka.

En el entorno de los denunciados existe coincidencia en criticar la falta de información en torno al proceso y también en los retrasos que empieza a acumular esta causa. La Fiscalía, en intervenciones públicas, ha exhibido también su malestar por la lentitud de algunos procesos y también la falta de colaboración institucional en la persecución de los delitos ambientales.