Los imputados en la investigación de las oposiciones de Osakidetza llevan meses esperando el sobreseimiento

El juzgado de Instrucción 2 de Vitoria, cuya actual titular es Blanca Ester Díaz Pulido, mantiene bloqueada la causa sobre las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Ni está previsto que continúe la investigación -el plazo, de hecho, ya se agotó en julio de 2022 y la magistrada expresó entonces su voluntad de no ir más allá- ni se está respondiendo a los letrados de la veintena de acusados, que han pedido ya que se archive por completo el caso. Son ya muchos meses de parón los que acumula este sumario y se suman a las dilaciones que ya se produjeron durante la fase en la que la investigación sí estaba abierta.

Los exámenes de esta OPE fueron en la primavera de 2018. A partir de ahí, las primeras denuncias fueron revisadas por la Fiscalía. La propia Carmen Adán, la fiscal superior, lideró las diligencias en primera persona y, a pesar de no contar con toda la documentación que había recabado Osakidetza, decidió elevar el caso a un juzgado al ver indicios de un posible delito. Desde entonces, la causa ha vivido un periplo azaroso. Han sido cuatro las instructoras, Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta, Cristina Rodríguez Ruiz y ahora Blanca Ester Díaz Pulido. En el transcurso de este período se ha llegado a afirmar que revisar todos los exámenes de una OPE no era relevante -aunque los pocos que sí se han mirado tenían patrones comunes de respuesta entre los supuestos beneficiarios de las filtraciones- y ha habido grandes parones. Sin embargo, se concedieron dos prórrogas de seis meses, en julio de 2021 y en enero de 2022.

El pasado verano, expirado ese plazo, ya se emitió un auto decretando el final de la investigación. ¿Para qué seguir estirando el chicle si en las ampliaciones anteriores apenas había habido movimiento? Formalmente, pesa sobre esa decisión de finalización un recurso ante la Audiencia Provincial de Álava de una de las tres acusaciones, el sindicato LAB. Las otras dos, que son la Fiscalía y ESK, han dado por bueno el carpetazo. Pero en octubre este mismo órgano ya confirmó que no procedía abrir nuevas líneas de investigación, tales como el análisis del papel de la cúpula política en las posibles irregularidades que se habrían repetido en una docena de categorías médicas de aquella OPE. Nada apunta a que ahora vaya a revocar el cierre de la investigación si ha señalado que no queda nada más por revisar.

Si eso se confirma, caben dos posibilidades procesales. La primera es que se ordene abrir juicio contra la veintena de personas que han sido investigadas, tanto vocales de tribunales como opositores. Podría ser contra todos ellos o contra algunos de ellos. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

Y la segunda es el sobreseimiento completo de las actuaciones. Confirman dos letrados defensores que la magistrada tiene sobre su mesa desde hace meses esas peticiones y que no ha habido respuesta. “Está todo parado desde hace tiempo. Son asuntos que, cuando entran en vía muerta, se quedan en vía muerta”, lamenta un abogado a este periódico, que plantea también el perjuicio para las personas imputadas durante tantos años. Una u otra opción requerirán de una resolución judicial de la instructora que resuma las actuaciones y extraiga conclusiones. Entre las partes que ejercen la acusación hace tiempo que dan por amortizada esta causa.

En paralelo, el bloqueo de la causa mantiene paralizada la asignación de plazas en las categorías de 2018 investigadas. Aquella OPE correspondía a vacantes de 2016 y 2017 y desde entonces se han convocado en Osakidetza otras dos grandes convocatorias. Precisamente en los últimos días los sindicatos ELA y LAB denunciaron que en los exámenes de diciembre de la especialidad de Neumología detectaron resultados que, como en 2018, podían sugerir la existencia de algunas irregularidades. Salud replicó que la “trazabilidad” de las preguntas estuvo garantizado y que no veía indicio alguno de que se pudieran haber producido filtraciones.