Isidro Barturen, que es el interventor del Ayuntamiento de Barakaldo -la cuarta ciudad vasca en población- emitió el 10 de diciembre un largo y contundente informe jurídico en el que cuestionaba abiertamente la legalidad de una operación urbanística impulsada por el Gobierno local, encabezado por la alcaldesa Amaia del Campo. Se trata de la compra a Arcelor Mittal Aceralia Basque Holding -heredera de los extintos Altos Hornos de Vizcaya- de una vía llamada “carretera interfábricas” por 3,8 millones de euros. Este miércoles por la tarde, en cambio, el pleno municipal ha levantado el reparo suspensivo del interventor con los votos de la coalición de PNV y PSE-EE y ha autorizado esta tramitación urbanística aunque tuviera la advertencia de que estaba abonando por esas propiedades hasta un 30% más de su valor de tasación.
El interventor se detiene primero en cuestionar el porqué de que Barakaldo tenga que poner millones sobre la mesa por una carretera cuando se trata de un tramo entre la N-637 (o BI-30) y la BI-3739 (calle del Obispo Olaetxea) que, en principio, es titularidad de la Diputación. En Euskadi, salvo en el caso de los tramos urbanos, son las instituciones las que gestionan toda la red de carreteras. Explica el documento que en su día no se ejercitó el derecho de expropiación de esta “carretera interfábricas” y que la Diputación debería ser “total o al menos parcialmente” el “responsable último de la situación que ahora se pretende 'solucionar'” con un gasto de 3,8 millones de euros. “No es cuestión menor establecer quién fue el que debiendo actuar no actuó. Si la conclusión es que fue la Diputación Foral de Bizkaia quien debió expropiar y no lo hizo [...], lo cierto es que la responsabilidad última de los daños causados recaería en el ente foral, al menos parcialmente”, reseña el alto funcionario. Y añade que el expediente “presenta una carencia relevante al omitir mención alguna a una cuestión que se entiende un enorme calado y que afecta decisivamente tanto a los intereses del Ayuntamiento de Barakaldo como [...] a la administración de recursos públicos municipales”.
Pero el informe cuestiona también los 3,8 millones de euros que Barakaldo se aviene a pagar a Arcelor Mittal Aceralia Basque Holding. Se denuncia que se contratara a un bufete externo (en este caso Cuatrecasas) para asesorar en la compraventa porque “esta encomienda [...] a un tercero ajeno acaba derivando en la total ausencia de documentación, de expediente administrativo o, en fin, de constancia alguna de cuál haya sido el proceso mediante el que se tasa pericialmente el valor de los bienes”. Menciona el interventor un informe de la empresa TINSA de 2018 en el que fijaba el precio en 2,8 millones de euros. “El precio final a pagar de 3,8 millones de euros supondría un incremento superior al 30% respecto a una tasación que debe reputarse objetiva y elaborada con criterios profesionales y sobre la que, sin embargo, no consta mención alguna en el momento de tramitarse la propuesta de referencia”, se puede leer en el documento. Es más, se refleja que la propia empresa formuló una propuesta inicial por valor de unos 2,9 millones. “Se echa en falta en el expediente [...] alguna mención o explicación acerca de las motivaciones que llevaron a no aceptar o de hecho siquiera considerar hace tres años esa oferta”, se apostilla. Existe también otro que eleva a los 9 millones, aunque se asume que era de parte al ser de los vendedores.
En medio de este baile de cifras y propietarios, el interventor cuestiona también que hayan sido cargos políticos y asesores los que hayan dirigido la operación y no funcionarios. “Lo que procede es determinar quién fijó la posición municipal en este proceso y lo cierto es que lo que los correos electrónicos revelan es tanto la total ausencia de personal municipal profesional, esto es, de funcionarios, como la asunción en solitario de esas tareas por parte de cargos electos y personal eventual”, afirma el interventor, que habla a las claras de “injerencia en tareas profesionales”. “En definitiva, la propuesta sometida a control interventor no puede considerarse plenamente ajustada a derecho. [...] Su legalidad plantea serias dudas”, se recoge en el apartado de conclusiones.
En el pleno municipal, el edil Jon Andoni Uria ha defendido que los cargos públicos tienen “la legitimidad democrática delegada de las urnas” y que su participación “no significa que se haya excluido a los funcionarios”. Por el contrario, la coalición Elkarrekin Podemos-IU-Equo, en un comunicado, considera que se han producido “graves irregularidades en la compra”, que la gestión ha sido “opaca” y que supondrá un desembolso mayor cuando “podrían haberse adquirido por valor de 2,8 millones”.
“Con la Carretera Interfábricas, vamos a eliminar lo que hoy es una barrera física para el barrio, con lo que el futuro Parque Serralta y las viviendas que se van a construir van a quedar plenamente integradas en el entramado urbano de Lutxana. Además, el Ayuntamiento adquiere una parcela de terreno que es necesaria para poder dotar de servicios y accesos al barrio en general y al futuro proyecto de Serralta, en particular”, ha defendido el socialista Juan Antonio Pizarro, del PSE-EE y concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística.
“Con la Carretera Interfábricas, vamos a eliminar lo que hoy es una barrera física para el barrio, con lo que el futuro Parque Serralta y las viviendas que se van a construir van a quedar plenamente integradas en el entramado urbano de Lutxana. Además, el Ayuntamiento adquiere una parcela de terreno que es necesaria para poder dotar de servicios y accesos al barrio en general y al futuro proyecto de Serralta, en particular”, ha defendido el socialista Juan Antonio Pizarro, del PSE-EE y concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística. Y añaden los socialistas: “No debe significar en ningún caso que Barakaldo renuncia a su derecho a exigir a la Diputación Foral de Bizkaia que asuma sus obligaciones como responsable de la expropiación de los terrenos”.