Costó 5.400 euros (más IVA) y, en las últimas dos semanas, ha sido objeto de un gran polémica política. Es el informe para resolver la crisis en el sector del transporte escolar de los colegios públicos en el inicio del curso académico encargado por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, a Joanes Labayen, abogado y socio-director del despacho Cuatrecasas en Euskadi, muy próximo al PNV y, al tiempo, miembro del consejo de administración de una de las empresas que hacen esas rutas, Autocares URPA. La oposición, que ha planteado desde la dimisión del consejero (Ciudadanos) hasta una comisión de investigación (PP y Elkarrekin Podemos-IU), ha alertado de un conflicto de intereses que Bildarratz -arropado ya decididamente por el lehendakari, Iñigo Urkullu- y el propio asesor rechazan. Las otras empresas de transporte han llegado a afirmar que el Gobierno dio a su competencia influencia para mejorar su posición en el mercado.
Pero, ¿cómo es el documento? El trabajo consta de 21 páginas, incluida la carátula. No tiene ninguna fecha de referencia. “Donostia-San Sebastián, a de 2023”, se lee en la portada. Labayen lo firma junto a una compañera de despacho, Nerea Arana, y se identifica como “abogado del Estado”. En el índice se proponen tres partes: “Antecedentes y consulta”, “Resolución” y “Conclusión”. Ninguna de ellas aparece bien numerada y, de hecho, se promete que el último de los apartados llegará en la inexistente página 198. El informe se presenta como “información confidencial” pero recoge una cláusula en que Cuatrecasas puede autorizar su difusión. El consejero Bildarratz lo ha entregado al Parlamento esta semana.
En cuanto a su contenido como tal, en el que se escriben los nombres de Bizkaia y Gipuzkoa en castellano y hay erratas de redacción, el punto 2.7 apunta que los contratos del transporte escolar han sido objeto de hasta 27 recursos durante su tramitación. Sin embargo, se afirma que el bufete “no accedido” a esa documentación para emitir el dictamen, aunque es pública. El punto 2.25 directamente no está rellenado y aparece con texto falso. “SSSS”, es lo que consta. El 2.26 y el 2.27 están también cortados y mal formateados. El punto de conclusiones está vacío. Eso sí, en un momento anterior, el asesor le propone a Bildarratz lo siguiente: “Si ha de elegirse entre respetar la ortodoxia en la contratación administrativa y asegurar el ejercicio de un derecho fundamental, no cabe duda de que debe optarse por la segunda”.
El consejero de Educación, que ha asumido en primera persona la decisión de fichar como asesor externo a Labayen, afirmó que eligió a Cuatrecasas “por su capacidad, solvencia y acreditada experiencia”. Se buscaba una “segunda opinión jurídica” de “refuerzo” del trabajo de los letrados propios. Su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, por cierto, procede del equipo de Cuatrecasas. Indicó también que ese informe “sirvió de base” para una resolución que permitiera ordenar la continuidad forzosa del servicio de autobuses toda vez que apenas el 17% de las líneas habían sido asignadas tras el concurso por el plante de las compañías, fundamentalmente en Bizkaia y en Álava. Admitió que tiene “erratas de formato” y que una prueba de la voluntad de transparencia es el hecho de haber aportado el informe “en bruto”, con esos fallos. Indicó que “se emite el 30 de agosto”.
Aunque el Gobierno de Urkullu quiso por zanjado este asunto con las explicaciones de Bildarratz y la presentación del informe, la oposición no ha soltado la pieza. Para el PP, es un “ejemplo de soberbia institucional”. Carlos Iturgaiz afeó a Educación haber señalado de irregularidades a la parte de las empresas de Bizkaia y Álava que se plantaron al inicio del curso cuando el problema estaba en Gipuzkoa. Ironizó que el PNV del territorio tiene que pasar a llamarse “Gipuzko Bus Batzar” en vez de “Gipuzko Buru Batzar” y que con los nacionalistas siempre son los del partido los “primeros”, en las vacunaciones, en las oposiciones o en las adjudicaciones.
Ciudadanos manifestó que no se puede llamar “completa” a unas explicaciones con este informe “sin fecha ni conclusiones”. “Parece venir de un estudiante de primero de derecho”, abundó Vox. Elkarrekin Podemos-IU y otros grupos han afeado a Educación que entregara el informe sin margen para su lectura y análisis detallado y poder hacer otro tipo de preguntas a Bildarratz. Esta coalición ha acordado con el PP la solicitud de una comisión de investigación sobre el asunto que es previsible que sea votada a finales de octubre o primeros de noviembre. Sin embargo, es poco previsible que prospere ya que el Ejecutivo en el Parlamento tiene mayoría absoluta y el PSE-EE no ha mostrado ninguna fisura con el PNV en esta materia.
El contrato con Cuatrecasas, a pesar de haber sido ejecutado en agosto y finiquitado ya, sigue sin aparecer en los portales de transparencia del Gobierno vasco. El propio lehendakari ha manifestado que “el Gobierno Vasco no tiene ningún tipo de vinculación con la empresa Cuatrecasas”. “El Gobierno vasco ha contratado a la empresa Cuatrecasas sus servicios en materia jurídica con carácter muy puntual para responder a necesidades muy específicas”, señaló. Concretó que han sido cuatro las contrataciones con el bufete de todas las áreas del Ejecutivo y recalcó que se elige a la empresa y no a Labayen. Este letrado es el marido de la presidenta del Parlamento Vasco.
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