Dos informes internos del Gobierno vasco cuestionan en parte la inyección extraordinaria de 67 millones de euros para la enseñanza concertada (50 para los colegios religiosos católicos de Kristau Eskola y similares) con el ánimo de lograr una equiparación salarial de su plantilla con el profesorado de la pública. Esta medida es la primera ley del nuevo Gobierno de Imanol Pradales, como adelantó este periódico en agosto, y saldrá adelante en el Parlamento Vasco sí o sí por la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. Pero no está exenta de controversia.
¿Cuáles son esos informes? La Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo avisa de que el expediente de la ley no recoge los documentos con los acuerdos concretos con las patronales de los colegios privados que reciben fondos públicos y que justifican este dinero. En detalle, el informe alerta de que se “echa en falta una mayor concreción de los cálculos que conducen a los importes”, a esos 67 millones. También se “echa en falta un desglose las diferencias salariales que se pretenden cubrir y el detalle los acuerdos alcanzados con los centros concertados”. “Este desglose permitiría un mayor control y previsión sobre los créditos adicionales que se necesitarán”, remacha el informe de legalidad.
El otro informe crítico es de la Oficina de Control Económico y avisa de que los 67 millones van a ir al “titular del centro”, es decir, no directamente al profesorado al que hay que subir alrededor del 15%-16% (la cifra es orientativa, porque es muy variable e implica cantidades retroactivas desde 2023). Agrega que la norma “debiera complementarse con el establecimiento de un límite temporal que en términos similares obligue a esos titulares de los centros como perceptores mediatos de las cantidades calculadas para que liquiden a los destinatarios últimos las correspondientes cuantías que a cada uno de ellos corresponda”.
El expediente revela también que 50 de los 67 millones van a ir directamente a colegios privados religiosos católicos, a los que la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, llama de “iniciativa social”. El resto, 17 millones, recaerán en las ikastolas privadas. Los primeros acuerdos con las patronales son de febrero y se fueron completando en junio. Por etapas, 47 millones están destinados a las etapas obligatorias y al Bachillerato y el resto a otros ciclos.
Este lunes, la consejera de Educación ha presentado en el Parlamento Vasco esta reforma legislativa. La sesión ha durado unas dos horas. Técnicamente, es un texto de Hacienda, ya que se tramita como una modificación exprés de los presupuestos de 2024 para poder incrementar los módulos de la concertada y abonar los 67 millones antes de final de año. Pedrosa ha presentado esta inyección económica como un paso más hacia la “gratuidad” de la concertada, es decir, a que se haga efectivo lo que ya está prohibido desde hace décadas, que cobren cuotas de enseñanza. Ha recordado que todos los centros sostenidos con fondos públicos, también los de titularidad privada concertados, no pueden exigir cantidades por el servicio educativo, como tampoco camuflarlas como ayudas a fundaciones o similares.
Pedrosa ha explicado también que ya se exploró una equiparación entre el personal de ambas redes en 1992 y que entonces se fijó un 5% de diferencia máxima. Ahora se busca, con el horizonte de 2027, una paridad total. También se les garantizará que un 2% de su retribución se destine a un plan de pensiones similar al que tienen los funcionarios, Itzarri. A cambio, se exigirá a los receptores de estos recursos adicionales salidos de la Administración que cumplan más requisitos. Por ejemplo, tendrán que hacer públicas anualmente sus cuentas, tendrán que fijar criterios transparentes para contratar al personal y tener una especie de “RPT” o estructura definida.
La oposición ha acogido la reforma legislativa con críticas. EH Bildu ha pedido no meter en el mismo saco a todos los centros privados concertados y ha considerado un error el “café para todos”. La coalición, por boca de Ikoitz Arrese, ha recordado que demandó en la tramitación de la reforma de la ley educativa fijar mucho más claramente las condiciones para que un colegio pueda recibir fondos públicos, entre las que ha citado la “laicidad”. Sin embargo, ve “con buenos ojos” la equiparación salarial. Desde Sumar, un Jon Hernández muy contudente ha cuestionado la “solidez jurídica” de la ley, que no está “clara” a la luz de los informes. Y ha preguntado si de aquí a 2027 habrá nuevas inyecciones económicas extraordinarias. “Están haciendo ingeniería contable”, ha agregrado.
Por parte del PP, Álvaro Gotxi ha avisado de que los datos de ejecución presupuestaria ya muestran que la concertada ha recibido ya en lo que va de 2024 más dinero del previsto y sin esperar a esta modificación. Estando a favor de la concertación, ha demandado más “transparencia” en esta operación. “Estamos ante el nacimiento de un nuevo problema”, ha afirmado Gotxi. El PNV ha optado por criticar a los medios de comunicación por mezclar “peras con manzas” y ofrecer datos “confusos” sobre la situación en la enseñanza vasca. Euskadi es la comunidad autónoma con más alumnado matirculado en centros de titularidad privada, casi el 50%.
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