Una inspección del área de Medio Ambiente del Gobierno vasco realizada en abril de 2024 sacó los colores a la gestión del vertedero de Gardelegi de Vitoria, de titularidad municipal aunque externalizado a la empresa FCC, que ahora lo lleva en solitario y antes lo hacía en UTE con otras firmas. A preguntas de EH Bildu en el Parlamento Vasco, el nuevo consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, no descarta que se active un expediente sancionador -cuya tramitación no ha comenzado, eso sí- y detalla que se detectaron importantes irregularidades. Explica, además, que algunos de esos problemas ya se habían localizado meses atrás sin que se les pusiera solución. De su lado, el Ayuntamiento indica que “esa inspección no supuso el inicio de ningún expediente sancionador” porque se respondió “en plazo” a todos los requerimientos, concretamente en el mes de junio.
¿Cuáles son esas desviaciones? Según enumera Jauregi en respuesta a la petición de información de EH Bildu, formulada por la exconcejal en Vitoria Amancay Villalba, hay una que es “poco relevante”, que la celda de residuos no peligrosos colmatada en 2021 “no ha sido sellada”. Los problemas más recurrentes son seis que tienen la tipificación de “moderados”, como que no hay “captación y tratamiento de los gases originados en las celdas inactivas”, lo que genera “emisiones difusas no controladas a la atmósfera de gases de efecto invernadero”, o como que la antorcha del sistema de tratamiento de gases no alcanza los 1.000 grados causando “que no se pueda asegurar su correcta combustión”. También se alude a que no hay “medidas de protección del paisaje” porque se observan “residuos ligeros dispersos” fuera de los vasos o a que hay 10.000 metros cuadrados de basura “expuesta” a la lluvia, “con lo que se maximiza la generación de lixiviados”. Gardelegi no tiene tampoco un cronograma para el sellado de zonas que se van llenando.
Además, hay un problema que alcanza el nivel de “significativo”: la impermeabilización de una celda incumple la autorización ambiental. Fuentes municipales destacan, eso sí, que “ninguna” de las anomalías detectadas recibe la catalogación de “severa”, “que es la de mayor relevancia”. Insisten, igualmente, en que ya se han dado explicaciones sobre la gestión de Gardelegi en comisiones municipales.
Desde 2019 ha habido doce inspecciones en el vertedero de Vitoria. Cinco fueron programadas y otras siete se realizaron por sorpresa para analizar si se habían resuelto las incidencias de los controles previos. La de abril de 2024 no estaba programada y tenía como misión revisar si los requerimientos de la visita rutinaria de octubre de 2023 estaba resueltos. ¿El resultado? De 18 puntos quedaban ocho aún sin resolver. Explica el consejero Jauregi que en el historial del vertedero municipal de Vitoria pesan “desviaciones” en variadas categorías. Cita la “protección de la calidad del aire” y de las aguas, problemas en la gestión de los residuos, contaminación de los suelos o problemas con las autorizaciones y licencias.
Precisamente en abril ya transcendió que Vitoria había tenido que afrontar cuatro multas por las irregularidades en Gardelegi. Suman, en total, 216.000 euros en el último lustro. Las hay por la presencia de lindano sin que nunca haya habido autorización para recepcionar con seguridad ese material altamente contaminante y que se ha acabado filtrando a las aguas, o también por deterioro en la lámina de protección, la multa más grande y que fue detectada con un dron.
Jauregi, en esta ocasión a preguntas del PP, analiza también la situación de Gardelegi a la luz de los planes de que sea también uno de los puntos receptores de residuos de amianto. La normativa estatal de 2022 preveía que los municipios realizasen un censo de puntos con restos de fibrocemento y que elaborasen un calendario para su retirada con un horizonte en 2028. Esa tarea tiene importantes retrasos, aunque en el caso concreto de la capital se hizo una presentación “preliminar” en mayo.
Como complemento, el anterior Ejecutivo planteó que hubiese un punto en cada provincia para recepcionar esos materiales peligrosos que se iban a ir retirando. Hasta ahora, solo Bistibieta en Lemoa estaba autorizado para ello en Euskadi. En Vitoria se designó Gardelegi como referencia, lo que ha generado una polémica política y la oposición frontal de la alcaldesa, Maider Etxebarria. Ahora mismo este complejo, el más grande de Euskadi y uno de los más amplios de España, tiene autorización para residuos “no peligrosos” y habría que modificar su licencia. El consejero admite que, por el momento, “no ha existido ninguna solicitud” de cambios en las políticas de “admisión” del recinto. Se da la circunstancia de que Vitoria ya fue destino de parte de los camiones que dejaron de entrar en Zaldibar cuando esta instalación se desplomó en febrero de 2020. En concreto, la entrada de residuos industriales ha pasado de 17.156 toneladas en 2019 a 33.182 toneladas en 2022.
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