Las instituciones vascas estudian demandar a la UEFA por la decisión “unilateral” de retirar la sede de Bilbao para la Eurocopa

Bilbao, Bizkaia y Euskadi han criticado a la UEFA, a la que estudian demandar, por la decisión de retirar a San Mamés de la lista de estadios sede de la Eurocopa que se va a celebrar en junio. El Gobierno vasco exigía para que hubiera público en las gradas —uno de los requisitos establecidos por la UEFA— que se alcanzasen unos marcadores epidemiológicos que ahora, en pleno repunte de la pandemia en Euskadi, quedan todavía muy lejanos. La Federación de Fútbol (RFEF), que también creía “inviable” que se cumpliesen, ha maniobrado en los últimos días para postular a La Cartuja sevillana como alternativa. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hablado este jueves de una “crónica de una decisión anunciada” y ha dejado entrever que tiene “un cariz político”.

Urkullu se ha mostrado “decepcionado” ante la decisión adoptada por la UEFA. “Las instituciones vascas habíamos hecho una apuesta y existe un contrato que nos compromete”, ha señalado. “La UEFA quería vender entradas, pero a nivel internacional ya estamos viendo muchos ejemplos de eventos deportivos que se están celebrando sin público”, ha apuntado, tras deslizar que desconoce cuáles son las razones reales detrás de la decisión de la UEFA y de la Federación de Fútbol. “Nos resulta muy rara la forma en la que se ha tomado la decisión”, ha lamentado. El lehendakari insta también al Ministerio de Cultura y Deporte y al Ministerio de Sanidad a dar su opinión. “No sé si hay alguien que pueda asegurar cuál va a ser la situación [epidemiológica] de cada lugar en junio y si sabe si entonces va a poder haber aficionados. No sé cuáles son las condiciones sanitarias que a día de hoy pueden proponer y comprometer ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno español”, critica.

Las instituciones que estaban encargadas de la organización del evento (el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco) han cargado con dureza contra la UEFA. “No vamos a permitir que se juegue con Bilbao y con las instituciones vascas. Tampoco vamos a permitir que se ponga en duda la contrastada y larga experiencia y capacidad de las autoridades vascas para la gestión y organización de eventos de alcance internacional”, señalan en un escrito conjunto. “No hemos aceptado ni aceptaremos amenazas, ni agravios, ni menosprecios y, mucho menos, saltarse las normas que rigen, en estos momentos, las medidas para prevenir la salud de nuestros conciudadanos”, apuntan.

En el comunicado se incide en la “responsabilidad” con la que se ha trabajado en una preparación que ya estaba avanzada. “Hasta la semana pasada se ha seguido avanzando en materias como la seguridad, la relación con la prensa, la exhibición del trofeo en el mes de mayo en San Mamés y en el dispositivo para tener un generador eléctrico autónomo para que no faltara la electricidad en ningún momento”, ilustra el escrito. También se critican las formas con las que se ha procedido a apostar por otra sede, la de Sevilla. “Solicitamos a la UEFA en las diferentes comunicaciones de los últimos días que se nos transmitiera [...] en qué punto del contrato se apunta la posibilidad de cambiar la sede sin consultarlo, comunicarlo, trabajarlo, con esta sede. O, al menos, avisarnos si alguien lo estuviera haciendo a espaldas de esta sede, más aún cuando se supone es el compañero obligado en la organización de este evento”, apostillan. En una clara alusión a las maniobras de la RFEF por aupar a Sevilla como sustituta, se señala que las únicas sedes suplentes previstas por la UEFA eran Cardiff y Estocolmo. Urkullu también ha deslizado que estaba “claro” que la RFEF apostaba por La Cartuja antes que por San Mamés.

Ante la falta de una “explicación convincente”, que los organizadores consideran que la UEFA no ha brindado, estos han puesto en manos de los servicios jurídicos el contrato firmado entre ambas partes “para su estudio y valoración”. Hacen “responsables directos” de la suspensión del evento deportivo y de la cancelación de los compromisos contractuales tanto a la UEFA como a la RFEF. “Para que se evalúe [...] el resarcimiento de los importes invertidos hasta la fecha en la organización del evento, que se elevan a más de 1,2 millones de euros, así como la cuantificación de los daños y perjuicios posibles ocasionados por dicha decisión”, se explica.