La instructora de las oposiciones de la Sanidad vasca no comunicará hasta septiembre la prórroga de la investigación

Oficialmente, el pasado 29 de julio se acabó el plazo de investigación de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Se cumplía un año de la entrada en vigor de una reforma procesal aprobada en 2020 por el Gobierno de España que daba un plazo de doce meses a todas las causas abiertas en aquel momento, lo que motivó novedades en numerosos procesos, con la 'operación Kitchen' como ejemplo más sonado. Ese plazo es prorrogable y, de hecho, en este caso se va acordar una extensión mínima de seis meses, según ha constatado este periódico y tal y como habían demandado antes la Fiscalía y los dos sindicatos que ejercen como acusación popular, LAB y ESK. Sin embargo, la resolución de la magistrada instructora Cristina Rodríguez Ruiz informando de la ampliación de plazos no ha sido comunicada aún. Y no lo será hasta el mes de septiembre, escenario que está generando incertidumbre y malestar en algunas partes personadas y que podría condicionar el futuro de una causa que ya ha sufrido parones y tres cambios de juez desde que se puso en marcha.

El auto de la instructora está listo, pero dos fuentes judiciales han indicado que el sistema de notificaciones procesales ordinarias está paralizado todo el mes de agosto en la Administración de Justicia. Al no haber sido enviado a las partes el viernes, todavía 30 de julio, pasará todo el mes hasta que sea oficial la prórroga. Queda la duda de si la extensión de seis meses se habrá comido ya un sexto del tiempo adicional solamente por el retraso. Si se aplica el criterio del año anterior, en los doce meses que se dieron en 2020 se incluyó agosto y, por lo tanto, el nuevo vencimiento sería el 29 de enero de 2022.

También está pendiente de saberse si la prórroga lleva aparejada la práctica de nuevas diligencias, ya que eran decenas las peticiones pendientes que no habían sido resueltas antes del final del plazo ordinario. El sindicato LAB había solicitado, entre otras diligencias, la revisión de todos los exámenes. Hasta el momento solamente han llegado unos pocos y únicamente de la especialidad de Anestesia. Sin embargo, en la especialidad de Traumatología un vocal aludía a que los que sacaron la plaza hicieron cuestionarios que eran “fotocopias” entre sí y respecto de la plantilla de corrección y aún no se ha comprobado tal afirmación. LAB plantea, asimismo, la imputación de la cúpula de Osakidetza, incluido el entonces consejero, Jon Darpón, y otros altos cargos, a los que acusa de un presunto delito de “asociación ilícita” al haber diseñado la OPE “a medida para que hubiera filtraciones”. ESK, por su parte, quiere citar como imputados a dos vocales más de tribunales y a treinta opositores de diferentes exámenes no solamente por su buena nota sino por su relación de “afinidad” con los autores de las preguntas.

Jurídicamente, las denominadas “dilaciones indebidas” son motivo habitual de rebaja de condenas en muchos procesos y desde las acusaciones se teme que parones como el que se avecina puedan ser alegados por las defensas en tal sentido. En el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Euskadi, unas penas ya de por sí elevadas a exdirigentes del PNV de Álava y excargos públicos fueron rebajadas por esta atenuante no ya en la fase de investigación -en la que no hubo un solo mes sin diligencias a lo largo de cinco años- sino en la fase intermedia antes de la celebración del juicio. El 'caso Bravo', por el cual fue condenado por fraude fiscal el exsenador nacionalista y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa Víctor Bravo, también vio rebajado su alcance por estos retrasos. La sentencia llegó en 2020 cuando los hechos eran de 2007. Es lo mismo que ocurrió en el 'caso Balenciaga', el saqueo del museo dedicado al genio de la moda en Getaria.