La investigación de las filtraciones en las oposiciones de la Sanidad vasca se ve abocada a una prórroga hasta enero de 2022

Una reforma procesal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que entró en vigor el 29 de julio de 2020 hizo que todas las investigaciones judiciales abiertas antes de ese fecha tuviesen una duración máxima de doce meses. Así las cosas, centenares de expedientes en juzgados españoles han sido resueltos este jueves, como la 'operación Kitchen' y otros muchos. En el caso vasco, uno de los procesos más significativos afectados era el sumario por las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), cuya investigación estaba aún en una fase muy incipiente aunque hayan pasado ya más de tres años de aquellos exámenes. Según fuentes judiciales, próximamente se espera que sea notificada una resolución de la instructora, la magistrada Cristina Rodríguez Ruiz, que permitiría una prórroga de al menos seis meses en esta investigación.

Las tres acusaciones del proceso, la Fiscalía -como confirmó a este periódico- y los sindicatos LAB y ESK, habían demandado en las últimas semanas una ampliación de los plazos dada la relevancia de los asuntos pendientes, si bien habían buscado también acumular ya todas las peticiones que estimaban necesarias para que entraran en plazo. La nueva fecha de referencia sería ya el 29 de enero de 2022, aunque la normativa de 2020 permite sucesivas prórrogas en caso de necesidad.

El sindicato LAB había solicitado, entre otras diligencias, la revisión de todos los exámenes -en la especialidad de Traumatología un vocal aludía a que los que sacaron la plaza hicieron cuestionarios que eran “fotocopias” entre sí y respecto de la plantilla de corrección- y la imputación de la cúpula de Osakidetza, incluido el entonces consejero, Jon Darpón, y otros altos cargos, por un presunto delito de “asociación ilícita” al haber diseñado la OPE “a medida para que hubiera filtraciones”. ESK, por su parte, quiere citar como imputados a dos vocales más de tribunales y a treinta opositores de diferentes exámenes no solamente por su buena nota sino por su relación de “afinidad” con los autores de las preguntas. Esta central limita a diez las categorías en las que ve indicios más claros de irregularidades. De ellas, en Urología o Microbiología no hay imputaciones hasta el momento.

La no aceptación de una prórroga en la investigación de la OPE supondría un abismo. Habría que determinar si con los elementos recopilados hasta ahora en el sumario hay base para celebrar un juicio. Se investigan una veintena de exámenes en los que aparentemente un grupo concreto de opositores recibieron filtraciones y, hasta la fecha, solamente se han revisado algunas pocas hojas de respuestas de la categoría de Anestesia. En ellas, correspondientes a las mejores notas, se repetía el orden, había redacciones idénticas y hasta los errores eran coincidentes. Y en la especialidad de Cardiología, los vocales Ángel Loma Osorio e Izaskun Obieta señalaron que las sospechas de filtraciones eran “vox populi” sin que en este tiempo haya sido imputada ninguna persona o del tribunal o entre los opositores.

Ahora mismo son once personas las imputadas. Son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía), Iñigo Echevarría (Traumatología) y Thais Salas, Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez (opositora y miembros del tribunal de Cirugía Plástica). Uno de ellos, Echevarría, ni siquiera ha prestado aún declaración. La magistrada Rodríguez Ruiz es la tercera instructora que ha tenido la causa después de Yolanda Varona y Ana Jesús Zulueta.