El interventor de Barakaldo vuelve a señalar al Ayuntamiento por la externalización de contratos de letrados

El interventor del Ayuntamiento de Barakaldo ha emitido un nuevo informe en contra de la externalización de contratos a letrados, un práctica que el equipo de gobierno que dirige Amaia del Campo lleva haciendo desde la pasada legislatura y por el que se han emitido hasta 26 informes de reparo por parte del equipo de fiscalización del consistorio, según constata la intervención en el último informe del mes de diciembre. En este escrito, la intervención hace referencia a la propuesta de la alcaldía de contratar un servicio de defensa jurídica externa del Ayuntamiento de Barakaldo con autorización de gasto total de 238.452,28 euros para este año. Como justificación para esta externalización, la alcaldía aduce que “no se cuenta con personal suficiente” para poder llevar a cabo los asuntos jurídicos del consistorio “en tanto se implementan las medidas dirigidas a la cobertura de las plazas de letrado municipal”, que está en estos momentos vacante tras la jubilación forzosa del titular de la plaza, mientras que la letrada que tiene un puesto de interina se encuentra de baja.

El informe de reparo, sin embargo, viene a decir que el consistorio se encuentra sin letrados “por decisiones propias tomadas, en principio, desoyendo los informes técnicos” que permitían una segunda prórroga en la jubilación del letrado titular y que, además, “no consta actividad alguna” en el sentido de buscar un letrado titular sustituto. Recuerda el informe, en este sentido, que “la adopción de la resolución de la jubilación forzosa parte precisamente de la previsibilidad de que el sentido de esa resolución quedaba inexorablemente determinado una vez llegara determinada fecha”.

La Alcaldía, mediante un decreto fechado el 9 de septiembre del pasado año, decretó la “jubilación forzosa” del letrado titular a los 66 años y dos meses de edad, pese a que en abril del año pasado se le autorizó prolongar la actividad hasta los 70 años. Una acción con la que se culminaban más de cuatro años de discrepancias de la Alcaldía con los servicios jurídicos del consistorio. Discrepancias que han dado lugar hasta cuatro sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento, que llegó incluso a despedir a una de las trabajadoras que ha tenido que readmitir, pero que se encuentra ahora de baja laboral. Esta es una cuestión que ha enfrentado abiertamente a los socios de Gobierno, el PNV y el PSE-EE. Los socialistas no comparten las acciones de la alcaldesa contra el equipo de letrados, -José María Pablos (jefe de servicio jubilado de manera forzosa ) y María Dívar, asesora de letrado titular- que el PNV se encontró en el momento de acceder a la alcaldía en 2015 tras desbancar al anterior Gobierno socialista por primera vez en 32 años, un triunfo que Amaia del Campo revalidó cuatro años después. De hecho, recuperar este feudo socialista de la Margen Izquierda es uno de los objetivos fundamentales del PSE-EE en Bizkaia de cara a las elecciones municipales del año que viene para las que el partido ha confiado en Carlos Fernández, mientras que Amaia del Campo intentará por tercera vez dar el triunfo al PNV.

Este mismo jueves, fuentes de los socialistas de Barakaldo se han vuelto a desmarcar de sus socios de Gobierno en este campo. Desde el PSE-EE han señalado a elDiario.es/Euskadi que “desde el principio” han manifestado su “total disconformidad con las decisiones que ha tomado Alcaldía respecto a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, y así lo hemos manifestado hasta en tres ocasiones en la propia Junta de Gobierno Local desde el 10 de enero de 2020. Hemos pedido que se acaten las sentencias judiciales y, desde luego, discrepamos con la decisión de jubilar forzosamente al responsable de la asesoría jurídica”, han señalado.

Sin embargo, desde el PNV han reiterado una vez más que la jubilación forzosa del letrado municipal estaba “obligada por la ley”. “Para cubrir el puesto hay se sacarlo a OPE, pero eso, según marca la Ley de Presupuestos del estado, no podemos hacerlo hasta el ejercicio 2023, este año”. Aseguran que para cubrir el puesto temporalmente “se ha intentado buscar letrados en bolsas de todas las administraciones públicas pero no se ha encontrado ninguno” porque en un momento de “procesos de estabilizaciones en todas las administraciones, ninguna persona está dispuesta a cambiar de puesto hasta conseguir estabilizada la plaza que actualmente ocupa”, aseguran. “De modo que la única forma de poder contar con un letrado que defienda los intereses del Ayuntamiento en los pleitos que surjan es contratar el servicio externo”, reiteran desde la Alcaldía. Y recuerdan que se trata de un “procedimiento avalado por la secretaría y vicesecretaría municipales, las máximas autoridades en este Ayuntamiento en cuestiones legales”.

El informe de la intervención en cuestión, que Elkarrekin Podemos Barakaldo ha llevado al pleno del consistorio de este jueves, cosntata que  la cuestión de la contratación de servicios jurídicos externos por parte del Ayuntamiento ha dado lugar a partir de mediados del año 2018 a la emisión de numerosas notas de reparo por considerar que no estaba suficientemente acreditado “la existencia de la necesidad de contratar y de la carencia de medios propios”. Además, señala que han sido objeto de crítica el hecho de que se haya recurrido de forma sistemática a “la figura de los contratos menores para proceder a la realización de adjudicaciones directas en favor siempre de los mismos profesionales, en total ausencia de procedimiento”.

En este sentido señala que “a salvo error u omisión, constan 26 informes de reparo emitidos por la Intervención municipal en este sentido, ninguno atendido, con resoluciones de las discrepancias suscitadas que han reconocido obligaciones por total importe acumulado de 129.775,96 euros hasta el pasado mes de septiembre”. Además de ello, “constan cinco contrataciones más en similares circunstancias que aún no han dado lugar a reconocimiento de obligación por total importe acumulado de 33.418,88 euros más”. 

Cuestiona los argumentos esgrimidos ahora por el consistorio para hacer una contratación anual, “porque los dos puestos de trabajo de letrados municipales se encuentren en la actualidad vacantes y que resulte imposible su cobertura inmediata”, debido a la jubilación forzosa de uno y la baja de otra.

Sin embargo recuerda que había informes que no avalaban la necesidad de jubilar forzosamente el letrado, más aún sin contar con un sustituto, y además, “no consta actividad alguna en el sentido de promover la preceptiva aprobación de Oferta Pública de Empleo más allá de la extraordinaria de estabilización”, en la que “ninguna mención se hizo al respecto”.

Durante el pleno de este jueves, la coalición formada por Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-berdeak e independientes,  ha recordado que este informe supone “un capítulo más de los pagos irregulares a despachos de abogados, algunos con vinculaciones evidentes al Partido Nacionalista Vasco, que el Servicio de Fiscalización del Ayuntamiento ha denunciado en varias ocasiones”. El coportavoz de la coalición Christian Bolaños ha recordado que su grupo municipal ya denunció estos hechos, sacando a la luz que el PNV gastó cientos de miles de euros de la ciudadanía -de hecho este partido elevaba la cantidad hasta casi 300.000 euros- al adjudicar “contratos irregulares ‘a dedo’ mientras se disponía de personal y medios propios que podían realizar el trabajo”. Bolaños también ha recordado que, según sentencias judiciales, el letrado y la letrada municipal han sido objeto de mobbing laboral y de una “dudosa” jubilación forzosa “que acabará con la justicia dando la razón al trabajador”.

Elkarrekin no duda en señalar que la alcaldesa y su equipo “dilapidan el dinero público obviando servicios que ya existen. ”Se cargan dichos servicios para generar la coyuntura necesaria que les permita seguir con sus planes de externalización y derroche“, afirman, ”para los jeltzales, los criterios de la parte técnica carecen de peso si son contrarios a intereses políticos o personales“, han subrayado.