Una de las noticias judiciales de la semana es que la Fiscalía de Gipuzkoa ha denunciado al diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, que es el 'número dos' de la Diputación y también secretario general del PSE-EE en el territorio, por haber hallado indicios de criminalidad en la gestión de la incineradora de Zubieta. En concreto, se investiga si se trataron residuos peligrosos en 2022 y si, de manera deliberada, se ocultó ese dato y se derivaron a una empresa no autorizada para manejar ese material. Asensio, que es el presidente del consorcio GHK, titular de la planta de tratamiento de residuos, ha minimizado el caso alegando que lo ha originado la plataforma GuraSOS, a la que ha situado como próxima a EH Bildu, y que ha perdido una cuarentena de denuncias previas sobre el funcionamiento de la incineradora. Ha afirmado también que se ha enterado de la imputación por los medios de comunicación.
Lo que en derecho penal se llama 'notitia criminis', es decir, el aviso de un posible delito, lo dio efectivamente GuraSOS, oficialmente “Asociación de madres y padres para la protección de la salud de las y los niños por la contaminación”. Un letrado se dirigió a la Fiscalía de Gipuzkoa y la especialista en delitos ambientales Lorena Arocena Alonso realizó lo que se conoce como “preinvestigación”. Es decir, completó una revisión somera de los hechos para determinar indiciariamente si revisten o no gravedad. Es por lo tanto el ministerio fiscal y no GuraSOS quien ha denunciado a Asensio y quien estima que ha podido cometer dos delitos, uno medioambiental y otro de falsedad documental (penados con un máximo de ocho años de cárcel). Asensio no es el único imputado, ya que también lo están la directora técnica de GHK, Nagore Peñalva, el ingeniero Manuel Franco y Andoni Sánchez de Luis, de una empresa externa llamada SADER. El filtro de la Fiscalía, precisamente, ha evitado que resulten imputados otras personas señaladas por GuraSOS. En concreto, pedían la citación de la diputada alavesa de Medio Ambiente, Amaia Barredo, que en el momento de los hechos era viceconsejera del Gobierno vasco, y de sus colaboradores Javier Aguirre Orcajo e Hipólito Bilbao. El ministerio público no descarta que puedan ser llamados a declarar, pero no aprecia en ellos indicios de delito hasta la fecha. Se da la circunstancia de la Fiscalía sí denunció a Barredo (y a Aguirre Orcajo) por ver un presunto delito de prevaricación (éste no comporta cárcel) en la gestión de otro proyecto relacionado con los residuos en Gipuzkoa, Valogreene Paper. De nuevo, se hizo ver que era una denuncia más de ecologistas, en este caso de Ekologistak Martxan, y se obvió que esa documentación externa fue revisada también en una preinvestigación por un fiscal.
El juzgado de Instrucción 5 de Donostia ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra Asensio, Peñalva, Franco y Sánchez de Luis. La magistrada titular de la sala es Silvia Villanueva, pero de modo interino la plaza es de Maider Imaz. Fuentes judiciales indican que la apertura del sumario se ha hecho con un auto muy escueto que recoge, en esencia, el escrito de la Fiscalía. Esto ha ocurrido en octubre y lo único que se ha avanzado son los trámites para dilucidar si GuraSOS puede personarse como acusación y, en tal caso, si tiene que abonar una cantidad económica. Así las cosas, ni GuraSOS ni ninguno de los cuatro imputados han recibido notificación alguna de este procedimiento. Asensio, por lo tanto, sí se entero de la noticia que le incumbía por los medios de comunicación, como ha repetido. Ahora bien, en el caso de GuraSOS sí recibió una comunicación de la Fiscalía con el resultado de la investigación de su denuncia inicial, es decir, confirmándole que el asunto iba a continuar su tramitación ya como investigación penal ordinaria. En este contexto, no se ha decidido cuándo tendrán que declarar los investigados. Un imputado tiene derecho a disponer de defensa letrada, a no declarar -o a no contestar a algunas preguntas- e incluso a mentir.
El juzgado sí ha acordado comisionar como Policía judicial del caso a la Guardia Civil y no a la Ertzaintza. No es un tema menor porque son ya varios años en los que se han producido fricciones dado que la Ertzaintza es la Policía principal en Euskadi. Precisamente otra investigación en torno a Zubieta, en aquella ocasión por un vertido a una regata que dejó peces muertos, motivó el enfadó de la Ertzaintza. En la memoria de 2020, la Fiscalía ponderó el trabajo de la Guardia Civil contra los delitos ambientales y señaló, por el contrario, las “disfunciones” en la Ertzaintza. Ha sido GuraSOS quien pidió expresamente la intervención del Seprona, la unidad especializada del cuerpo estatal. En su escrito inicial, planteó a la Fiscalía recurrir a la Guardia Civil con la premisa de que había algunas derivadas de los hechos en Navarra. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, según el Estatuto de 1979, asumen las causas de ámbito “supracomunitario”.
La denuncia de la Fiscalía no entra en detalles pero el caso gira a la supuesta existencia de residuos “peligrosos” en Zubieta en 2022 más allá de los autorizados. GuraSOS, en su escrito inicial, habla de “miles de toneladas” a lo largo del año. En concreto, aporta la cifra de 12.602 toneladas. Añade que “conscientemente”, además, GHK no recogió el detalle de estos residuos en su documentación oficial. Como corolario, explica que esos residuos se enviaron a una actividad de compostaje “para elaboración de abono agrícola”. Por un lado, la empresa gestora de este servicio, Ecofert Sansoain de Artajona, en Navarra, no tendría autorización para trabajar con este material y, por otro, sostiene que “resulta alarmante que un producto dirigido a la producción agrícola y, por lo tanto, alimentaria reciba residuos generados por una incineradora sin exigir ningún análisis o comprobación de su carácter no peligroso”. El ministerio fiscal sí desmonta en buena medida la tesis de GuraSOS de que el Gobierno vasco, como controlador, actuó con “pasividad” o “tolerancia” ante estas irregularidades, aunque no descarta que si en la investigación aparecen nuevos datos se pueda retomar esa línea.
Asensio y el PNV, en el pasado, han insistido siempre en que GuraSOS es de la órbita de la izquierda abertzale -que defiende un modelo diferenciado de la gestión de residuos y que intentó parar la incineradora cuando gobernó en Gipuzkoa- y en que todas sus denuncias han ido decayendo. Sin embargo, mientras los políticos hablan de “cuarenta” procesos judiciales los denunciantes sostienen que son menos, en concreto admiten la existencia de “siete”. Y los que han decaído son los contenciosos-administrativos, no los penales. GuraSOS habla de seis cerrados por “inadmisión a trámite”, es decir, sin entrar al fondo, y de un séptimo pendiente de casación en el Tribunal Supremo. Además, ningún precedente en lo contencioso-administrativo supone lo que se conoce como 'cosa juzgada', es decir, no condicionan el desarrollo de la actual investigación. Es más, en lo penal sí ha habido otras actuaciones que han prosperado. Por ejemplo, el vertido a la regata Arkaitzerreka de 2020, denunciado también por esta plataforma, hizo que la propia GHK tuviera que multar con 45.000 euros a la empresa gestora de la planta, Ekondakin, una UTE en la que, entre otros, forma parte Urbaser. Al hilo de estos hechos, la Guardia Civil emitió un informe en el que alertaba de que algunas sustancias detectadas, los cloroalcanos, eran altamente tóxicas e incluso cancerígenas. Antes aparecieron amoníaco y metales pesados. El propio juzgado de Instrucción 5 de Donostia tiene abierta una causa (las diligencias 991/2020) sobre Arkaitzerreka y otros hechos de presunta contaminación. Está imputado el director general de GHK, César Gimeno, además del gerente de Ekondakin, junto con otra docena de personas y las propias personas jurídicas. En el juzgado de Instrucción 4 hay otro expediente abierto, el 2295/22, con un imputado, el alto funcionario autonómico responsable de la autorización ambiental, Hipólito Bilbao. Asimismo, argumenta GuraSOS que tanto el Seprona como la Fiscalía “han llevado a cabo numerosas investigaciones” similares en el resto de España.
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