En un giro inhabitual en el actual escenario político de bloques, en el Parlamento Vasco la coalición Elkarrekin Podemos-IU y el PP están dispuestos a firmar conjuntamente una petición para que se abra una comisión de investigación en relación al “escándalo” en torno al transporte escolar en Euskadi, particularmente tras conocerse que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, fichó personalmente como asesor para resolver el conflicto con las empresas del sector al abogado de Cuatrecasas Joanes Labayen, que es al tiempo consejero de una de las contratistas, Autocares URPA. Les une una voluntad de “transparencia” y de que se esclarezcan hechos “muy graves”. Con todo, la petición tiene escasos visos de prosperar si no la apoyan el resto de partidos de la oposición -desde Vox a EH Bildu- y también el socio minoritario del Gobierno, el PSE-EE, que no se ha pronunciado deliberadamente sobre este asunto en los últimos días.
El reglamento de la Cámara impide a los grupos más pequeños solicitar comisiones de investigación en solitario. Se requieren un mínimo de 15 escaños, condición que solamente cumple la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, y el propio PNV. Como alternativa, abre la puerta a que se pueda hacer con un escrito común firmado por dos formaciones. En una rueda de prensa, Elkarrekin Podemos-IU, por boca de su portavoz, Miren Gorrotxategi, ha pedido abiertamente la investigación y ha tendido la mano a otros grupos para llevarla a cabo. Ante la evidencia de que hacerlo con el grupo mixto de Vox y Ciudadanos es poco menos que un imposible y que EH Bildu no necesita esta fórmula -además ha pedido no actuar con “ansiedad” ni con “ligereza”-, la única alternativa restante sería el PP. Preguntada por los periodistas por si la izquierda estaría en disposición de firmar con el PP, Gorrotxategi ha sido igual de concisa que de contundente. “Sí”, ha dejado claro.
Ha añadido Gorrotxategi que “el transporte escolar es un servicio esencial” y que, según su criterio político, “debería ser prestado desde lo público”. “Pero mientras se concierte, estos procesos han de ser absolutamente transparentes”, ha manifestado. Cree Elkarrekin Podemos-IU que Labayen era un asesor “contaminado” por su posición en el consejo de administración de URPA. Y ha agregado que es una muestra más de la existencia de “redes clientelares” que parasitan lo público.
Fuentes del PP en el Parlamento Vasco consultadas por este periódico explican que ya llevaban varios días preparando iniciativas para esclarecer la controversia en torno al contrato de los autobuses escolares y, particularmente, el papel de Labayen. Ellos mantienen peticiones propias ordinarias, como preguntas y solicitudes de comparecencias, pero no ven con malos ojos una comisión de investigación, como tampoco hacerlo con la coalición de Podemos e IU. Los despachos de ambos grupos están puerta con puerta en la Cámara y la interlocución será rápida y sencilla. En todo caso, está pendiente de que Bildarratz comparezca en la comisión de Educación para dar todos los detalles sobre lo ocurrido en el arranque del curso académico 2023/2024.
En realidad, existe un precedente. Se dio en 2018. La última comisión de investigación que puso en marcha el Parlamento Vasco tuvo la firma de ambas formaciones, aunque el matiz es que entonces el negociador de la confluencia de izquierdas era de Equo, José Ramón Becerra, y no de Podemos o IU. Finalmente, EH Bildu se sumó al acuerdo y el pleno -entonces con mayoría de la oposición- acordó la apertura del grupo de trabajo. Además, en aquella ocasión el objeto de la investigación fue también el ámbito educativo y sus contratos. En concreto, se revisó el denominado 'cártel de los comedores', el gran fraude en la contrata con las empresas de 'catering' de la red pública. Nuevamente, PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU-Equo pactaron las conclusiones de la comisión, que señalaron la existencia de un agujero de unos 80 millones de euros.
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