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La Justicia absuelve a todos los implicados en el primer juicio por corrupción en Alonsotegi después de tres confesiones

Un momento del juicio por corrupción de Alonsotegi, celebrado este martes.

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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Absueltos. Según explican fuentes judiciales, el primero de los juicios por las denuncias de corrupción en la localidad vizcaína de Alonsotegi se ha cerrado sin ninguna condena para los implicados, el arquitecto Alberto Zulueta y los constructores Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra (Laneder), así como para Marta Novo. El alcalde entre 2011 y 2015, cuando se produjeron los hechos que ahora han sido analizados, José Luis Erezuma, falleció antes de la vista y ya quedó extinta toda posible responsabilidad penal. Se trata de una sentencia que no es firme, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero que tiene un gran calado judicial y político, ya que entiende que no hubo ni prevaricación, ni falsedad documental, ni fraude, ni estafa ni malversación.

El fallo absolutorio de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que se hará público oficialmente próximamente y que estará firmado por los magistrados Ángel Gil, José Ignacio Arévalo y Cristina de Vicente, llega después de tres confesiones de que en Alonsotegi, en aquella época, se abonaron cantidades de dinero por obras que no se habían realizado, en concreto unos 680.000 euros. Los empresarios imputados lo admitieron en la fase de investigación y no lo negaron tampoco en el juicio. De hecho, en la propia sentencia constará que no hicieron las obras que se les habían abonado.

La vista, precisamente, se fue posponiendo durante años porque a comienzos de 2022 los acusados, entonces también Erezuma, habían accedido a abonar 900.000 euros por el quebranto económicos de lo sucedido -el total de las facturas más los intereses- y a admitir los delitos cometidos a cambio de no entrar de modo efectivo en prisión, es decir, a cambio de una pena mínima y simbólica. El propio presidente del PNV, Andoni Ortuzar, admitió en Radio Euskadi que los delitos estaban admitidos y que sentía “pena” por un caso que era una “chapuza” pero no corrupción.

Aquella confesión explicó que había una deuda de 1.066.944,01 euros a Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. El alcalde, Zulueta, otros asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba, siempre según los hechos previamente admitidos. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento. Esos trabajos son los que no se hicieron.

El fallo argumentará que Erezuma no solamente no cometió irregularidades al hacer estos movimientos sino que pudo reparar una deuda con un tercero causado por el propio Ayuntamiento. También incidirá en que no hubo quebranto para las arcas públicas de ningún tipo, aunque los mismos imputados lo fijaron en unos 900.000 euros. La Audiencia de Bizkaia, en todo caso, precisará en su resolución que no aprecia “mala fe” en la labor de investigación de las acusaciones.

Otros casos pendientes

Esta sentencia resuelve el primero de los tres juicios por los delitos de corrupción investigados en el municipio vizcaíno de Alonsotegi. Los casos afectan a los mandatos de tres alcaldes consecutivos del PNV, Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007), Aitor Santisteban (2007-2011) y el difunto José Luis Erezuma (2011-2015). Se de la circunstancia de que es un municipio creado en 1991 con escisión de Barakaldo. Es conocido por ser la localidad natal del lehendakari, Iñigo Urkullu.

La vista se celebró en enero, en una única pero maratoniana vista. El segundo juicio está ya en puertas de celebrarse, aunque no hay una fecha fijada aún. Está casi todo listo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan siete años de prisión para Santisteban, que está acusado de facilitar desde su puesto con sucesivas resoluciones que empresas contratistas pudieran cobrar elevadas cantidades de dinero por obras que aparentemente no se realizaron. Le acusan de varios delitos y “continuados”. Inicialmente también de malversación de caudales públicos, un tipo retirado a última hora en el primer juicio. EH Bildu, desde la oposición, denunció las irregularidades en el municipio y ahora ha relevado al PNV en la alcaldía.

El 'modus operandi' de los hechos es muy similar en ambos procesos. Prácticamente idéntico, con lo que queda la incógnita del efecto de este primer fallo. Si en el primer caso se ha revisado una salida de unos 680.000 euros a la constructora Laneder con cargo a unas subvenciones de la Diputación principalmente, en el que afecta a la etapa de Santisteban la factura sube a 2,3 millones de euros y las beneficiarias fueron Laneder pero también Pabisa (Campezo). La participación del Estado como acusación, una novedad en relación al primer juicio, se fundamenta en que las subvenciones solicitadas en esta ocasión fueron a la Diputación vizcaína (1,7 millones) pero también al 'plan E' del Gobierno central durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, se cobraron dos partidas de unos 230.000 euros. Los nexos en común entre ambas causas, aunque se tramite de forma separada, no quedan ahí. Entre los imputados figura en ambos procesos Alberto Zulueta, arquitecto contratado por el Ayuntamiento y que figura también en la tercera de las piezas. Por él pasaban los informes que valoraban las actuaciones y también recibía contrataciones municipales.

El tercer caso es algo diferente. En la forma y en el fondo. En la forma porque será juzgado con un tribunal de jurado. Y en el fondo porque lo que se revisa es la actuación de la sociedad urbanística municipal en su conjunto. Alonsotegi Eraikiz, como se llamaba, dejó un agujero de 15 millones de euros. Están procesados Martínez de Arenaza y de nuevo Santisteban.

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