A la tercera va la vencida. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado el visto bueno a la norma foral de Gipuzkoa que impone peajes para camiones a su paso por la N-1 y la A-15. La medida está en funcionamiento desde el mes de enero, pero es el tercer intento de la Diputación de Gipuzkoa de cobrar a los vehículos pesados para circular por su territorio. En esta ocasión, los tribunales sí han avalado la norma, por lo que la Diputación ha mostrado su “satisfacción” por el respaldo a una medida que consideran necesaria para la sostenibilidad y la viabilidad de las carreteras, pero que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de transportistas por considerar que se les hace pagar un canon abusivo, dicen.
Las dos anteriores fueron anuladas por los tribunales porque consideraron que se trataba de normas discriminatorias para los camioneros de fuera de Gipuzkoa por las zonas en las que estaban colocados los peajes, ya que afectaban fundamentalmente a los de paso. Aunque esta tercera norma también fue recurrida por las principales asociaciones del Comité Nacional del Transporte de España, entre ellas Fenadismer, los tribunales han avalado finalmente su continuidad.
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa y candidata a diputada general por el PNV, Eider Mendoza, ha mostrado en conversación con este periódico su “satisfacción” por el fallo judicial: “Si la Diputación y las Juntas Generales han aprobado esta norma es porque se ha querido priorizar el interés general de la ciudadanía de Gipuzkoa, que es un territorio de paso, un territorio estratégico. Aquí construir infraestructuras es mucho más caro que en otros sitios por la orografía que tenemos, y el mantenimiento es muy costoso porque el tráfico es muy muy denso”. Ha recordado en este sentido que el coste supone unos 100 millones de euros anuales. “Hemos priorizado el interés general de la ciudadanía más allá de intereses particulares de otros colectivos”, porque si “no se hace pagar a los camioneros que atraviesan Gipuzkoa tendría que asumir todo el coste la ciudadanía de Gipuzkoa y eso no es posible”.
Además, ha recordado que las directrices europeas son “absolutamente claras al respecto”. “Establecen que quien contamina paga, que quien utiliza paga”. “La Diputación siempre ha hecho todo hasta ahora con el aval de la Comisión Europea”, aunque los tribunales no lo le hayan dado el visto bueno hasta ahora, ha insistido. “La ciudadanía de Gipuzkoa no debe costear el mantenimiento de unas infraestructuras que son costosas cuando son utilizadas por muchos camiones que están aquí de paso”, entiende Mendoza.
En la misma línea, la diputada foral de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, ha recordado que el Gobierno foral ha sido “pionero en estas políticas europeas que ahora vienen por detrás también otras administraciones”. “Hemos sido pioneros y el ser pioneros nos ha costado un pequeño peaje, valga la redundancia, pero al final el tiempo nos ha dado la razón”, ha señalado. Ha puesto en valor, en este sentido, que también se ha establecido ya este peaje en zonas de Bizkaia y “pronto” se hará en Álava y Navarra, “como en el resto de Europa y que el Estado español deberá abordar antes del año 2024”.
Por su parte, Fenadismer, una de las organizaciones del Comité Nacional del Transporte que recurrió esta tercera norma foral, ha considerado que la medida tiene una función “meramente confiscatoria”. El secretario general Fenadismer, Juan José Gil, recuerda que en esta tercera ocasión, “la nueva regulación somete a peaje prácticamente todo el trazado de ambas vías, en concreto en 49 kilómetros de la N-1 y 28 kilómetros de la A-15, estableciendo 7 pórticos de control y 108 banderolas de paso para el cobro del peaje, frente a los tan sólo 4 pórticos que había con anterioridad”. Esto supone, en su opinión una “gran inversión” que la Diputación quiere financiar “incrementando sustancialmente el importe de los peajes, muy por encima del importe medio de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional, triplicándolos frente a las versiones anteriores pese a tratarse de una carretera nacional desdoblada”. “Unos peajes frente a los que Fenadismer viene manifestando su absoluto rechazo por el impacto tan brutal que los nuevos importes establecidos están teniendo sobre los transportistas, siendo especialmente los más castigados los propios guipuzcoanos”.
Afirma en este sentido que “las nuevas cuantías de los peajes comparándolas con aquellos países europeos que han transpuesto también en sus respectivos ámbitos la Directiva europea sobre tarificación de infraestructuras, se encuentran entre los más altos de Europa”. “Así comparándolo con Alemania se sitúan entre un 30 y un 40% más elevados, incluso un 50% respecto de los de Bélgica, pese que al nivel de renta en ambos países es muy superior al de aquí, teniendo en cuenta además que la Diputación guipuzcoana recauda anualmente por el impuesto sobre hidrocarburos en torno a 400 millones de euros, principalmente de los transportistas, lo que supone 10 veces más que el presupuesto destinado por la Diputación foral al mantenimiento de sus carreteras”, ha argumentado Juan José Gil, que asegura que todavía no han decidido si presentarán recurso contra la sentencia.
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