Un juzgado y Asuntos Internos investigan un vídeo con una agresión de agentes de la Ertzaintza a dos migrantes

Un juzgado de Bilbao y Asuntos Internos de la Ertzaintza investigan a varios ertzainas por un supuesto caso de brutalidad policial ocurrido tras la detención de dos jóvenes extranjeros en Bilbao el pasado verano, tal y como informa el diario 'El Correo' y ha podido comprobar este periódico. En un primer momento, los jóvenes fueron detenidos y se les imputaba un delito de atentado contra agentes de la autoridad, pero la revisión de las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la zona de la detención llevaron al juez que instruía la causa a archivar esa denuncia y a abrir un nuevo procedimiento policial contra los ocho agentes implicados en el arresto.

De acuerdo con 'El Correo', fueron tres chicas las que alertaron a la Policía de la presencia de otros dos jóvenes que, en estado de embriaguez, las estaban insultando. Las cámaras no captaron parte de la detención, que quedaba fuera de su alcance, pero en ciertos momentos la acción vuelve a entrar en el plano y se puede apreciar a los agentes golpeando a los detenidos cuando ya tienen las esposas puestas. A uno le llegan incluso a dar varios puñetazos y patadas cuando está reducido en el suelo. Aunque en la detención participaron hasta ocho ertzainas, son dos agentes los que desempeñan un papel más activo y los que tuvieron que comparecer ante el juzgado de instrucción número 10 de Bilbao para brindar declaración. Son, según ha podido saber este periódico, un agente primero y un agente de la penúltima promoción, todavía sin plaza en propiedad.

Desde el Departamento de Seguridad, se asegura que se ha tenido constancia de los hechos a través de un auto que ha llegado del juzgado de instrucción y que, si bien los hechos sucedieron en junio de 2021, el auto judicial no ha llegado hasta febrero de 2022. “En principio, dos agentes de la Ertzaintza iban a ser objeto de investigación por un presunto delito contra la integridad moral de las personas”, ha explicado este miércoles el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Una vez recibida la notificación, se puso en conocimiento “inmediato” del Servicio de Asuntos Internos de la Ertzaintza con el objetivo de que abriese una investigación. Aun así, subraya que la grabación que se esgrime y en la que se verían las supuestas agresiones no se ha adjuntado y que, si bien Seguridad la ha solicitado “hasta en tres ocasiones”, no ha podido conseguirla por el momento. “Lo que ocurrió está recogido en un vídeo que conoció el juez que dictó el auto, pero que no está al alcance del Departamento de Seguridad. El vídeo procede de una cámara instalada en la vía pública, pero no es titularidad del Departamento de Seguridad, sino que pertenece a otra entidad y, por tanto, está protegida al tratarse de datos de carácter personal. Se lo hemos pedido al juez para poder conocer exactamente el contenido de las imágenes y para que el Servicio de Asuntos Internos pueda emprender la investigación correspondiente”, ha explicado. Erkoreka ha añadido que, si bien es cierto que se les envió un archivo, este estaba vacío y no contenía el vídeo.

“El Departamento de Seguridad manifiesta su respeto al principio básico de presunción de inocencia para los agentes de la Ertzaintza y a los tiempos de una investigación judicial que acaba de abrirse para esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades”, añade Seguridad, y aprovecha para reafirmar “su firme compromiso con el principio de proporcionalidad que debe regir toda actuación policial”. “El Departamento de Seguridad se pone a disposición del juez correspondiente para que si en la instrucción, más allá de la declaración de las personas implicadas, puede aportar algo para esclarecer los hechos”, ha subrayado también Erkoreka.

El delito contra la integridad moral consiste, según el Código Penal, en “infligir a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad o dignidad moral”. Para las autoridades, se prevén penas de prisión de entre dos y cuatro años en caso de atentado grave y de seis meses a dos años en caso de que no lo sea. En cualquier caso, está prevista también la “inhabilitación especial para empleo o cargo público” durante entre dos y cuatro años.