La titular del juzgado de Instrucción 5 de Bilbao, la magistrada María Dolores Muñoz Salvatierra, ha decidido rechazar la ampliación de la investigación seguida contra el que fuera director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco, Fernando Izaguirre, también exportavoz del PNV en Galdakao, por su gestión anterior al frente de la DYA de Bizkaia. “No por mucho repetir en sus escritos con intensos relatos se puede derivar la existencia de engaño o concertación para contratos simulados. No consta soporte objetivo alguno”, se puede leer en una muy contundente resolución judicial -también con muchísimas faltas de ortografía- dictada el 8 de junio pero notificada en las últimas horas. La desestimación de los delitos económicos no implica el cierre total de la investigación contra Izaguirre, ya que se mantiene contra él una imputación por administración desleal y delitos societarios, según fuentes judiciales.
La DYA de Bizkaia, que hizo una revisión de la anterior etapa y se querelló contra Izaguirre, formalizó una ampliación de la denuncia inicial a principios de mayo y nuevamente solicitó la práctica de más diligencias de investigación el 26 de mayo. El letrado de la DYA, Pablo José Münzenmayer, había aportado datos de operaciones presuntamente gravosas lideradas por Izaguirre. Una de ellas estaba vinculada a Catalunya, en concreto a Can Padró y un negocio en el que participaba también Eulen. Según la instructora, en la querella solamente hay referencias a “voluntades” y “en modo alguno” constan indicios de “concertación o engaño” relacionados con esas sociedades. Asimismo, rechaza que existiera “afinidad” entre Izaguirre y el titular del local de Garellano que alquiló la DYA. “Otorga un contrato de alquiler. ¿Y? ¿Qué engaño ha habido y qué perjuicio se ha derivado?”, se pregunta la instructora, que afea que se hagan contra Izaguirre “afirmaciones gratuitas”, “sin datos o documentos” en que apoyarlas. Extrae la misma conclusión de que no hay “mínimos indicios” de “maquinación fraudulenta” en la compra por parte de la DYA de 3.000 participaciones de Heuristik aunque los actuales gestores planteasen que se pretendía “favorecer” a terceros afines a Izaguirre.
Sostiene la juez que no se trata de que sí existan indicios de delito y solamente haya una discrepancia de calificación jurídica. “No parece que el recurrente entienda bien [...]. La razón es que [...] no ya en la querella sino en todos los escritos que presenta [la DYA de Bizkaia] repita y reitera los mismos hechos, la misma versión que sobre los mismos sostiene sin aportar dato objetivo de tales hechos supuestamente constitutivos del delito de estafa por simulación de contrato”, enfatiza la resolución judicial. Muestra su sorpresa la juez, igualmente, por que el letrado de la DYA plantear “coadyuvarla” en su tarea investigadora. “Esta magistrada, en su larga trayectoria, es la primera vez que se ve favorecida por este tipo de ayuda, lo cual podría agradecerse. Pero no es necesario, pues no dejan de ser esos escritos con valoraciones e interpretaciones que esa parte efectúa”, escribe.
Por su parte, fuentes de la DYA consultadas por este periódico indican que estudian la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de Bizkaia el archivo de una parte sustancial de la causa e insisten en que sí constan esos “indicios de delito” económico y que lo que se trata es de afinar la “calificación jurídica” para poderlos investigar. Además, recalcan que sigue en curso la investigación por administración desleal y delito societario.
Este caso se conoció a finales de abril, cuando el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aceptó y ejecutó el cese en su cargo de Izaguirre. El Ejecutivo no lo comunicó por los cauces habituales y fue 'El Correo' quien dio cuenta de los motivos. El Gobierno siempre ha enfatizado que, sea cual sea el resultado de este proceso penal, las actuaciones bajo la lupa se circunscribían a una etapa anterior. Asimismo, Izaguirre entregó su carné del PNV siguiendo un protocolo para casos similares fijado tras la polémica cuando estalló el 'caso De Miguel' de corrupción entre dirigentes de Álava.
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