El sindicato LAB ha denunciado la aplicación de políticas y actuaciones “racistas” contra vendedores ambulantes en Vitoria durante las fiestas de La Blanca y ha responsabilizado de esas prácticas a la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. LAB ha recordado, a través de un comunicado, que la venta ambulante no es delito, y ha lamentado que, pese a ello, se esté produciendo en estos días una “persecución” contra las personas que se dedican a estas actividad, migrantes en su mayoría, por parte de la Policía municipal, informa Europa Press.
“El mandato parece claro: identificar, multar y requisar las mercancías a la venta”, ha denunciado el sindicato, que ha alertado de que se están aplicando multas de hasta 120 euros por parte de agentes. La organización sindical ha explicado que estas actuaciones están basadas en el bando municipal de fiestas y la ordenanza municipal sobre esta materia, unas normativas que ha denunciado que se están llevando “al extremo” para “perseguir” a estas personas. LAB ha subrayado que la persona “responsable” de esta normativa y del servicio de Policía Local es la alcaldesa Maider Etxebarria, a la que ha reclamado que se abandonen estas prácticas y se garantice que dichas personas puedan llevar a cabo su actividad “sin amenazas ni presiones”. “Las personas que ejercen la venta ambulante son trabajadoras, éste es su medio de vida y deben poder llevarlo a cabo de una manera tranquila”, ha añadido.
El sindicato ha precisado que la situación administrativa irregular en la que se encuentran muchas de estas personas, “bajo la amenaza” de la Ley de Extranjería, “favorece la impunidad con la que está actuando la Policía Local”, ya que estas personas “no pueden ejercer su derecho a denunciar las actuaciones contra ellas”. LAB ha denunciado que “este modelo capitalista y racista viola sistemáticamente el derecho de las personas a un trabajo digno y, por si fuera poco, las persigue, criminalizándolas”. Por todo ello, ha pedido que “cese la persecución hacia estas personas trabajadoras”, y ha exigido a las instituciones y a las administraciones locales “que se les garanticen sus derechos y unas condiciones de trabajo y de vida dignas”.
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