Fara (nombre ficticio) es una madre nacida en Marruecos hace 34 años y que reside en una localidad costera de Bizkaia. Desde hace meses, pelea en los tribunales para recuperar la plena custodia de su hija recién nacida, perdida a los seis días del parto, provocado en la semana 34. Funcionarios de la Diputación foral, competente en servicios sociales, se personaron en el hospital y esgrimieron en un voluminoso expediente que veían “vulnerabilidad de la bebé” y “falta de medios para su atención”. Le retiraron a la menor, que ahora reside temporalmente con una familia de acogida. Aquello ocurrió a finales de mayo.
A ella y al padre, algo más joven y también extranjero, les prescribieron una suerte itinerario de reinserción. Entre los argumentos utilizados se aludía a “negligencia hacia las necesidades físicas” de la niña -que evidentemente nunca salió del hospital-, a “negligencia hacia las necesidades de seguridad” e incluso a “maltrato psíquico”. Como punto relevante para la retirada de la custodia se incidía también en que la madre estaba inmersa en un procedimiento de desahucio del piso de alquiler en el que residía y que parecía abocada a quedarse en la calle.
La madre está ahora representada por un abogado de Bilbao que ha presentado varios recursos al considerar manifiestamente injusta la retirada de la custodia. Hasta el momento han sido infructuosos sus intentos. Es más, la retirada tenía inicialmente una duración de tres meses y se ha prorrogado a finales de agosto otros tantos. Hasta noviembre, se les permite exclusivamente dos visitas semanales a la bebé y siempre en instalaciones de la Diputación, en este caso en un centro de Deusto, en Bilbao. No siempre les permiten hacerle fotografías. “Para una madre, lo peor es la muerte de un hijo y, lo segundo peor, que vengan unas personas y se lo lleven”, manifiesta el letrado.
En las apelaciones judiciales se acompañan los argumentos jurídicos con fotografías de una cuna y de ropa de bebé para demostrar que los progenitores sí podían atender a la menor. Destaca su abogado, igualmente, que Fara tiene un contrato temporal de cocinera en un restaurante y que el padre es pintor, aunque haciendo chapuzas en la economía sumergida. En caso de que se ejecute el desahucio, la pareja tiene posibilidad de alquilar una habitación amplia, con baño individual, en una vivienda compartida. En definitiva, el abogado persigue mostrar que tienen cierta estructura y solvencia en el plano económico dentro de un contexto de dificultades, sí, pero como las de tantos miles de familias. “No se le puede exigir a ella más que a los demás y, de hecho, ahora están mejor que cuando nació el niño”, entiende el abogado, que siente que la Fiscalía de menores se ha puesto de perfil en este asunto.
Fuentes de la Diputación de Bizkaia confirman que, en efecto, se asumió la tutela de la niña recién nacida a finales de mayo y que persiste ahora esta situación. Desde la institución remarcan que los procedimientos son garantistas y no arbitrarios, dando a entender que una medida tan severa solamente se adopta si el caso se considera extremo y está ampliamente justificado. En el expediente constan reportes de los servicios sociales de la localidad de residencia, también información recabada en el hospital de Cruces, donde dio a luz, y otra serie de valoraciones propias de los inspectores del área de Infancia de la propia Diputación. Hay más de dos centenares de páginas sobre el caso.
La historia de Fara en Euskadi se inició en Getxo, donde fue viviendo en diferentes habitaciones de alquiler, aunque sin contrato y con altas y bajas intermitentes del padrón. En 2019 ya se instaló en su municipio actual, no muy lejano. A modo de favor, alguien le tramitó el alquiler para que pudiera entrar en la casa. Nada diferente a la realidad de cientos de personas de otros países con problemas. Esta mujer se dirigió al Gobierno vasco para solicitar la renta de garantía de ingresos (RGI), una prestación social para las personas sin ingresos o con nóminas o pensiones vascas. El sistema suele ser promocionado como el más garantista de España, pero fruto de una reforma implementada en 2011 por el Gobierno de Patxi López (pactada con el PP y que el PNV no ha echado atrás en dos legislaturas) ahora se exigen tres años de padrón y solamente acreditaba dos. Antes del endurecimiento bastaba con uno. Tampoco le era posible solicitar las Ayudas de Emergencia Social (AES) y fue fallida la vía del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), así que ha pasado a depender de Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos. En el mes en que nació su hija, por ejemplo, sus ingresos fueron de 220 euros.
El estado de alarma hizo que el desahucio quedara en suspenso. Todavía hoy está pendiente de ser ejecutado. Pero es firme, irrevocable. Uno de los argumentos de más peso para la retirada de la custodia es que estaba abocada a criar a la bebé en la calle ya que, según los informes, rechazaba ir a albergues e incluso compartir una vivienda. Esos informes dibujan en Fara una cierta conducta antisocial o también que no fuera muy cuidadosa durante el embarazo, que además era de riesgo y que desembocó en un parto prematuro en la semana 34. Se concluye que la niña padece “maltrato emocional” de “gravedad muy elevada”: “Se detectan por parte de la madre conductas continuadas de transmisión de impredecibilidad e inestabilidad, trasladando a la bebé a través de esas conductas una grave inseguridad sobre aspectos fundamentales de su futuro inmediato”. Añaden los informes que en su entorno familiar “no existen figuras alternativas” para que la recién nacida tenga “atención adecuada” que compense los “déficits” de la madre ya que “cuando ha quedado al cargo del padre [unas horas en el hospital] no ha sido capaz de proporcionar a la menor las atenciones requeridas”.
El abogado ha dejado plasmado en sus escritos que la valoración que se hace de la familia es una “manipulación despreciable”. Una de las preguntas que se hacen es cómo es posible extraer tantísimas conclusiones sobre ellos en apenas seis días y sin haber abandonado el hospital. En todo caso, ha invitado a la juez a que analice las fotografías de ambos progenitores con la bebé al poco de nacer y antes de la retirada de la custodia. Están tomadas en la propia habitación del centro hospitalario y se ve a la pareja sonriente con la niña en brazos. “Pese a ser primerizos, demuestran cierta pericia en el cuidado de su hija”, ironiza el letrado.