Se enfrentaban los dos sectores irreconciliables de Eusko Alkartasuna (EA) en la sala de vistas 8 del Palacio de Justicia de Vitoria en un 'round' más después de cinco años de conflicto. Esta vez se dirimía la demanda de los críticos para revocar la expulsión temporal de militancia de los dirigentes Maiorga Ramírez, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga, Miren Aranoa y Esther Korres. Es el primero de dos juicios consecutivos programados y es previo al congreso del partido integrado en EH Bildu previsto para este fin de semana, una repetición del cónclave de febrero cuyos acuerdos fueron suspendidos cautelarmente por la Justicia. Pero ni demandantes ni demandados: la gran protagonista ha sido la magistrada que tiene que resolver este pleito civil. Es Cristina Rodríguez Ruiz, que ha decidido vetar la presencia de público y medios de comunicación sin una resolución motivada y ha impedido conocer la declaración más importante, la de la secretaria general del partido, Eva Blanco, que ha sido la primera en intervenir y que ha depuesto durante más de una hora.
El artículo 138 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a que todas las vistas sean públicas, sin distinguir si el asistente es un periodista o un simple ciudadano. Hay posibilidad de decretar que sean “a puerta cerrada”, pero solamente en casos con menores implicados o por temas que tengan que preservar o la “seguridad nacional” o el “orden público”. En todo caso, esa previsión exige un auto motivado que no ha existido y una posibilidad de que las partes personadas presenten alegaciones. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirman que no se ha realizado tal pronunciamiento ni tampoco una consulta a las partes. Ninguno de los dos sectores de EA parecía tener problemas para que fuese público el procedimiento dado que habían convocado expresamente a los medios de comunicación y tanto Blanco como Ramírez han hecho declaraciones y respondido a preguntas. Varios acompañantes de las partes también se han quedado sin poder acceder.
Igualmente, existe un protocolo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que regula la publicidad de las audiencias. En su página decimotercera (apartado B), se indica que “en la fase de juicio oral no existe ninguna restricción de acceso a la vista y a la información, excepto las que marca la ley en el caso, por ejemplo, de menores o víctimas de violencia de género”. Este documento cita que esta previsión ha sido “sucesivamente amparada” por el Constitucional, que recalca que se deberá informar “con la suficiente antelación” de las resoluciones limitativas del derecho a la información. Este protocolo es muy reciente, de 2020.
Ya con carácter previo, en la puerta de acceso a los tribunales, la seguridad privada había amagado con no permitir el acceso de los medios de comunicación, cuando es un edificio público de libre acceso. Después, en ejercicio de sus potestades, la magistrada ha permitido solamente que se tomen imágenes dentro de la sala durante unos minutos pero, después, no ha dado la orden de abrir la sesión al público. Finalmente, tras las protestas de los interesados, ha permitido el acceso mediado el juicio. Además, una funcionaria ha reclamado que el público se identificara con el DNI, extremo que no está contemplado en ninguna norma y que varias fuentes han coincidido en calificar de absolutamente extraordinario. Finalmente, ha prohibido de viva voz a dos personas que usaban ordenadores portátiles comunicarse con el exterior, concretando que quedaba excluido el uso de redes sociales o correos electrónicos, por ejemplo.
No es la primera actuación polémica de la magistrada Rodríguez Ruiz. Hace pocas semanas, tuvo gran repercusión su decisión de vetar el nombre de Hazia para una recién nacida porque consideraba que, en euskera, significaba también “semen”. Decretó que se llamara Zia en medio del enfado de la familia y de un informe de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) que no lo veía como despectivo. Antes, en 2021, cuando temporalmente asumió la investigación penal por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza desechó revisar los exámenes porque “no aportaba nada” analizarlos a pesar de que en los que sí se han conocido han aparecido indicios de anomalías.
“Personas mayores que no son capaces de acordar”
En cuanto al contenido del juicio, un testigo, Txema Altolagirre, ha resumido en dos claves de su comparecencia la situación de EA: falta de acuerdos por discrepancias personales y ‘lawfare’. “Personas mayores, políticos profesionales, no son capaces de llegar a acuerdos y, con todo el respeto, estamos aquí delante de un juez para no llegar a ningún sitio”, ha señalado. Y ha contado que, en su caso, como exmiembro de la Comisión de Garantías (el tribunal interno) recibió dos demandas penales y otra civil que se unen a una larga colección que ha ido llegando a diferentes juzgados.
Las partes en litigio, que no se han comunicado o acercado en ningún momento durante la larga sesión judicial, habían adelantado sus puntos de vista en la puerta. Los primeros en llegar han sido los críticos. “Los tribunales han dicho claramente que hay que repetir las primarias”, ha clamado Maiorga Ramírez, que entiende que se ha querido silenciar su postura con “un proceso de expulsión”. “Obedece a una voluntad de apartar al adversario político interno y ejercer un acto de venganza”, ha apostillado. “Tenemos claro clarísimo que hemos actuado bien”, ha replicado Blanco, que considera que sus adversarios internos judicializan “todo lo que no les gusta”. La secretaria general ha querido puntualizar que ha declarado no como imputada o acusada sino como “representante legal” máxima de la organización y en nombre de ella, no a título particular.