La Justicia vasca vive meses de interinidad por la situación de bloqueo que carcome al Consejo General el Poder Judicial (CGPJ). La jubilación justo antes del verano del presidente del Tribunal Superior de Justicia desde 2010, Juan Luis Ibarra, generó una vacante que no ha sido cubierta medio año después y, en estos meses, quien ejerce en funciones es Garbiñe Biurrun por ser la decana entre los presidentes de las salas, en este caso la de lo social. Se da la circunstancia de que ese puesto también lo ocupa de manera interina ya que se agotó su mandato. En los mentideros de la judicatura cunde la sensación de que esta situación “va para largo” ya que un CGPJ sumido en la polémica por su propia renovación no tiene ni mucho menos en su agenda resolver este nombramiento.
“Esto ya está durando demasiado y no tengo ninguna información oficial de qué puede ocurrir. No está afectando al día a día de la sala de Gobierno, que trabaja a pleno rendimiento. Continuamos trabajando con normalidad y, además, en un momento con mucha actividad. Pero es evidente que no es lo mejor”, explica Biurrun, que aspira a la presidencia con otros cinco candidatos y que se consuela al pensar que “la plaza de Canarias está colgada desde septiembre de 2019”. Todos los candidatos al Superior vasco presentaron a la vuelta del verano su proyecto pero el proceso quedó empantanado al no ser convocado el debate para el nombramiento en sucesivos plenos que ha celebrado el CGPJ. Ni siquiera se ha elegido una terna de aspirantes, una práctica habitual para simplificar procesos con muchos candidatos. Nadie descarta que haya que reiniciar el proceso.
Los otros aspirantes son Mercedes Guerrero, presidenta de la Audiencia Provincia de Álava y que parte como favorita; Luis Garrido, presidente de la sala de lo contencioso-administrativo y protagonista del fallo judicial contra las restricciones vascas para prevenir el coronavirus que precipitó el segundo estado de alarma en toda España; Antonio García, magistrado de la sala de lo penal del Superior; Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa; y el juez mercantil de Navarra Edorta Etxarandio. Éste último, precisamente, ha protagonizado estas semanas una queja que ha llegado al CGPJ ya que, en septiembre, se incluyó en un dossier de prensa un artículo de un 'blog' que le era desfavorable.
El Gobierno de los jueces lleva dos años sin ser renovado y responde a la mayoría política de pasadas legislaturas, conservadora. Se puede leer aquí un especial sobre este órgano. Hasta ahora, había realizado nombramientos con relativa normalidad, incluidos puestos equivalentes al de Euskadi o de mayor rango incluso. Esta semana se ha conocido la propuesta de Unidas Podemos para reformar el CGPJ de modo que, en funciones, no pueda operar con normalidad. “Estoy segura de que ni en el propio Consejo saben lo que va a ocurrir”, abunda Biurrun.
Fuentes judiciales añaden que “jurídicamente no hay diferencias” entre la presidencia interina de Biurrun y la de Ibarra. “La presidenta interina tiene las mismas funciones que uno electo. En el día a día no afecta”, aseguran estas fuentes. No obstante, sí condiciona la “relación institucional”, particularmente con el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Ahora está dirigido por Beatriz Artolazabal (PNV) tras la salida del gabinete de Iñigo Urkullu de María Jesús San José (PSE-EE) y la reorganización de carteras. Ibarra, por ejemplo estaba ultimando la aprobación de un plan estratégico para la Administración de Justicia, es decir, medios, objetivos y presupuesto. Lógicamente, tendrá que ser un presidente electo quien complete esa negociación en función de sus prioridades y programa.
Se da la circunstancia de que cuando Ibarra llegó al cargo también lo hizo tras una larga interinidad. Casi duró 16 meses. Pero respondía a otro contexto. La Justicia vasca vivía una época convulsa cuando se agotó el mandato de Fernando Ruiz Piñeiro. Este magistrado había procesado al lehendakari Juan José barretxe y al entonces líder de la oposición, el socialista Patxi López, que luego le sucedería en Ajuria Enea. La investigación, luego archivada, se basaba en las reuniones que mantuvieron con la entonces ilegal izquierda abertzale de Arnaldo Otegi.
La plaza para la presidencia del Superior vasco salió en febrero de 2009, semanas antes de las elecciones autonómicas. Como no mediaba causa de fuerza mayor -son dos, fallecimiento o jubilación-, quien continuó en funciones fue el propio Ruiz Piñeiro, que aspiró a la reelección. Pero el proceso se tuvo que repetir hasta tres veces por falta de quórum en las votaciones del CGPJ. La situación solamente se desbloqueó en favor de Ibarra cuando Ruiz Piñeiro se apartó tras dos intentos fallidos. Participaron en aquel proceso, entre otros, Jaime Tapia, quien luego sería presidente del tribunal que juzgó el mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', o María Victoria Cinto, que meses después pasaría a la política en el Gobierno de López y que ahora es vocal del CGPJ. La renovación de Ibarra para su segundo mandato ya fue pacífica.
elDiario.es/Euskadi
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