De Miguel cambia de abogado y, además del indulto, busca también la suspensión 'in extremis' de las penas de cárcel

La nueva defensa de Alfredo de Miguel, ya no ejercida por su letrado desde el inicio del procedimiento, Gonzalo Susaeta, ha acompañado a la comunicación de la solicitud del indulto -adelantada en enero por este periódico y formalizada ya- un recurso de súplica para evitar 'in extremis' la cárcel, en la que debería ingresar como muy tarde a finales de marzo. La línea de defensa del ex 'número dos' del PNV de Álava se fundamenta en que, aunque la pena total por delitos de corrupción suma más de doce años de prisión (nueve de cumplimiento efectivo), solamente uno de ellos supera la barrera de los dos años, que es la que se suele tomar como referencia para suspender las penas. De ese modo, pide a la Audiencia Provincial que tenga en cuenta la petición de gracia “parcial” para ese delito en concreto -la asociación ilícita, que bajaría de tres a dos años- y que suspenda el resto de condenas menores, como se prevé que ocurra con el resto de condenados con penas bajas.

La letrada Estefanía Rojo, conocida penalista vasca y que se ha incorporado ahora a esta causa, apunta al artículo 80.3 del Código Penal. “Podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen”, se puede leer en la ley. Sin embargo, es algo que tendrá que valorar el tribunal a la luz del informe de la Fiscalía y también de si realmente se hace una interpretación generosa de la norma para alguien que, en puridad, nunca ha colaborado con la Justicia desde que en 2010 fuera detenido por este caso, el mayor de corrupción en Euskadi. Se alega también que los delitos se cometieron hace casi dos décadas y que no hay riesgo de reincidencia. Rojo ha sido propuesta por las mismas personas que han formalizado el escrito del indulto, que son personas del círculo de allegados de De Miguel, con experiencia jurídica en algunos casos, y que han entendido que en esta fase era positivo contar una experta en derecho penitenciario.

Con esta bala final, ya con el proceso completado y sin posibilidad de que se revisen la condena o los hechos probados, que le sitúan como cerebro de un trama para el cobro de comisiones, adjudicaciones irregulares de contratos públicos y blanqueo de capitales, De Miguel aspira a lograr el mismo resultado que rechazó durante el juicio, en 2018, cuando tuvo en la mano un acuerdo con la Fiscalía a cambio de confesar con unas penas que podrían haber encajado en este esquema de una suma de delitos pequeños, todos ellos castigados con dos o menos años. Sin embargo, el expolítico no solamente renunció a esa posibilidad de colaborar para lograr una salida más favorable sino que consideró traidores a quienes sí admitieron los delitos, principalmente su exsocio y amigo Josu Arruti, considerado un fontanero del PNV y con el que se repartió comisiones en una operación urbanística en Zambrana.

Sin embargo, todo este planteamiento parte del presupuesto de que todas las penas de menos de dos años van a ser suspendidas. Es la práctica habitual y es algo contemplado en el Código Penal, pero no es algo automático y está en manos del tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta. De hecho, la Fiscalía podría oponerse a estas suspensiones. Fuentes del ministerio fiscal consultadas por este periódico, en todo caso, no han informado de cuál será su postura. Hay tres grandes bloques entre la quincena de condenados. Por un lado están De Miguel y los otros tres con penas altas y fecha de ingreso en prisión -que son Koldo Ochandiano, Aitor Tellería, quien también explorará la posibilidad del indulto, y Xabier Sánchez Robles-, por otro lado los que tienen penas totales de menos de dos años y, finalmente, Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), que entrarían en el supuesto del 80.3 del Código Penal (pena mayor de dos años pero sin ningún delito concreto por encima de esa barrera).

Puedes leer aquí un resumen con los datos básicos de todos los condenados en el 'caso De Miguel' y una cronología de la investigación desde 2009 hasta la actualidad.