El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha revelado este martes que otros dos condenados en firme por la corrupción del 'caso De Miguel' -al que ha llamado 'caso Miñano' a pesar de que la trama excede con mucho al parque tecnológico y que esa denominación se ha empleado para minimizar su alcance- estaban vinculados a la Administración autonómica. La esposa del exdirigente del PNV Koldo Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, verá rescindido su contrato interino en Osakidetza. Asimismo, el exgerente de Miñano con el PNV, Alfonso Arriola, mantendrá su plaza de técnico de proyectos europeos en el área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente pero no podrá optar a “desarrollo profesional” -en su caso la pena es exclusivamente de inhabilitación, sin cárcel-.
Zupiria ha indicado que estas decisiones siguen a las del despido de Alfredo de Miguel y del propio Ochandiano, trabajadores de sociedades públicas. Fueron adoptadas a la luz de los “autos condenatorios” comunicados por la Audiencia Provincial de Álava una vez convertida en firme la sentencia definitiva del caso, la mayor trama de corrupción vasca. Y así ha ocurrido también con el resto de condenados relacionados con el Gobierno vasco en cualquiera de sus ventanillas. En paralelo, la Diputación de Bizkaia ha despojado también de su plaza al exdirector de Juventud, Xabier Sánchez Robles, que ahora era funcionario foral.
Hay una tercera decisión administrativa y afecta de nuevo a Ochandiano. En este caso, el exdirigente del PNV quería optar a un puesto público una convocatoria de oposiciones y “quedará excluido del proceso selectivo”. Ochandiano, de hecho, tiene menos de diez días para ingresar en prisión durante hasta siete años y medio.
Zupiria ha indicado también que ahora se abre el plazo para que la Administración vasca pueda “recaudar” los “caudales” que se vieron desviados por la trama, que en el caso autonómico afectan a los contratos irregulares salidos de la Dirección de Juventud, cuyo titular fue Sánchez Robles. A su lado, en la rueda de prensa, se hallaba el actual titular de Juventud, Jonan Fernández, que ha admitido que no se ha hecho ningún análisis de las irregularidades en este área, si bien ha afirmado que cualquier actuación que se aleje de los “estándares” de legalidad es objeto de preocupación.
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