Minutos antes de que el Palacio de Justicia de Vitoria se llenase de invitados, autoridades y periodistas con motivo del acto de toma de posesión de la nueva fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, la exportavoz de EH Bildu en Vitoria y exparlamentaria Miren Larrion, que llegó a ser sustituta del inhabilitado Arnaldo Otegi en el debate de candidatos a lehendakari de las elecciones de 2016, ha acudido al juzgado de lo penal 2, según fuentes judiciales. Lo ha hecho para realizar un trámite denominado “ratificación de la conformidad” en el que ha asumido la comisión de tres delitos por haber suplantado la identidad de una compañera de partido, a la que sustrajo la cartera y a cuyo nombre abrió una cuenta bancaria, entre otros hechos. A partir del lunes se emitirá una sentencia –un documento de naturaleza pública– por parte de la magistrada suplente de esta sala. En ella se le impondrá, con toda probabilidad, una pena de tres años de prisión y quedará pendiente un nuevo trámite en el que ese mismo juzgado determinará si se suspende la pena y se conmuta por trabajos en beneficio de la comunidad, como ella misma ya dio por hecho semanas atrás en Facebook sin que estuviese cerrado.
Larrion, uno de los rostros de mayor proyección en la izquierda abertzale, fue detenida en febrero de 2021. La investigación del juzgado de instrucción 3 de Vitoria, cuya titular es María Elena Rodríguez Molpereces, dio por acreditado que la ya expolítica –fue sustituida inmediatamente de sus responsabilidades– se llevó la cartera con dinero, tarjetas, documentación y otros objetos personales de una colega. Los hechos tuvieron lugar en la sede de la formación en Vitoria. Entre otras gestiones, abrió una cuenta corriente de Bankinter. Se ha comprobado que, en este proceso, realizó pequeños cambios físicos o de vestuario para parecerse a la víctima, lo que ha sido considerado como agravante de “disfraz”, aunque ha quedado neutralizado por un atenuante por los problemas de salud mental de Larrion, reconocidos por ella públicamente y acreditados con informes médicos.
Terminada la investigación y ya con todos los indicios en contra –y no antes–, la defensa de Larrion, ejercida por el letrado Ramón del Valle, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía, la única acusación. Como publicó este periódico, la conformidad ahora ratificada fijaba dos años de cárcel por un delito “continuado” de “falsedad documental”. Además, hay una pena de un año de prisión por “usurpación del estado civil”, un delito muy específico que implica también actuaciones “continuadas” y que ni siquiera exige que haya resultados en el fraude o ánimo de lucro, sino simplemente el haberse valido de documentación o datos de la víctima. El tercer delito es leve y es un “hurto”, por la sustracción de la cartera con unos 50 euros en efectivo, tarjetas y otros objetos personales de poco valor económico. Sin embargo, no cerró de manera tajante que esa pena sí o sí se vaya a suspender, esto es, que no tenga que entrar a prisión, aunque el documento sí incluye un compromiso del ministerio fiscal de no oponerse a ello. Así las cosas, la última valoración recaerá en el juez.
El sustituto de Larrion no será candidato
La salida de Larrion supuso un vuelco en el grupo municipal de EH Bildu en Vitoria, que pasó a estar comandado por Félix González. Precisamente este viernes ha dejado claro que no será el candidato de la coalición abertzale en las elecciones locales de 2023. “En mi caso, no voy a ser el candidato primero de la lista. Es una decisión que viene meditada ya desde hace tiempo. Pienso que han sido seis años de concejal y un último año como portavoz y considero que es el momento de dar un paso al lado para que otros den un paso al frente”, ha explicado en Radio Vitoria.
González ha acompañado el anuncio con un mensaje en redes sociales que incluía un recopilatorio fotográfico de su periplo municipal. Sin embargo, ha logrado que en ninguna de las cuatro imágenes aparezca Larrion. En la primera aparece colocando un ramo en el monolito en memoria de los trabajadores tiroteados por la Policía Armada en Zaramaga el 3 de marzo de 1976 y en las otras tres aparecen hasta quince personas y ninguna de ellas es la exdirigente ahora procesada.
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