La magistrada al frente de la investigación de las denuncias de filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) de 2018, Cristina Rodríguez Ruiz, que es la tercera que ha tenido el caso en estos años después de Yolanda Varona y Ana Jesús Zulueta, ha notificado finalmente más de un mes después de que formalmente expirara el plazo de la causa que ha acordado una prórroga de seis meses. Por lo tanto, como adelantó este periódico, cabe continuar con las pesquisas hasta el 29 de enero de 2022. Por ello, acompaña esta decisión de un extenso auto judicial en el que fija los pasos que dará en los próximos meses pero en el que también quedan muy claras las líneas que no traspasará. La instructora ha acordado la imputación de nueve personas más, opositores y miembros de tribunales, al tiempo que rechaza con rotundidad que sean procesados por este asunto altos cargos del Gobierno vasco, entre otros, el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, o la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, ambos dimitidos en su día.
“Las personas indicadas por la acusación no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar tal al Gobierno vasco, a Osakidetza o al IVAP [Instituto Vasco de Administración Pública] y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delito o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas. Tampoco consta, siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación 'paralela' o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita. No existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito, por lo que no precede la citación en calidad de investigados de las personas señaladas por este concepto”, argumenta la magistrada, que es titular del juzgado de instrucción 2 de Vitoria. Había sido el sindicato LAB el que había pedido que se investigara a Darpón y a Múgica, así como al exresponsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, a los cargos de Osakidetza Xabier Balerdi, Andoni Arcelay y Míriam Aparicio y a los directivos del IVAP Maite Iruretagoyena y Fulgencio Aledo. Además de la “asociación ilícita”, la central les consideraba autores de delitos como revelación de secretos (la juez asegura que nunca tuvieron las preguntas, por lo que no pudieron filtrarlas a los opositores), fraude en la contratación, prevaricación o negativa a perseguir delitos.
En términos generales, la juez despacha todas las propuestas de LAB para avanzar en el caso al considerarlas “inútiles” e “impertinentes”, adjetivos que se repiten en numerosas ocasiones en la resolución judicial. Así, Rodríguez Ruiz considera que tampoco cabe procesar a la actual responsable de Recursos Humanos de Osakidetza, María Pilar Uriarte, por obstrucción a la Justicia al no entregar en tiempo y forma unos correos electrónicos solicitados por el juzgado.
Los nuevos imputados fueron propuestos por el otro sindicato personado como acusación popular, ESK. Son Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi de la OPE de Angiología, Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología y el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana. Con ellos, son ya veinte los investigados. Los once anteriores son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía), Iñigo Echevarría (Traumatología) y Thais Salas, Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez (opositora y miembros del tribunal de Cirugía Plástica). Uno de ellos, Echevarría, ni siquiera ha prestado aún declaración.
En el auto, a propuesta de la Fiscalía, se aceptan también las declaraciones de nueve testigos. Como en algunos casos son miembros de tribunales, la magistrada abre la puerta a imputar en el futuro a más opositores de las diferentes categorías investigadas si las testificales arrojan indicios de delito. Estos testigos son de los exámenes de Digestivo, Traumatología, Neurofisiología, Angiología y Cirugía Plástica. Además, a propuesta también del ministerio público, se amplía la investigación a una nueva categoría hasta ahora no mencionada, Nefrología. En general, en numerosos exámenes médicos de la OPE de 2018 se repite el patrón de que logran las mejores notas un grupo reducido de opositores relacionados con los autores de las preguntas por trabajar en los mismos centros. Avisa la juez, eso sí, que “el hecho de trabajar en el mismo hospital podría dar lugar a ciertas sospechas” pero que no es un elemento suficiente para una imputación, al igual que tampoco lo es sacar una nota excelente.