El 23 de agosto, decenas de personas se congregaron en el barrio bilbaíno de Santutxu para homenajear a Agustín Almaraz. La marcha de bienvenida —eso significa 'ongi etorri' en euskera, 'bienvenida'— al preso de ETA serpenteaba por unas calles repletas de gente que aplaudía e iba encabezada por personas tocando el 'txistu' y el tamboril. Desde los laterales, se acercaban para darle la mano y felicitarle. El ambiente estaba impregnado de una naturaleza festiva. Tras 25 años en prisión —a la que fue condenado por el asesinato del guardia civil Emilio Castillo López, de los policías Rafael Leiva Loro y Domingo Durán y también de Ángel María González Sabino—, a Almaraz apenas se le acertaba a ver entre niños, jóvenes y ancianos, ikurriñas y pancartas que abogaban por el acercamiento de los presos a Euskal Herria. Este acto quedará como uno de los últimos de esta naturaleza, pues EPPK, el colectivo oficial y mayoritario de presos de ETA, ha pedido este martes, en un comunicado remitido a los diarios 'Gara' y 'Berria', que se ponga fin a estos homenajes públicos y que el recibimiento a la salida de prisión se lleve a cabo “de modo privado y discreto” y “entre allegados”.
Ese homenaje de agosto levantó una tormenta política. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) condenó rotundamente lo que consideraba un “pasacalles” y en el que veía a personas “jactándose de sentirse orgullosos de haber matado”. “En los 'nuevos tiempos sin ETA', los terroristas son tratados como héroes a la salida de prisión”, protestó a través de las redes sociales. En aquel momento, el líder de Sortu, el principal partido que integra la coalición abertzale EH Bildu, aseguró que el recibimiento “no podía ser más especial”. “Hasta que todos vuelvan a casa. Presos a la calle. Viva vosotros”, escribió Arkaitz Rodríguez.
Las declaraciones contrastaban con las de Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, que se mostró “dispuesto a hablar” en caso de que alguien se sintiera humillado por ese tipo de actos y se emplazó a “hablar de futuro”. El número de actos se ha ido reduciendo con el paso de los años, algo que Consuelo Ordóñez —hermana de Gregorio Ordóñez, político del Partido Popular y teniente de alcalde de Donostia asesinado por ETA en 1995, y presidenta de Covite— achaca a la “presión social y política” a la que se han visto sometidos. Según las cuentas del propio colectivo, en 2017 fueron 48 los homenajes a miembros de ETA; en 2018, 63; en 2019, 20; en 2020, 18, y en lo que va de 2021, 30.
Desde agosto hasta el comunicado de este martes, la izquierda abertzale ha dado varios bandazos y, de hecho, algunas declaraciones de los líderes políticos se han visto superadas y agotadas por las de los propios presos de ETA. Apenas dos meses después del recibimiento de Santutxu, el 18 de octubre, Otegi y Rodríguez comparecieron en el palacio donostiarra de Aiete, rompieron con ETA, se disculparon con las víctimas y aseguraron que “nunca debió haberse producido”.
En euskera, de hecho, la disculpa fue “de corazón”. El lugar estaba lleno de simbolismo, porque allí se había celebrado justo un decenio antes una cumbre con mediadores internacionales que sirvió de pista de aterrizaje para el comunicado del cese definitivo de lo que ETA llamaba “actividad armada”. Menos de un mes más tarde, sin embargo, EH Bildu se desmarcó de un texto del Parlamento Vasco con el que se pretendía expresar rechazo frente a estos “actos de reconocimiento con ostentación pública a los presos de ETA”. Fue el propio Arkaitz Rodríguez el que desde su asiento se encargó de poner voz a esas discrepancias. Desmintió que fueran actos de homenaje o de enaltecimiento y los calificó de mera “bienvenida [a] personas —en todo momento, y como es la norma entre la izquierda abertzale, se refirió a ellos como ”presos políticos“— que han cumplido sus penas [tras] una apuesta inequívoca por las vías pacíficas”. Fue incluso más allá y acusó a quienes se oponen a estos actos de querer imponer un “relato de vencederos y vencidos”.
“Sanar heridas y fortalecer la convivencia”
El comunicado que adelantaron el lunes 'Berria' y 'Gara' y que este martes publican íntegro en euskera choca de frente con algunas de estas declaraciones y agota por completo otras que se han venido haciendo en los últimos años. En 2019, Otegi advirtió de que los homenajes se seguirían celebrando. “Hay 250 presos y habrá 250 recibimientos”, aseveró, de forma ilustrativa. “Los organizan familiares y amigos de los presos, pero no lo hacen para humillar a nadie, sino para recibir a una persona que viene a su pueblo. La izquierda abertzale no está dispuesta a que le digan a quién puede recibir ni a quién puede abrazar”, zanjó entonces el líder abertzale.
Los propios presos, no obstante, reconocen en el comunicado la existencia de personas “que han expresado honestamente que sienten dolor con los ongi etorris públicos”. “Son personas damnificadas a consecuencia de las acciones de nuestra militancia del pasado y comprendemos que puedan sentirse dolidas”, manifiestan. No renuncian al “derecho de la persona presa que sale a la calle tras largos años y condiciones durísimas a recibir el abrazo de sus allegados”, pero admiten que, para “aliviar todo sufrimiento, abrir nuevas opciones, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia”, lo mejor es que esos recibimientos se limiten a los allegados y a un ambiente “privado y discreto”.
El Gobierno vasco, por boca de su portavoz, Bingen Zupiria, ha calificado el comunicado de “paso adelante”, si bien matiza que “sería bueno” que lo acompañen “nuevos gestos”, entre los que considera imprescindible que se reconozca que la violencia de ETA y el daño causado fueron “injustos”. Mientras tanto, el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso, señaló también este mismo lunes que se trata de “un paso en la buena dirección”. “Esperamos que se plasme en hechos cuantos antes y demuestra que la presión social política desde firmes valores cívicos y éticos da resultados”, afirmó a través de Twitter, en una serie de mensajes en los que agradeció a las asociaciones y fundaciones de víctimas su labor de denuncia e instó a “seguir construyendo convivencia desde el respeto, la memoria y la reparación hacia quienes más han sufrido”.
Es un ejercicio de empatía importante para con las víctimas de ETA y también para reparar el daño que se les ha hecho a esas víctimas de ETA
Algunas víctimas también se han referido al comunicado de los presos de ETA. La eurodiputada electa por UPyD y ahora independiente Maite Pagazaurtundúa, hermana del policía local de Andoain asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundúa, se ha mostrado escéptica y ha instado a prestar atención “a que no salgan los presos por delitos de terrorismo de docena en docena, por trucos de cumplo y miento”. “Y [hay que] seguir trabajando por la deslegitimación de la terrible persecución que no han condenado cabalmente”, ha pedido. En el sentido contrario, María Jáuregui, hija de Juan María Jáuregui, gobernador civil de Gipuzkoa asesinado por ETA en 2000, se ha congratulado por una “buena noticia” y por seguir yendo “paso a paso” hacia delante. “Cuántos nostálgicos hay aún. A pesar de ello, lo verdaderamente importante es que vamos avanzando. Nosotros, a lo nuestro”, ha expresado a través de Twitter.
En esa misma línea se ha expresado Iñaki García Arrizabalaga, a cuyo padre asesinaron los Comandos Autónomos Anticapitalistas y que ha calificado de “buena noticia” el cese de los 'ongi etorri', “se mire como se mire”. “Un paso imprescindible que muchas entidades llevábamos tiempo pidiendo porque esos homenajes son indignos, humillantes y muy dolorosos para las víctimas y para el conjunto de la sociedad. En todo caso, la autocrítica de quienes asesinaron, amenazaron, secuestraron y extorsionaron, y de quienes jalearon todas esas acciones, sigue siendo también imprescindible y absolutamente necesaria para avanzar hacia una verdadera convivencia”, ha señalado también la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra al político socialista que llegó a ser diputado general de Álava, consejero de Educación y vicelehendakari del Gobierno vasco y fue asesinado por ETA en 2000.
La izquierda abertzale, por su parte, considera que este “nuevo paso” da “un empuje cualitativo a la construcción de la convivencia”. “Es un ejercicio de empatía importante para con las víctimas de ETA y también para reparar el daño que se les ha hecho a esas víctimas de ETA”, ha señalado el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en una comparecencia en la que ha aprovechado para subrayar que no es un paso aislado. Ha sostenido, además, que la “labor” de los presos de ETA —“presos políticos”, en todo momento durante su alocución— fue “esencial” para “sacar la violencia de ETA de la ecuación política y abrir un nuevo ciclo político”. “Tenemos un compromiso. Hace diez años nos comprometimos en Aiete a darle una solución democrática e integral a este conflicto político. La construcción de la paz y la convivencia exige, sin duda, aliviar el dolor de las víctimas de ETA, pero también exige que aquellas miles de víctimas de la violencia del Estado —que ha cifrado en ”cuatrocientas personas asesinadas por el Estado y miles y miles de personas torturadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado“— tengan reconocimiento y reparación”, ha expresado, en una comparecencia ante los medios de comunicación.
“Una solución definitiva”
El líder abertzale ha exigido también una “solución definitiva” a la situación de los presos y “acabar con todas las medidas y leyes de excepción en materia penitenciaria”. También con miras al futuro, ha pedido no perder de vista que se ha de dar una respuesta al “conflicto político de fondo”: “Aquí ya había un problema político antes de que apareciese ETA, y lo sigue habiendo después de la desaparición de ETA. En una democracia, tendría que ser posible darle solución a ese problema de una forma: otorgando la palabra y la capacidad de decisión sobre su futuro a la sociedad vasca”. La portavoz de EH Bildu en Navarra, Bakartxo Ruiz, ha valorado el comunicado como “una aportación sincera a la convivencia” y ha señalado que pretende “evitar mayor sufrimiento a las víctimas”.
Sare, una red ciudadana que lucha por los derechos de los presos de ETA, ha mostrado su alegría al ver “más cercana la perspectiva de un espacio de convivencia”. “La alegría de familiares y amigos por un preso que ha pasado años y años en situaciones manifiestamente mejorables no puede infligir mayor dolor a las víctimas de la violencia”, ha recalcado su portavoz, Joseba Azkarraga. El que también fuera consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social de los gobiernos de Juan José Ibarretxe ha remarcado también que desde la red llevaban “tiempo” trabajando “con unos y otros” para la consecución de este objetivo. Por su parte, la asociación de familiares y allegado de los presos y exiliados vascos, Etxerat, ha aplaudido también la decisión. “Esta aportación a la convivencia y la paz que de manera individual y colectiva realizan los presos vascos muestra total sintonía con lo que desea la sociedad vasca y, por lo tanto, entendemos que, también en consonancia con el anhelo de la sociedad vasca, los Estados español y francés deben acabar de igual manera y a todos los niveles con la excepcionalidad penitenciaria”, ha señalado en una nota.
“Un cambio de ciclo”
Tras las siglas EPPK que firman el comunicado se esconde el nombre Euskal Preso Politikoen Kolektiboa ('Colectivo de Presos Políticos Vascos', en euskera). Este colectivo, que es el oficial y aglutina a la gran mayoría de los presos de ETA, también ha transitado en los últimos años por diferentes posturas. En 2010, de hecho, llegó a colisionar con Otegi, al que acusó de “disidente” y de crear “mal ambiente” entre los presos. Estas disensiones llegaron cuando parte de la izquierda abertzale apostó por “un cambio de ciclo” y por crear una formación política legal, mientras que el sector duro de ETA abogaba por seguir cometiendo atentados y asesinando personas. Como recogió EFE en su momento, en unos documentos incautados por la Guardia Civil a Naia Zuriarrain, detenida en 2010, se veía cómo la dirección del EPPK acusaba a Otegi de repartir misivas entre algunos presos sin contar con la aprobación del colectivo. Durante años, de hecho, los presos que se alejaban de la línea marcada por el EPPK y renegaban de la violencia de ETA quedaban condenados al ostracismo. Entre 2009 y 2011, la conocida como 'vía Nanclares' permitió a aquellos presos que cumpliesen unos requisitos —como alejarse de ETA y denunciar a la banda de manera pública, dejar el EPPK, disculparse ante las víctimas y colaborar con la justicia— acogerse a una serie de beneficios penitenciarios. Aquella maniobra ideada por Alfredo Pérez Rubalcaba, por aquel entonces ministro del Interior del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, consiguió resquebrajar un colectivo de presos que hasta ese momento se había mantenido unido. Aquellos presos de ETA que hacían este ejercicio de arrepentimiento no oían 'txistus' ni tamboriles a su salida de prisión, no recibían el 'ongi etorri' tras cumplir condena.
La izquierda abertzale, por su parte, considera que este "nuevo paso" da "un empuje cualitativo a la construcción de la convivencia"
Pero, con los años, las posturas del propio EPPK evolucionaron y se fue alejando más y más de esa vía intransigente. Ya en 2016, el EPPK consideró que lo que denominaban como “fase de resistencia” había concluido y accedieron a acogerse a beneficios penitenciarios en una apuesta por “intentar vaciar las cárceles”; eso sí, sin mostrar arrepentimiento. “Acabar con la dispersión, agrupando al colectivo; acabar con el destierro, trasladando al colectivo a Euskal Herria, y vaciar las cárceles, excarcelando a miembros del colectivo”. Esas fueron las consignas para un momento en el que había unos 350 presos de ETA en las cárceles. Una vez retocado el texto y aprobado por la mayoría de los presos, se ahondó un poco más en esa idea y se afianzó lo que desde el propio EPPK se tildó de “cambio notable en la línea que hasta ahora ha mantenido el colectivo”. “Estará en manos de cada uno decidir cuáles son los pasos que va a dar”, se acordó. Si años atrás los que habían quedado apartados eran aquellos que se acogían a la 'vía Nanclares' y renegaban del terrorismo de ETA, ahora los escindidos eran los del extremo contrario, los del extremo 'duro'. Este grupúsculo, organizado en torno a las siglas ATA —en las que la e de 'Euskadi' se sustituye por la a de 'Amnistia' para dar Amnistia Ta Askatasuna ('Amnistía y Libertad', en euskera)—, era crítico con la decisión de dejar en manos de cada preso la solución a su situación. En un comunicado firmado por su portavoz, Jon Iurrebaso, criticaba duramente a Sortu por “dejar el movimiento popular en mantillas” e instaba a los miembros de la izquierda abertzale a optar por la desobediencia “con todas sus consecuencias” y a pensar en “tiempos duros”. Defendían una salida para los presos que no pasara por asumir la legalidad penitenciaria ni adentrarse en el camino de la reinserción.
Estos disidentes se opondrían también un año después, en 2018, a la disolución de ETA y, de hecho, antes del desarme, robaron a los que hasta entonces habían sido sus compañeros de banda un arsenal. Estas disensiones —aunque tímidas en número— se han seguido arrastrando dentro de la izquierda abertzale y alcanzaron un nuevo punto álgido en junio de 2020, cuando la disidencia se activó contra EH Bildu y Sortu por la huelga de hambre de Patxi Ruiz, preso en Murcia por el crimen del concejal de UPN Tomás Caballero y muy crítico con el partido de Rodríguez y la coalición abertzale. Aunque Sortu trató de calmar las aguas e instó a ATA a actuar con responsabilidad, la disidencia, además de atacar una 'herriko taberna' simbólica por ser territorio disputado por una corriente y otra, llegó a corear “PSOE hiltzaile, Sortu laguntzaile” ('PSOE asesino, Sortu colaborador') en algunas movilizaciones. Este grupúsculo disidente ha acusado en repetidas ocasiones al partido de Rodríguez de instalarse en el “electoralismo”.
“La culpa es de la Audiencia Nacional”
¿Por qué no se prohíben estos recibimientos? Este mismo martes, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han fracaso en su intento por conseguir apoyos para una ley que pretendía prohibir los homenajes públicos a los presos de ETA. Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos, ha llegado a asegurar que el PSOE se habría encargado de “llamar a los asesinos” para que anunciaran su intención de no organizar más homenajes justo en el momento en que su partido llevaba al Congreso de los Diputados una ley para prohibir esos homenajes. “Bildu es el heredero de ETA. El verdadero precio de los Presupuestos es este: ETA no existió”, ha clamado.
La culpa es de la Audiencia Nacional. Tenemos un artículo, pero no les da la gana de aplicarlo. ¿Cómo no me va a humillar ver cómo al asesino de mi hermano lo están recibiendo con banda, con pasillo, con un escenario, con bengalas?
El Gobierno de España, en una respuesta parlamentaria de octubre de 2021, recogida por Europa Press, recordaba que las actuaciones contra estos homenajes públicos podían “colisionar con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, dado que, al haberse disuelto ETA, no se aprecia “riesgo cierto”. Aun así, el Ejecutivo de Sánchez se remitió entonces a un debate sobre la directiva europea que versa sobre la lucha contra el terrorismo. “Una de las cuestiones que se está examinando es, precisamente, el delito de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo cuando no existe un riesgo real e inminente”, apostillaba. En todo caso, todos los planteamientos del Gobierno de Sánchez pasaban entonces por adoptar sanciones administrativas de carácter económico; en ningún caso abogaba por la penal.
La imposibilidad de prohibir este tipo de homenajes la tienen también interiorizada en Covite. “La Audiencia Nacional no puede prohibirlos. No se puede prohibir un acto en el que piden la amnistía o que vuelvan a casa. Se puede pedir, es algo lícito. Hacer una marcha por un indeseable, por un asesino en serie, es inmoral, indecente y repugnante, pero es lícito y no se puede prohibir. Nunca hemos pedido la prohibición de nada, soy jurista y tengo un poco de cabeza. Ya sabemos que no se puede pedir eso”, aclaró la propia Consuelo Ordóñez en una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi. Sí imploraba a esta misma Audiencia Nacional que se valiese del artículo 579 del Código Penal, que prevé penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses para “la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”. “La culpa es de la Audiencia Nacional. Tenemos un artículo, pero no les da la gana de aplicarlo. Luego además cogen a un tuitero de un pueblo que no conoce nadie y le aplican el artículo por tuitear barbaridades. [...] Eso sí lo condenan. Y los actos tan graves que producen tanta indignación no. ¿Cómo no me va a humillar ver cómo al asesino de mi hermano lo están recibiendo con banda, con pasillo, con un escenario, con bengalas? Hay tanto cinismo...”, se quejaba en esa misma entrevista.