Las listas de espera quirúrgica en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para procedimientos no urgentes y programados se han disparado un 27% si se comparan los datos de julio de 2022, facilitados por la consejera Gotzone Sagardui al Parlamento Vasco, con los del último verano de antes de la pandemia, julio de 2019. Esto supone que ahora son 23.831 los pacientes que esperan una llamada para entrar a quirófano por 18.702 de hace tres años, cuando esa cifra ya había subido desde los 17.853, algo que entonces se achacaba al envejecimiento de la población y las consiguientes mayores demandas asistenciales. Casi un 5% de ellos, casi 1.100 vascos, lleva pendiente más tiempo que el estipulado por la normativa sanitaria autonómica como en el denominado “decreto sobre garantías de plazos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas programadas”.
En algunas comarcas sanitarias, particularmente de Gipuzkoa, las subidas son muy superiores a la media. Es el caso del Alto Deba, con base en el hospital de Arrasate-Mondragón, y donde la espera crece un 90%. En el Bidasoa, centro de la polémica precisamente por falta de personal y por el fallido plan de cierre del bloque quirúrgico, ha subido un 70%. En cuanto a las capitales, la organización sanitaria integrada que engloba a Vitoria (la conocida como OSI Araba) es la que peores datos presenta en comparación con Bilbao y Donostia, aunque es la capital guipuzcoana donde más volumen de pacientes hay. Ninguna comarca tiene mejores datos ahora que antes de la pandemia y solamente la OSI Uribe (el hospital Alfredo Espinosa de Urduliz) mantiene las cifras relativamente estables, con una subida del 3%.
Por especialidades, hay 6.595 personas esperando una operación de traumatología, 6.189 de oftalmología y 3.717 de cirugía general. Digestivo solamente tenía un caso pendiente el día del cierre de los datos y también había menos de cien en radiodiagnóstico, dermatología o cirugía torácica. Si en 2017 y 2018 la espera media era de 48 días, ahora un 4,5% de los pacientes lleva sin cita más de seis meses, 1.074 personas (la mitad pacientes de traumatología), esto es, más de lo que ha de garantizar Osakidetza. Otras 1.084 llevan entre cinco y seis meses y más de 14.000 entre uno y cinco meses.
Quedan al margen de esta estadística la lista de espera oncológica y cardíaca, por su naturaleza más urgente. Son 623 los casos de cáncer pendientes de una intervención, 47 de ellos desde hace más de un mes. En cuanto a la cirugía cardíaca, son 110 las personas que no han sido llamadas, 40 de ellas con una demora de más de tres meses. Si el decreto de garantía obliga a Osakidetza a operar en menos de 180 los casos no urgentes, en estas especialidades concretas reduce el plazo a 30 y 90 días, respectivamente, por lo que hay otro centenar de pacientes en situación de riesgo.
Sin presentación pública
Se da la circunstancia de que, en la pandemia, Osakidetza ha prescindido de la presentación pública de los informes periódicos sobre las listas de espera. “No se ha hecho un balance como tal. Estos años han sido diferentes. No hay una razón concreta para no hacer la presentación pública. En el Parlamento se han ido planteando preguntas, como ahora, y nosotros respondemos sin problema”, explican fuentes oficiales del Departamento de Salud. Y añaden: “No se nos debe olvidar como sociedad que estos datos claro que están afectados por la pandemia. La actividad ha estado parada en muchos períodos. Sólo se ha hecho lo urgente y lo oncológico. Ha habido un impacto en Euskadi, en Cantabria o en París”. Estiman en Salud que “recuperarse del efecto de la pandemia no va a ser sencillo”. “Pero estamos inmersos en intentar reducir la lista de espera. Reducirlas es una prioridad”, indican estas fuentes.
“Con las respuestas que hemos recibido constatamos lo que veníamos diciendo: el deterioro es notorio. Los números que aparecen son preocupantes. Indican que el sistema sanitario está muy golpeado. Hay que empezar a tomar medidas urgentemente, a corto plazo. Y a medio plazo empezar a planificar y darle una vuelta a toda la organización y al modelo de contratación de personal. El que paga el pato, al final, es el paciente. La calidad asistencial que se nos vende no está y es muy preocupante lo que está pasando. No es únicamente por la pandemia. Ya veníamos diciendo antes que había carencias estructurales. Si se sigue haciendo lo mismo es muy difícil darle la vuelta”, entiende Rebeka Ubera, portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud y parlamentaria que solicitó los datos a Sagardui. “Hay que dejar la autocomplacencia y dejar de vender que somos los mejores”, apostilla Ubera.
El Ejecutivo ha enviado igualmente al Parlamento datos de las quejas y reclamaciones de los pacientes en los últimos años, que fueron casi 35.000 en 2021, el último año completo. El tiempo de resolución, que estaba bajando antes de la llegada de la COVID-19, también se ha disparado ahora. En lo que va de año ya van más de 22.000.
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